En 2020, en medio del estado de alarma, con escasez de material sanitario básico para hacer frente a la pandemia por covid-19, el Gobierno de Canarias confió en una empresa sin experiencia en el sector para adquirir un millón de mascarillas. Casi dos años después, la Consejería de Sanidad ha reconocido esta semana en el Parlamento que sus diez intentos por recuperar el dinero entregado a RR7 United SL han resultado infructuosos y que el importe adeudado por esa empresa asciende ya a 4,8 millones de euros.
El caso de las mascarillas, desvelado por este periódico, camina en paralelo en dos vías. Por un lado está la administrativa, con el Servicio Canario de Salud y la Agencia Tributaria tratando de recuperar lo que se pagó por adelantado más los intereses; por otro lado, están la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Judicial tratando de esclarecer si RR7 Services pudo estafar al Gobierno y si desde la esfera pública se pudo cometer prevaricación y malversación de caudales públicos.
A la espera de que terminen esas pesquisas de la Fiscalía y la Policía Judicial, es evidente que el caso deja muchas preguntas sin respuesta en lo relativo a la gestión de aquel encargo. La falta de suministros médicos que había en 2020 y la urgencia en contar con ellos se trató de resolver con un marco normativo, vía decreto, de régimen excepcional que abría la puerta a los contratos exprés. Hasta ahí se puede entender mucho de lo ocurrido pero cuesta aceptar que no se pidiese una mínima garantía a una empresa de compraventa de vehículos, como también choca que, pasado el tiempo, y con el dinero abonado en su totalidad, se le diese una segunda oportunidad igualmente sin garantía alguna. Quizás si se hubiese actuado entonces con más rigor, hoy no tendríamos a Sanidad con un agujero millonario y a Anticorrupción revisando el expediente y tomando declaración a quienes participaron en el procedimiento.
Ahora el caso se enreda todavía más, lo que acrecienta la sensación de que recuperar el dinero será casi tarea muy difícil, y esperemos que no imposible: RR7 United SL ya ha señalado que se considera víctima de una presunta estafa cometida por un proveedor con el que contactó un intermediario que, a su vez, cobró 25.000 euros. Y esta segunda parte se escuda en que el SCS habría dado por bueno traer unas mascarillas que no estaban homologadas en la Unión Europea.
El Gobierno regional debió haber informado con antelación al Parlamento y no esperar a que el caso saltase a los titulares para pedir la comparecencia. Como también debió haber encargado una investigación interna para depurar responsabilidades, de manera que si ha habido un fallo en los mecanismos de supervisión, adopte las medidas precisas para garantizar que no vuelva a repetirse el episodio. Y si la conclusión es que hubo una dejación o un comportamiento que pudiera contravenir la legalidad, entonces debería haber acudido en sede judicial a denunciar lo ocurrido.
Confiemos en que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF pongan luz donde, por desgracia, hay demasiadas sombras. Están en juego no solo los millones abonados sin las debidas garantías y ese millón de mascarillas que nunca recibió el Servicio Canario de Salud; más allá de eso, que es muy grave, está la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento de la administración.
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