En la imagen de archivo, los consejeros del Ejecutivo canario Julio Pérez y Blas Trujillo. / C7

Caso mascarillas: La Audiencia de Cuentas ve indicios de responsabilidad contable de Sanidad

La institución alerta en un proyecto de informe que el SCS dio luz verde a un gasto de 41,76 millones de sin autorización del Gobierno, actuación que es contraria a la ley

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia de Cuentas de Canarias aprecia indicios de responsabilidad contable de la Consejería de Sanidad en el contrato de cuatro millones de euros que suscribió con la empresa RR7 United SL por un cargamento de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los profesionales sanitarios de las islas. El órgano fiscalizador, además, ha detectado que el Servicio Canario de Salud (SCS) dio luz verde a 41,76 millones de gastos para material contra la covid sin autorización del Consejo de Gobierno, como dispone la Ley de Presupuestos para la comunidad autónoma de Canarias.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, se titula 'Fiscalización de los efectos de la covid-19 en el presupuesto y la contratación de la comunidad autónoma de Canarias' y está firmado por el propio presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco. En el mismo, constataron que la Dirección General de Recursos Económicos (DGRE) del Servicio Canario de Salud «autorizó gastos», superando «los umbrales establecidos» en la norma de obligado cumplimiento que fijaba el límite máximo en dos millones de euros, sin que constara «que para la realización de los mismos haya solicitado autorización al Gobierno de Canarias».

El monto total de estos contratos adjudicados mediante el procedimiento de emergencia analizados por la Audiencia de Cuentas sumó la cifra de 41,8 millones de euros, entre los cuales se encuentran los cuatro transferidos a la sociedad limitada RR7 United que investiga la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de estafa.

El Ministerio Público también realiza pesquisas para averiguar si la administración pública cometió prevaricación y malversación de caudales públicos durante la tramitación de este contrato por un millón de mascarillas 3M modelo 1860 que pagaron por adelantado y se encuentra en fase de embargo sobre el adjudicatario por el incumplimiento del mismo.

El contacto con RR7 fue tras un mensaje enviado al SCS por un miembro del Comité de gestión de emergencias sanitaria

El proyecto de informe de este órgano de control externo destaca que, en ninguno de los expedientes verificados, la Consejería de Sanidad verificó que se hubiese «solicitado a las empresas con las que ha contratado la adquisición de productos sanitarios la documentación acreditativa mínima necesaria para contratar con las administraciones públicas», al menos a aquellas con las que «llegó a contratar en reiteradas ocasiones -y con las que anteriormente no se había tenido relación alguna- y cuyo importe de adjudicación era superior a un millón de euros».

Insiste el documento en que el hecho de que no solicitasen a los licitadores «la acreditación de su capacidad de obrar», motivó que el SCS formalizase contratos con empresas cuyo objeto social era «la venta y reparación de automóviles, construcción y montaje de buques, actividades agrícolas y ganaderas, adquisición y almacenamiento de suministros industriales, etcétera, cuya relación con los productos a adquirir era inexistente».

Por un mensaje de wasap

De tal forma, las verificaciones realizadas por la Audiencia lepermitieron constatar que la contratación de RR7 United SL para la compra de un millón de mascarillas se realizó por la DGRE «a propuesta de uno de los miembros del Comité de gestión de emergencias sanitaria de Canarias vía mensaje de móvil». Según el informe, esta persona envió a la dirección del SCS « la oferta y la tarjeta de identificación fiscal de la empresa» RR7 United SL que se dedicaba a la compra y venta de vehículos y tenía un capital social de solo 3.000 euros.

Este sistema de envío de mensajes de wasap para contactar con supuestos proveedores, y según consta en un informe fechado el 28 de junio de 2021 por la DGRE, era «uno de los empleados para iniciar este tipo de procedimientos», junto a las consultas realizadas a los proveedores habituales del SCS y las propuestas de las gerencias a través de la Central de Compras Covid-19 creada a tal fin por el Ejecutivo canario.