Imagen de un sanitario protegido con un EPI. / C7

Del colapso sanitario al pufo de las mascarillas

Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas depuran responsabilidades de empresas e instituciones que pudieron haberse aprovechado de una situación crítica del sistema sanitario español durante el estado de alarma

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Era la Nochevieja de 2019 cuando en una ciudad china de nombre Wuhan, la Comisión Municipal de Salud notificaba un conglomerado de casos de neumonía en su población. Fue la primera alerta acerca de un virus que estaba adquiriendo una notable prevalencia y que ya levantaba sospechas entre los responsables de la OMS. El 11 de marzo las autoridades sanitarias consideraron la covid-19 como una pandemia y fue extendiéndose hasta que el 31 de enero se registró el primer caso en España, concretamente un turista alemán que se encontraba de vacaciones, precisamente, en isla de La Gomera.

La gravedad del asunto, la escalada de positivos, el número de fallecimientos y el desconocimiento sobre algo nuevo, motivó acciones urgentes y drásticas y, por ello, el 14 de marzo el Gobierno de España decretó el estado de alarma y un confinamiento histórico. De forma paralela, el 18 de marzo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias daba luz verde a la ejecución de las actuaciones de emergencia necesarias y, de esta forma, se abría la veda a la adquisición de material sanitario donde fuera y como fuera para proteger a los profesionales que se la jugaban dentro y fuera de los centros hospitalarios de las islas.

Esa apertura para la compra de material provocó que la oferta se multiplicara y, por consiguiente, adquirir estos productos en el mercado nacional se convirtió en una misión imposible. Por ello , el comercio traspasó nuestras fronteras y, con él, decenas de empresas vieron en la importación como una oportunidad de oro para hacer negocio en una época en la que el mundo estaba confinado.

De forma que el Gobierno de España había transferido a las comunidades la compra directa del material sanitario ampliando expresamente la tramitación de emergencia para la contratación, muchos empresarios empezaron a ofertar productos que traerían de otros continentes.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias estaba desbordada yutilizaba un sistema de compra ágil vía teléfono , pero -como advirtió el proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas- carente de los mínimos y elementales sistemas de control sobre las empresas adjudicatarias de expedientes sin publicidad ni concurrencia. En este momento nacía el caso Mascarillas que investiga la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, que examinan si la Administración incurrió en algún hecho presuntamente punible, al igual que las empresas a las que se les adjudicó los contratos.

Según este documento, el 25 de febrero de 2020 la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salu d autorizó el primer contrato superando los umbrales establecidos en la normativa de urgencia, sin que constara que se hubiese solicitado autorización al Gobierno de Canarias. Fue a la empresa ACJ y les pagaron poco más de dos millones para la compra de batas impermeables.

Esta dinámica se convirtió en habitual hasta que el 25 de mayo suscribieron un acuerdo verbal -según los adjudicatarios- con la empresa RR7 United SL, una sociedad limitada con domicilio fiscal en la oficina de su asesor, con 3.000 euros de capital y que tenía como objeto la compra y venta de vehículos. El compromiso adquirido con el SCS era la importación de millón de mascarillas FFP3 de la marca 3M modelo 1860 por cuatro millones de euros, es decir, a cuatro euros cada una. El dinero lo transfirieron en dos pagos por adelantado a petición de esta empresa para poder acceder a un mercado complicado por la gran demanda existente.

Pero a pesar de que el acuerdo contemplaba que dicha mercancía debía estar en el archipiélago en un corto plazo de tiempo, el mismo se iba ampliando mes a mes, hasta que el SCS remitió un correo a RR7 United SL el 3 de diciembre pidiendo información sobre la fecha de recepción del material.

Nombres y apellidos

En este espacio de tiempo aparecieron en escena el resto de actores protagonistas de este caso Mascarillas.

Por un lado estaba Samuel Machín, un intermediario que ejerció de enlace entre los empresarios y la Consejería de Sanidad. También aparece en el expediente el nombre del actual director de SCS, Conrado Domínguez, que fue quien envió un mensaje a la directora general Ana María Pérez con los datos de RR7 para que suscribieran el contrato. También estaban Lucas Cruz -conocido por ser el interlocutor de una compra fallida del CB Gran Canaria, el proveedor Ihsan Mahmhoud Mohamed -que trajo mascarillas 3M falsificadas o sin homologar por lo que fueron destruidas-, un agente fiduciario de nombre Charles Douglas y hasta los consejeros Blas Trujillo y Julio Pérez, que se esmeraron en dar explicaciones.

Todo ello en un asunto en el que, lo único claro, es que lo que nunca apareció fueron las mascarillas. Ahora será la Justicia y el Tribunal de Cuentas los que depuren responsabilidades en un hecho que ha sacudido los cimientos del Gobierno de Canarias.