El SCS confía en recuperar 4,8 millones de las mascarillas de RR7 tras diez intentos fallidos

El monto, con los recargos, asciende ya a 4.800.000 euros, un 20% más que el pago adelantado, según apuntó ayer en comisión parlamentaria el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que ha procedido únicamente por la vía administrativa como medio «más eficaz» para el objetivo.

Recriminado por los grupos de la oposición por no optar por la vía judicial –y alegando, además, una «mala gestión» por la compra– el consejero defendió que «no ha habido ni un solo momento» donde la Administración no haya intentado cumplimentar el objeto del contrato. «La situación no quedará impune», añadió.

En el relato del consejero, ha asegurado que desde el 1 de febrero de 2021 –fecha en que se inicia el expediente de resolución para recuperar el dinero– hasta mayo de este año, se ha procedido a realizar hasta diez intentos de embargo «infructuosos», a través de la Agencia Tributaria.

Por otro lado, el intento del SCS es el de dimensionar el caso de las mascarillas, que fue adelantado por CANARIAS7, en el conjunto de su gestión durante la pandemia. «Este no es el único contrato que hemos hecho, pero sí el único con esta incidencia», recalcó Trujillo en respuestas a las críticas. «Pensando en que Canarias competía con el mundo entero, la gestión ha sido buena».

Explicó el consejero que el momento de la compra se produjo en un momento de escasez de material sanitario y donde primaba la capacidad logística y de transporte. Las autonomías se lanzaron entonces a la captación de empresas que pudieran suministrar cantidades suficientes a precios asequibles y, en ese contexto, Canarias encontró en RR7 United SL «la mejor opción».

Tras adelantar el 50% del pago de 4 millones de euros por la adquisición de un millón de mascarillas el 7 de agosto de 2020, en octubre el proveedor, que aún no había enviado el material, reclama la totalidad de la cuantía ante la tensa situación del mercado internacional. Una decisión que si bien fue reprochada, Trujillo la justificó en el real decreto ley de medidas urgentes ante el impacto de la Covid, que autorizaba a las administraciones a pagar por adelantado los bienes.

Tras varios retrasos, el 15 de enero 2021 Sanidad recibe una carta del intermediario asegurando que no puede realizar el suministro de las 3M FFTP, modelo 1860, en tiempo y forma, y a comienzos del mes siguiente se inicia el expediente de resolución.

Entre medias, RR7 asegura que las mascarillas habían llegado a GranCanaria, pero no pasaron el filtro de calidad de la empresa 3M que no solo dudaban de su procedencia sino que aseguraban que eran falsas. Enviaron, incluso, un requerimiento para advertir que si se comercializaban podían cometer un delito contra la salud pública y, por tanto, fueron destruidas aunque sin conocimiento de la Consejería.

Posteriormente, la empresa RR7 también se pone en contacto con Sanidad y promete otra remesa de mascarillas «de una calidad similar», en compensación. Se le imponen entonces dos condiciones: incluir un 20% más, es decir, 1,2 millones, por el mismo precio y que lleguen en una semana. Otro acuerdo incumplido.

La Fiscalía trata ahora de esclarecer si el SCS, por medio de la dirección general de Recursos Económicos, verificó que RR7 cumplía con los requisitos mínimos de solvencia, por qué continuó la negociación cuando se incumplió el contrato y por qué no puso en conocimiento al Ministerio Público de la incidencia.