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Tribunales / Caso mascarillas ·
El resto del montante económico hasta llegar a los cuatro millones pagados por Sanidad se lo repartieron en concepto de comisionesFuentes consultadas aseguraron a este periódico que, de los cuatro millones de euros que pagó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a la empresa adjudicataria por las mascarillas que nunca llegaron, esta solo tuvo que abonar 2,65 millones para su supuesta adquisición. El resto del montante se distribuyeron en forma de comisiones las personas que participaron en esta operación. Esos 2,65 millones fueron abonados en dos facturas, una de 1.590.000 y otra de 1.060.000 euros.
Las mismas fuentes admiten que nunca hicieron entrega de la mercancía definitiva de las mascarillas FFP3 de la marca 3M que habían comprometido al Servicio Canario de Salud ya que recibieron un lote procedente de Etiopía que resultó ser falso. Al llegar al aeropuerto de Gran Canaria en marzo de 2021 y tras acumular un considerable retraso con respecto al compromiso de entrega que habían suscrito en un contrato de emergencia con el Ejecutivo regional, la mercancía fue retenida durante un mes por los agentes de Aduanas.
El motivo era que no pudieron certificar a su llegada que el material era original ya que dudaban de la credibilidad de los códigos. Tras numerosas gestiones con los intermediarios, el agente fiduciario y los proveedores de este material, los agentes descubrieron que sus sospechas eran ciertas, por lo que el administrador de RR7 United SL se tuvo que hacer cargo del almacenaje y posterior incineración de las mascarillas.
A pesar del incumplimiento del contrato que había dado lugar a un expediente de resolución del mismo iniciado por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (DGRE), los responsables de Sanidad volvieron a renegociar el acuerdo con RR7 United SL.
La adjudicataria les manifestó que tenían un plan B: con fecha 29 de junio de 2021 presento un escrito en respuesta al dictado para rescindir el acuerdo en el que manifestaban su «intención de cumplir con lo pactado y efectuar cuanto antes la entrega del material contratado». Para ello, ante la imposibilidad de suministrar las mascarillas 3M N95, solicitaron que se autorizada el cambio de ese modelo por las FFP3 NRD, marca Honeywell.
La documentación técnica de este nuevo producto modelo Superone fue valorada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Sanidad, concluyendo que el «equipo de protección individual de referencia cumple con los requisitos establecidos para su uso sanitario como FFP3».
El SCS añadió en su escrito que a la vista de que se mantenía «la necesidad del material objeto de contratación» y conforme a los «principios de interés público, racionalidad y eficiencia», el 14 de julio de 2021 la dirección del servicio se puso en contacto con RR7 United SL para modificar el acuerdo. ¿En qué términos? Pues ajustando «el contenido de la prestación a los precios actuales de mercado, considerando que se mantiene el equilibrio económico del contrato con un incremento en el número de unidades a suministrar del 20%».
RR7 United SL mostró su conformidad con esta modificación que dejaría el importe a precio de costo de las mascarillas a 3,33 euros la unidad, una cifra «muy alta si hablamos del mes de julio de 2021», según expertos sanitarios y juristas consultados.
Estas misma fuentes mostraron su extrañeza porque Sanidad suscribiera el contrato de emergencia con RR7 United SL sin cumplir los elementales requisitos de solvencia y objeto de la empresa, además de que no pusieran en conocimiento esta presunta estafa a la Fiscalía.
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