Incluso, el documento que acompaña esta noticia y al que ha tenido acceso este periódico, deja claro la postura de la compañía americana y lanza una advertencia directa a los compradores de las mascarillas FFP3 modelo 1860: «De no ser atendido este requerimiento en la forma y plazo indicados -que interesaba la destrucción del producto-, nos veremos obligados a interponer la correspondiente denuncia ante el decano del juzgado de instrucción de Las Palmas, por un presunto delito contra la propiedad industrial/intelectual, ya que es la única forma de evitar el levante de la mercancía y la comercialización y uso de unas mascarillas falsificadas que son un potencial riesgo para la salud de las personas», determina 3M.
El mismo está firmado el 25 de marzo de 2021 por el despacho de abogados Elzaburu que lleva la representación legal de 3M en España y va acompañado por un detallado informe pericial que constata que las referencias de los productos que llegaron al aeropuerto de Gran Canaria a principios de ese mes. En el documento, por cierto, se detalla que en vez de un millón de mascarillas, llegaron en concreto 910.080.
En el documento se detalla que en vez de un millón de mascarillas, llegaron en concreto 910.080.
«Después de efectuada la correspondiente inspección, nuestro cliente ha confirmado, sin lugar a dudas, que las referidas mascarillas no son originales de la marca 3M y así lo hemos comunicado a la propia aduana con el envío de un informe pericial», advertía el bufete Elzaburu. Además, dejaban constancia de que «la importación de la referida mercancía» constituía una «violación de los derechos de marca de nuestro cliente» y, en caso de su comercialización y uso, «de un grave perjuicio para la salud de los usuarios, ya que las mascarillas no tienen un origen lícito ni conocido y suponen, por tanto, un altísimo riesgo sanitario».
Por último, instaban a «identificar al fabricante, distribuidor y proveedor de las mascarillas con la marca 3M contenidos en la expedición de la referencia», para emprender acciones legales en contra de esta presunta estafa.
Sin validez en Europa
Por otra parte, el proveedor Ihsan Mahmhoud Mohamed alegaba en su defensa de que la mercancía era correcta, pero el problema residía en que el producto encargado por el SCS y comprado por RR7 United SL no era válido en Europa al solo contar con homologación americana, según manifestó el propio proveedor.
«El fabricante -añade Ihsan Mahmhoud- no había aprobado el producto para la venta en Europa y, obviamente, quien hizo esta trampa tenía un plan. ¿Cómo piden un producto que el Gobierno español no acepta y el fabricante no lo certifica para Europa? Eso no era legal», advirtió a CANARIAS7.
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