El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas. / Arcadio SUárez

Caso mascarillas: Anticorrupción investiga a RR7 por estafa y a Sanidad por prevaricación y malversación

El fiscal Javier Ródenas pidió numerosa documentación al SCS y ya prestaron declaración varios funcionarios y el propio denunciante

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga desde el pasado 8 de abril a la empresa RR7 United SL por comisión de una presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS), que les abonó esa cantidad por adelantado para la adquisición de un millón de mascarillas FFP4 que nunca recibieron. Además, también investiga al propio SCS por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El fiscal Javier Ródenas ha ido ordenando las gestiones correspondientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial para que recaben información que sirva para dirimir si la empres a RR7 United SL –adjudicataria del contrato de emergencia– cometió un presunto delito de estafa al no traer las mascarillas FFP3 negociadas.

También trata de esclarecer si la Administración no verificó si la sociedad limitada cumplía con los más elementales requisitos de solvencia, si investigaron el objeto de la misma ya que no estaba vinculado al sector sanitario –se dedicaban a la compra-venta de coches– y por qué no pusieron estos presuntos hechos punibles en conocimiento del Ministerio Público.

Anticorrupción –junto con la UDEF– h a solicitado numerosa documentación a la Consejería de Sanidad para su posterior análisis como son los contratos entre ambas partes, resoluciones, informes jurídicos y demás información en el marco de estas diligencias de investigación.

También ha hecho importantes avances al recibir declaración a varios funcionarios de la Administración pública que participaron de una forma u otra en este contrato de emergencia suscrito entre el SCSy RR7 United SL el 25 de mayo de 2020. También declaró la persona que interpuso la denuncia.

La investigación contra la empresa adjudicataria y el Servicio Canario de Salud y en la que participa la UDEFcomenzó el 8 de abril

Tras casi dos años de litigio, el SCS resolvió el contrato por incumplimiento y ahora la Agencia Tributaria pretende recuperar los cuatro millones de euros embargando el patrimonio del responsable de esta empresa.

Sanidad regional abonó este montante económico el 28 de octubre del mismo año en dos pagos, por adelantado, y sin exigir a la sociedad limitada una garantía definitiva, como así disponía el Real Decreto de medidas urgentes vigente por la Covid, aunque en este caso la mercancía jamás fue entregada.

Solo llegó una partida desde Etiopía de un millón de mascarillas de la marca 3M, modelo 1860 N95, que fue destruida por Aduanas al descubrirse que eran falsas y después de un mes retenidas mientras los agentes realizaban las correspondientes averiguaciones.

Posteriormente y a pesar de los reiterados incumplimientos, el SCS volvió a negociar con RR7 United SL el 29 de junio de 2021 la compra de las mascarillas FFP3 que ya había pagado, pero esta vez a otro proveedor. Por ese motivo, los intermediarios –presuntamente– contactaron con representantes la marca Honeywell que comercializaba el modelo FFP3 NRD e incluso trajeron a la isla varias muestras para que los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Sanidad determinase si cumplían o no los requisitos de legalidad y calidad.

Los especialistas dieron el visto bueno a la transacción y la dirección del SCS advirtió a RR7 United SL que seguirían adelante con el acuerdo, pero con la condición de que en vez de un millón de mascarillas, fuesen 200.000 más ya que, además, esa nueva marca Honeywell era más barata que 3M. Fuentes cercanas al caso detallaron a este periódico que el principal intermediario en esta operación pretendió que el SCS le abonara 300.000 euros más en un supuesto concepto de impuesto que la Administración no aceptó.

Denuncia de un particular

Hay que destacar que esta investigación adelantada este miércoles por CANARIAS7, nació a raíz de una denuncia interpuesta por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez León ante la Fiscalía General del Estado, la UDEF y el Tribunal de Cuentas.

En la misma daba cuenta de supuestas irregularidades detectadas en un total de 59 resoluciones emitidas a través de la Dirección General de Recursos Económicos (DGRE) del SCS entre 2020 y 2021, para la adquisición de material sanitario para la lucha contra el Covid-19 por valor total de 32 millones de euros.

Conrado Domínguez, este jueves durante un acto con motivo del Día de la Enfermería. / EFE

Domínguez: «Competíamos con el mundo por la escasez que había de mascarillas»

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, recordó ayer jueves las circunstancias de «excepcionalidad» en que se realizaron las compras de material sanitario en 2020, al inicio de la pandemia, entre las cuales estaba el contrato de cuatro millones suscrito para la compra de mascarillas con una empresa del sector de la automoción llamada RR4 United SL.

En un acto con motivo del Día de la Enfermería, Domínguez corroboró lo publicado por CANARIAS7 y señaló que la Administración lleva tiempo con el procedimiento para recuperar aquella cantidad, recurriendo ahora para ello a la Agencia Tributaria.

Sobre el hecho de que se confiase en una empresa no sanitaria, reiteró que en aquellos momentos Canarias, «como otras regiones e incluso el Estado», contaron con las sociedades que tenían capacidad de acudir a los mercados internacionales. «Competíamos con el mundo», dijo Domínguez.

En esa época se efectuaron más de 15 contratos de este tipo y que todos se resolvieron «con una satisfacción importante, porque todo el material llegó y fue utilizado para proteger a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos», dijo Domínguez. Desde el SCS «recibíamos ofertas y se comprobaba la documentación» que enviaban «para ver si cumplían» y con ese proceder se llevaron a cabo diferentes compras a empresas que podían suministrar el material, porque los proveedores habituales de Sanidad, en algunos casos, «no eran capaces de conseguirlo».