El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ayer en el Parlamento de Canarias. / EFE

Trujillo justifica el caso Mascarillas por la emergencia sanitaria

El consejero de Sanidad insistió en las compras durante la pandemia fueron un «éxito» excepto un contencioso «que no ha acabado»

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, justificó este martes el caso Mascarillas por la emergencia sanitaria. Tal como explicó en una comparecencia parlamentaria, el pago de cuatro millones de euros por la compra de material sanitario que nunca llegó a su destino se ajusta a la legalidad, ya que la normativa aprobada por el Estado para enfrentar la crisis del covid permitía el tipo de contratos que se llevó a cabo.

De este modo, Trujillo defendió la gestión del Servicio Canario de Salud (SCS) en la compra de material sanitario durante la pandemia y aseguró que se recuperará lo pagado «en dinero o en especies».

En el marco de la investigación que se está llevando a cabo, el administrador de la empresa adjudicataria del contrato, RR7 United SL, declaró la semana pasada en la Fiscalía Anticorrupción, que había realizado un nuevo pedido de mascarillas a Turquía y que está en disposición de poder entregarlo a Sanidad, si aún estuviera interesada, en el plazo de un mes.

Éxito en la gestión

En la sesión del pleno de este martes en el Parlamento de Canarias y en una comparecencia solicitada por Coalición Canaria, el titular de Sanidad calificó de «éxito» la gestión de la administración porque el personal sanitario «ha tenido la protección adecuada todo el tiempo», así como las compras realizadas porque «fueron muchas y solo hay un contencioso que aún no ha acabado».

Recordó que Canarias competía en « un mercado mundial» y el Estado pidió que cada comunidad hiciera las compras «por su cuenta y como pudiera».

En ese escenario, detalló Blas Trujillo, aparecieron múltiples empresas «de proveedores sanitarios y de otros» que hicieron ofertas con unos precios «que no tenían lógica». Entre esas empresas, «apareció RR7 United SL que es la única que no terminó el contrato».

Procedimiento urgente

Reiteró el consejero que el procedimiento de urgencia fue el permitido por la ley durante el confinamiento para una situación de emergencia en la que los requisitos de la ley de contratos «quedaron supeditados a la nueva situación».

Añadió que se eligió a la citada empresa «por su capacidad logística, sus contactos en un mercado mundial único» y que el precio de cuatro euros por cada mascarilla era «el adecuado» al momento y a las circunstancias.

En su intervención, destacó además que el Gobierno no ha ido al juzgado porque su interés es recuperar el dinero, por lo que se ha recurrido a la vía administrativa. «Si hubiera otros indicios no se descartan otras vías», dijo. Hizo hincapié además en que en este asunto, la oposición «no encontrará otros señuelos, como en otros casos».

Transparencia

Ante las demandas de la oposición de mayores explicaciones, Trujillo subrayó que Sanidad y el SCS han actuado con transparencia. Tal es así, indicó, que el denunciante obtuvo los datos del portal de Transparencia. Frente a las críticas de CC y PP, el consejero mantuvo su defensa a ultranza de la actuación de la administración y rechazó las acusaciones de «despilfarro o corrupción» que le llegaron desde las filas nacionalistas.

El diputado de CC, Alberto Díaz Estébanez. / C7

La oposición exige más explicaciones

Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) exigieron ayer al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que asuman responsabilidades por la estafa del caso Mascarillas y ofrezcan explicaciones que, a juicio de estas dos formaciones, hasta ahora han sido insuficientes.

En su intervención, el diputado nacionalista Alberto Díaz Estébanez fue tajante al señalar que «con un estafador no se negocia, se va a la Justicia». No entiende, dijo, por qué el consejero quiere dar a este asunto una apariencia de normalidad cuando han desaparecido cuatro millones «y eso no es normal, como tampoco lo es pagar por adelantado, ni renegociar con la empresa, ni que nos hayamos enterado por la prensa».

En su opinión, se trata de un «escándalo» y la situación de emergencia en que se encontraba el país por la pandemia cuando se firmó el contrato no es una excusa para el «descontrol, el pelotazo o la posible corrupción».

Para Díez Estébanez -cuyo grupo fue el proponente de esta comparecencia-, la falta de transparencia en este asunto «alimenta dudas» sobre otros casos, entre los que citó la compra de 40.000 test por los que se pagaron 700.000 euros o las 100.000 mascarillas adquiridas por Derechos Sociales para el tercer sector.

Por su parte, el diputado del Grupo Popular Fernando Enseñat le echó en cara al titular de Sanidad que Ángel Víctor Torres haya exigido responsabilidades políticas y «luz y taquígrafos» en otras comunidades por casos similares mientras que aquí «guarda silencio». Por eso, insistió en que el presidente del Gobierno debe dar explicaciones porque «aquí no hay dinero ni hay mascarillas».

Se trata, consideró Enseñat, de la «doble moral de la izquierda». El parlamentario popular preguntó a Trujillo si existen otros contratos que estén siendo investigados e insistió en las cuestiones que ya había hecho el portavoz nacionalista respecto a las circunstancias que llevaron a Sanidad a contratar a una empresa de coches para que les suministrara las mascarillas de protección o por qué la Fiscalía investiga al SCS.

La diputada del Grupo Mixto Vidina Espino reconoció que la situación ocurrida en Canarias no es una excepción, sino que se ha producido en otros lugares debido a la «dejación» del Gobierno de España que no centralizó las compras y provocó un «sálvese quien pueda en un mercado caótico».

Aunque aceptó que «se pueden cometer errores», no entiende por qué ahora «se quiere librar de responsabilidad a quien firmó el contrato, Julio Pérez y Antonio Olivera», entonces consejero de Sanidad y director del Servicio Canario de Salud, respectivamente.