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Lucas Cruz, el día en que se anunció el supuesto acuerdo para la compra del CB Gran Canaria en 2019. C7

RR7 denuncia y señala a Lucas Cruz como intermediario de las mascarillas falsas

Tribunales / caso mascarillas ·

La adjudicataria del contrato millonario alega a la Policía Nacional que fue estafada por el proveedor que les vendió las mascarillas falsas

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 13 de mayo 2022

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Rayco González Sánchez, el administrador único de la empresa RR7 United SL, denunció en la tarde de este jueves ante la Policía Nacional al proveedor que le vendió el lote de mascarillas falsas que llegaron a la isla y tenía como destinatario al Servicio Canario de Salud (SCS).

En esta operación que está investigando la Fiscalía Anticorrupción y que ha supuesto un desfalco de cuatro millones de euros para las arcas canarias, aparece como intermediario Lucas Cruz, el supuesto representante en Europa del fondo de inversiones HMK Holding que quiso comprar el Club Baloncesto Gran Canaria en mayo de 2019.

Se llegó incluso de hablar de un primer pago de un millón de euros para adquirir el club, aunque, posteriormente, Cruz fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria en relación con el supuesto desvío de más de 800.000 euros de subvenciones concedidas por la Diputación de Ourense a colegios profesionales, a una cuenta relacionada con Jameo & Members SL, de la que este individuo era administrador único.

Esa misma empresa fue condenada al pago de 148.591 euros al dueño de un hostal de la calle Luis Antúnez -Alcaravaneras- por el impago de diez mensualidades, además de que se emitió una orden de desahucio.

Estafa de ida y vuelta

El propietario de RR7 United SL denunció en la Jefatura Superior de Policía que había sido objeto de una estafa por parte de un individuo de nombre Ihsan Mahmhoud Mohamed al Sabbagh, amigo íntimo de Lucas Cruz y que actuaba como proveedor de las mascarillas de la marca 3M.

Según detalla la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, a este proveedor se le hicieron «los pagos convenidos» para la adquisición de la mercancía: un primero el 22 de octubre de 2020 por valor de 1,59 millones de euros y un segundo el 11 de noviembre por importe de 1,06.

Posteriormente, en marzo de 202, Rayco González Sánchez detalló en su denuncia que «recibimos la notificación de que la mercancía había llegado a Las Palmas, esto es, el millón de mascarillas 3M contratadas». Pero como avanzó este periódico, «resultó que la abogada representante de 3M en España afirmó que dichas mascarillas eran falsas», remitiendo además un informe pericial que así lo acreditaba. Mientras tanto, el denunciante alegaba que «el proveedor [...] Ihsan se mantenía en lo contrario».

Advertencia del delito

Por este motivo y «sopesada la situación y encontrando más veraz la posición de la representante de la marca, que incluso llegó a mandar un requerimiento advirtiendo de que se podría estar cometiendo un delito contra la salud pública al intentar entrar las mascarillas en el mercado», tuvo que «rechazar la mercancía, abonando además los costes de almacenamiento así como de destrucción de la misma», sostiene.

Advierte el denunciante que «el envío de esta mercancía siempre tuvo todos los visos de legalidad, tanto por parte del Servicio Canario de Salud, como por parte del proveedor que mandó la documentación que se les requería, incluido tasas, certificados autorizaciones, etcétera».

RENDICIÓN DE CUENTAS

  • Informe El diputado del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) José Alberto Díaz-Estébanez pidió que el Gobierno regional informe en el Parlamento de Canarias de las mascarillas «que pagaron y nunca recibieron».

  • Irregularidades El nacionalista indicó que «no es la primera información que sale en los medios» sobre irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

  • PCR Recuerda que el pasado 26 de enero solicitó documentación al Gobierno referida sobre «el contrato de adquisición de 48.000 test PCR realizado por el Gobierno de Canarias, en el primer semestre de 2021, por un coste de 720.000 euros».

A la vista «del fracaso del envío de las mascarillas», RR7 United SL sostiene que «reclamó» a Ihsan, que aceptó «enviar otro cargamento con mascarillas de similar calidad» y, por este motivo, alega que se concertó con el Servicio Canario de Salud «la correspondiente reposición».

Desde ese momento, el empresario y los intermediarios empezaron a realizar «contactos directos entre el Servicio Canario de Salud y el proveedor, para el envío de las mascarillas». Detalla el documento presentado a la Policía Nacional que el proveedor «no se niega, pero empieza a pedir más dinero, lo que resulta inviable por mi parte y le exijo que cumpla con lo contratado».

Por este motivo y «particularmente» por el envío de mascarillas «que resultaron falsas» y el «incumplimiento del proveedor que recibió el dinero», el administrador único de RR7 United SL «deduce» que pudo haber sido «víctima de una estafa, lo que pongo en conocimiento de la autoridad para su investigación pertinente», finaliza la denuncia interpuesta.

3M dijo que las mascarillas eran «claramente una falsificación»

La empresa 3M, a requerimiento de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales del Aeropuerto de Gran Canaria, analizó e inspeccionó el cargamento de un millón de mascarillas del modelo 1860 N95 que llegó a la isla en marzo de 2021 y determinó que eran «claramente una falsificación», afirmó a este periódico un portavoz.

En este caso, la Aduana aplicó el procedimiento estandarizado que utilizan en los casos en los que reciban en el aeropuerto alguna mercancía que les pueda resultar sospechosa. En ese supuesto, cuando llegó el lote de productos para protegerse del covid que RR7 United SL iba a entregar al Servicio Canario de Salud previo pago anticipado de cuatro millones de euros, los agentes consultaron al titular de la marca enviando fotografías y muestras si así fuera necesario, para que sus peritos determinaran la autenticidad o falsedad de ese producto.

Tras este trámite y con la mercancía retenida en el recinto aeroportuario, 3M lo comprobó y determinó que el producto «cumplía claramente con la información que se tenía respecto a las mascarillas falsas», añadió el portavoz de la marca. «Era claramente una falsificación, no había dudas. Era una falsificación de la marca de las tantas que detectamos en su momento en la época inicial de la pandemia, como seguimos haciéndolo hoy en día», añadió esta fuente.

Los agentes de la Aduana recibieron el informe pericial realizado por 3M y, al ver que el resultado era positivo y que la mercancía era ilegal, notificaron a RR7 United SL que tenían que hacerse cargo del coste del almacenamiento durante un mes y de la posterior incineración. Esta empresa pagó los 30.000 de dicha factura.

Hay que destacar que el 20 de enero de 2021, dos meses antes de este suceso, la propia compañía 3M difundió una comunicación en la que alertaba a sus clientes de que estaban recibiendo un número cada vez mayor de informes de fraude relacionados con varios modelos de respiradores, entre ellos el referido 1860 N95.

Describía la empresa que el presunto fraude detectado se había detectado en ventas u ofrecimientos «a agencias gubernamentales en al menos seis estados diferentes».

«Si tiene respiradores con uno de estos códigos de lote», advertía la marca, »evalúe inmediatamente la forma en que los adquirió. Si los compró a un tercero que no es un distribuidor autorizado de 3M, existe un riesgo significativo de que sean falsos y no se deben usar. Comuníquese con nuestra línea directa antifraude si tiene alguna pregunta o inquietud». Apesar de las advertencias, la mercancía ilegal llegó a Gran Canaria.

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