La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ordenó la transferencia en dos pagos de cuatro millones de euros a la empresa de compra y venta de vehículos de nombre RR7 United SL, sin suscribir ningún tipo de contrato ni nada por el estilo, según la documentación que obra en poder, tanto de la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada como del Tribunal de Cuentas que investigan el caso Mascarillas.
Fuentes de la investigación apuntan a que los primeros contactos que se produjeron entre el Servicio Canario de Salud y la empresa RR7 United SL se llevaron a cabo mediante el intermediario Samuel Machín, quien presuntamente utilizó contactos que tenía en la Administración para hacerles llegar la posibilidad de suministrarles con material sanitario para la lucha contra el coronavirus.
Machín podría haber cobrado por adelantado y mediante transferencia por esta operación, al menos, 5.000 euros y otras cantidades en efectivo que aún no se han cuantificado. En total, su comisión podría ascender a unos 80.000 euros, según las mismas fuentes.
Las primeras gestiones y el acuerdo para la importación de un millón de mascarillas fue estrictamente verbal
Posteriormente, fue el actual director del SCS, Conrado Domínguez, y que en aquella época era uno de los integrantes del Comité de gestión de emergencias sanitarias de Canarias, el que vía mensaje de wasap trasladó a la Dirección General de Recursos Económicos la tarjeta de identificación fiscal de la empresa RR7 United SL y su supuesta oferta de un lote de un millón de mascarillas FFP3 de la marca 3M y el modelo 1960 por una cuantía de cuatro millones de euros.
Acuerdo verbal
Desde RR7 United SL se asegura que en ningún momento suscribieron contrato alguno con el SCS, al contrario, todas las gestiones que se llevaron a cabo en mayo de 2020 para la cristalización de este acuerdo millonario se realizaron vía telefónica, es decir, de forma estrictamente verbal.
El primer documento que remitió el órgano de gestión del sistema sanitario canario a la empresa adjudicataria fue un escrito de fecha 20 de mayo de 2020, en el que autorizaban a RR7 United SL a negociar con posibles proveedores la adquisición de las mascarillas de la marca 3M: «Vista su disposición para colaborar con el Servicio Canario de la Salud, mediante el presente escrito se manifiesta el interés por el Servicio Canario de la Salud, en la adquisición de un millón de mascarillas 3M Modelo 1860, a efectos de que por esa entidad se presente la correspondiente oferta», expone el escrito que deja claro que este cargamento tendría como «destino exclusivo los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de la Salud, para atender las situaciones derivadas de Covid-19 que así lo exigen», añade.
Sorprendió a los investigadores el hecho de que el acuerdo entre la Consejería de Sanidad y RR7 United SL hayan llegado a un entendimiento por un cargamento de este tipo de material, cuando en teoría era solo de uso en territorio americano y no tenía la certificación para exportarlo a Europa.
Pago por adelantado
Después de que el SCS enviara este documento que otorgaba a RR7 United SL el poder de negociar con proveedores en su nombre, el 4 de junio la empresa adjudicataria emitió la factura por valor de cuatro millones de euros que tendrían que cobrar de forma fraccionada en dos pagos. El primero de los «libramientos a justificar» se resolvió el 7 de agosto, pero luego RR7 United SL remitió un correo al SCS advirtiéndoles que si no transferían el pago íntegro de los cuatro millones, no iba a poder conseguir la mercancía.
Fue el 30 de octubre de 2020 cuando Sanidad transfirió los otros dos millones restantes a la empresa a la que había adjudicado el contrato por la vía de urgencia y sin firmar -presuntamente- ningún contrato.
Hasta el momento, la mercantil no ha entregado la mercancía y la Administración pública no ha conseguido el reintegro de los cuatro millones después de haberlo intentado sin éxito en una decena de ocasiones mediante la vía de apremio por parte de la Agencia Tributaria. Los intereses por el impago ascienden ya a los 800.000 euros.
El SCS pidió «autorización extraordinaria» a la Agencia del Medicamento para sacar el lote del aeropuerto
Corría el mes de marzo de 2021 y había llegado al aeropuerto de Gran Canaria el tan ansiado cargamento de mascarillas 3M modelo 1960 que había encargado el Servicio Canario de Salud a la empresa RR7 United Sl en mayo del año anterior. Pero la mercancía estaba retenida y por ese motivo, Sanidad remitió un escrito a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para pedirles una «autorización extraordinaria» que les permitiese sacar las mascarillas de la aduana.
Este documento fue firmado por Ana María Pérez Afonso, que era por aquel entonces la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud y fue fechado el día 8 de marzo. En el mismo, la responsable del área decía actuar en representación del SCS y solicitaba que se le concediera a la empresa RR7 United SL «autorización extraordinaria para la importación de 1.000.000 de mascarillas 3M 1860 N95 adquiridas por el Servicio Canario de la Salud al citado proveedor por el procedimiento de emergencia, y en base al Estado de Alarma declarado por el Gobierno de España para todo el territorio nacional para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19», describe el documento.
Dicho material, añadía la responsable de área de Recursos Económicos, tenía «como uso exclusivo» el personal sanitario de los centros dependientes de este organismo público «con objeto de cumplir con los protocolos establecidos por el Gobierno de España y de las comunidades autónomas para la actuación y protección del personal sanitario ante los casos de infección por la Covid-19».
Finalmente, el cargamento fue destruido, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), al advertir de la «falsedad de esas mascarillas» tras recibir un informe pericial de la compañía 3M.
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