Román Rodríguez, este viernes en la ULPGC. / C7

Caso Mascarillas: Rodríguez reclamará los cuatro millones «por tierra, mar y aire»

El vicepresidente del Gobierno canario dijo que se debe «perseguir a los presuntos estafadores»

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Román Rodríguez, consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Canarias, no dudó este viernes en reclamar «por tierra, mar y aire» los cuatro millones de euros que el Ejecutivo pagó por adelantado a una empresa de venta de coches por unas mascarillas que nunca llegaron. «Es una obligación del Gobierno», añadió en referencia al caso Mascarillas destapado por CANARIAS7.

En un acto celebrado este viernes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rodríguez apuntó, a preguntas de la prensa que la consejería que dirige estaba «en ello» respecto a recuperar el dinero invertido después de más de una decena de requerimientos de pago y, además, expuso que han exigido a Sanidad «toda la diligencia y disponibilidad» en la denuncia que han presentado a la Fiscalía contra la mercantil RR7 United SL, adjudicataria de este contrato por la vía de emergencia: «Nos han informado de las actuaciones llevadas a cabo ante la Fiscalía y el análisis de las complementarias cuando los datos lo acompañen».

Dijo estar confiado en la «determinación de Sanidad y la exigencia del Gobierno de Canarias« para la «restitución de esos cuatro millones» abonados por un material sanitario que nunca llegó a los hospitales canarios y advirtió que, «aunque no todos la compartan, mi idea es que se debe perseguir a los presuntos estafadores«.

Investigación

Hay que recordar que en este caso Mascarillas, la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga desde el pasado 8 de abril a la empresa RR7 United SL por comisión de una presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS), que les abonó esa cantidad por adelantado para la adquisición de un millón de mascarillas FFP4 de la marca 3M que fueron destruidas por no estar homologadas o ser falsas. Además, también investiga al propio SCS por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la misma línea, el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, informó días atrás que la Consejería de Sanidad había decidido trasladar al Minsterio Fiscal la información recabada en los últimos días sobre este asunto. En concreto aportaron la documentación obrante sobre los trece intentos realizados por la Agencia Tributaria, sin éxito alguno, para recabar fondos o bienes de la empresa RR7 United SL con el fin de recuperar los cuatro millones de euros, una cuantía que ya se aproxima a los cinco con los intereses de demora.

De forma paralela, el Tribunal de Cuentas también abrió la Diligencia Preliminar A50/2022 que se encuentra en tramitación en el Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento, para determinar si hubo o no negligencia por parte de la Administración en este asunto tras un informe de la Audiencia de Cuentas canaria en el que detectaba irregularidades en el proceder de Sanidad.