Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
Más de treinta familias envían un requerimiento oficial al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Un grupo de vecinos de Santa Catalina ha presentado un requerimiento oficial al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que clausure la feria de atracciones de Navidad por las molestias en forma de «ruidos, vibraciones, humos, olores y contaminación lumínica, tanto de día como de noche» que les genera esta actividad, instalada a solo unos metros de sus viviendas.
Los residentes en la zona del istmo de Santa Catalina quieren dejar claro que no están en contra ni de la Navidad ni del carnaval, pero no están dispuestos a que estas celebraciones se hagan a costa de su salud.
La instalación de la feria otra vez en El Refugio, como ya ocurrió en los últimos carnavales, ha sido especialmente decepcionante para estos ciudadanos, sobre todo cuando aún se está sustanciando un proceso judicial tras la denuncia por su funcionamiento en el carnaval. «La persistencia, pese a lo denunciado, de instalarla nuevamente ahora en Navidad es un desprecio absoluto a los residentes del edificio», lamentan los afectados.
Por eso, no dudan en calificar la actuación municipal como «temeraria» y anuncian que «se verán obligados a acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos».
Los afectados aclaran que no quieren ninguna inmdenización, sino solo que pare la feria de Navidad en El Refugio, a unos metros de sus ventanas.
El escrito presentado ante el Ayuntamiento no solo invoca la vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio, a la salud, a la vivienda digna y a «ser dejado en paz», entre otros, sino que advierte de que hacer caso omiso a los requerimientos previos pueden derivar en la comisión de varios delitos. Entre ellos, se cita los posibles delitos continuado contra el Medio Ambiente, prevaricación ambiental y administrativa, lesiones, contra la integridad moral, coacciones y la omisión de impedir delitos.
«De resultar una condena por la comisión de dichos delitos, podrían imponerse penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, prisión, inhabilitación especial para profesión u oficio y multa, vista la reiteración, arbitrariedad y desobediencia», detalla el requerimiento hecho a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y a los concejales de Movilidad, José Eduardo Ramírez, y de Cultura, Josué Íñiguez.
«El domicilio es inviolable. Los derechos fundamentales son de protección preferente frente a la libertad de empresa y el ocio, que no es un derecho fundamental», argumentan los afectados, «la actividad económica de un país, no solamente se produce por el ocio, que obviamente es necesario. Las personas afectadas son también parte del tejido productivo y de la economía. No cabe sacrificar a un ser humano ni una parte de la economía para beneficiar a la otra. El impacto económico y de empleo de la actividad contaminadora no justifica violar un derecho fundamental».
Opinan que las «ciudades contaminadas son ciudades enfermas» y echan en falta una voluntad política que priorice la seguridad, la salud y la vida de las personas. «No se trata de imponer el absoluto silencio, sino de disfrutar de ciudades saludables, buscar ubicaciones apropiadas, proteger a la ciudadanía, especialmente a menores y personas especialmente vulnerables que residen en los edificios, tanto de día como de noche», detallan.
En su escrito señalan que el Ayuntamiento ha perdido la oportunidad de buscar un emplazamiento alternativo en el que no se molestara ni vulnerara los derechos de los ciudadanos.
«Quizás la alcaldesa encuentre ilusión y magia navideña poniendo la feria de atracciones junto a su domicilio. O quizás siga la línea del alcalde de Vigo, que ha sido condenado por vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad e inviolabilidad del domicilio por eventos navideños cerca de los domicilios de los ciudadanos», dicen, «el ruido lo invade todo, la ciudad está amplificada a niveles desorbitados. Están fomentando ciudades que enferman. En Navidad no podemos conducir a 220 kilómetros por hora, al igual que tampoco se pueden superar los límites de ruido de día y de noche que establece la ley». Y concluyen: «La Navidad estridente no es una Navidad de paz, salud y empatía».
Respecto a la petición de comprensión por parte de la alcaldesa, Carolina Darias, los vecinos de Santa Catalina aseguran que la feria, en ese lugar, es una «actividad incompatible» con el uso residencial.
Recuerdan que durante los últimos carnavales, las inmisiones de ruido soportadas superaron un 2.013% el nivel máximo permitido en el interior de las viviendas; y que, en materia de iluminación, se sobrepasaron los valores límites entre un 384% y un 443%.
