Caso mascarillas: denuncias cruzadas y cuatro millones de euros perdidos

Las mascarillas que llegaron fueron destruidas tras ser advertida la empresa compradora que eran falsas y los intentos de un nuevo envío no fructificaron. El SCS ha iniciado el procedimiento para recuperar, vía la Agencia Tributaria, el dinero.

En una denuncia presentada ante la Policía Nacional, la empresa señala al proveedor de las mascarillas, Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh como presunto autor de una estafa, por cuanto habría hecho llegar mascarillas cuyo uso no estaba autorizado en la Unión Europea, además de que tenían códigos falsos.

Este se defiende argumentando que recibió el encargo de unas mascarillas 3M 1860 y que el SCS las daba por buenas, aunque no estaban homologadas.

En su denuncia, RR7 United SL detalla que el 22 de octubre de 2020 hizo un primer pago de 1.590.000 euros a Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh y el 12 de noviembre un segundo abono a la misma persona por importe de 1.060.000 euros.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, también hubo una transferencia de RR7 a José Lucas Cruz el 13 de enero de 2021 en calidad de «adelanto comisión 3M» por una cantidad inicial de 25.000 euros.

Según consta en la denuncia de RR7 ante la Policía Nacional, José Lucas Cruz fue quien facilitó el contacto entre esta empresa y con Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh. El nombre de José Lucas Cruz saltó a la palestra en 2019 al anunciar el CB Gran Canaria de baloncesto un principio de acuerdo con un fondo de inversión representado supuestamente por él para hacerse con el control de la entidad, liberando así al Cabildo de esa carga.

La operación se frustró y en ese contexto, además, José Lucas Cruz fue detenido y puesto en libertad por una supuesta estafa a la Diputación de Ourense.

En marzo del año 2021 las mascarillas están en el aeropuerto de Gran Canaria, pero no se materializa la entrega. Son retenidas por Aduanas y RR7 acaba asumiendo el coste de su almacenamiento y posterior destrucción. ¿Por qué? La abogada de 3M en España, Transi Cruz, advirtió a RR7 de que las mascarillas eran falsas, mientras que el proveedor sostenía lo contrario, pero que el problema era que pidieron productos no homologados en Europa.

Desde 3M se envió incluso un requerimiento advirtiendo de que se podría estar cometiendo un delito contra la salud pública si las mascarillas acababan en el mercado.

El Servicio Canario de Salud no acude a la vía judicial tras ese incumplimiento, sino que inicia un expediente de resolución del contrato para recuperar el dinero. Posteriormente y tras llegar a la isla el cargamento falso, lo paraliza y concede una segunda oportunidad a la empresa y esta, a su vez, al proveedor para traer otras mascarillas, de otra marca.

Es uno de los aspectos, según fuentes consultadas por este periódico, que analiza con detenimiento la Fiscalía Anticorrupción, que ha requerido toda la documentación a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y ha iniciado el proceso de toma de declaraciones a personas que participaron en el procedimiento de contratación con RR7. Esa segunda oportunidad pasaba por un 20% más de mascarillas al mismo precio, según dijo el SCS al proveedor.

RR7 denunció que «desde ese momento» hay «contactos directos» entre el Servicio Canario de Salud y el proveedor Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh -confirmados por este-, pero no llegan a fructificar, de manera que no hay mascarillas y no se devuelven los 4 millones de euros. En su denuncia, RR7 asegura que el proveedor no se niega a conseguir nuevas mascarillas, pero exige más dinero -300.000 euros-, lo que la empresa RR7 entiende que es inviable. El Servicio Canario de Salud acaba recurriendo a la Agencia Tributaria para recuperar el dinero mediante el procedimiento de embargo a una empresa con un capital social de 3.000 euros.