Imagen de archivo de urgencias del Hospital Insular. / Juan Carlos ALonso

Caso Mascarillas

Sanidad compró 6 millones de unidades de material contra la covid que son inservibles

La Audiencia de Cuentas reprocha que el SCS compró material sin la calidad mínima exigida

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El proyecto de informe elaborado por la Audiencia de Cuentas que alertaba de posibles irregularidades contables cometidas por la Consejería de Sanidad en el llamado caso mascarillas -investigado por la Fiscalía Anticorrupción-, también se hizo eco de un 'stock' de material sanitario adquirido para la lucha contra la Covid que tiene un valor de 2,1 millones de euros y que está bloqueado por no cumplir los «requisitos mínimos de calidad exigidos», expone el documento.

Según el mismo y que desveló en exclusiva CANARIAS7, este material se encuentra almacenado en el hospital de Nuestra Señora de La Candelaria. En concreto, se trata de 6.617.895 unidades de productos Covid-19 que los servicios de prevención de ese hospital consideraron que no cumplían los requisitos mínimos de calidad para ser utilizados. De ellos, destaca el informe una partida de guantes de nitrilo ambidiestro sin polvo de tallas mediana y grande y otro de mascarillas FFP2 de goma sin válvula ajustable no de látex desechables, unos productos que superan el millón de unidades y que son inservibles.

Para el órgano de control externo, esta partida de material sanitario adquirido, «bien a título gratuito o bien de manera onerosa y que se encuentra bloqueado», es consecuencia de la «ausencia de comprobación» de las empresas adjudicatarias de los contratos para la compra de mercancía por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante el estado de alarma.

Sanidad no quiso informar del material comprado y desechado por inaprovechable que hay en el Insular y el Materno

Esta postura poco fiscalizadora de la Administración no era «incompatible», a juicio del Tribunal de Cuentas, «con las excepcionales condiciones» que presidían la tramitación de emergencia e incrementaba «el riesgo de que los productos adquiridos» no cumplieran los requisitos mínimos y pudieran «cumplir la finalidad que se pretende alcanzar» con su adquisición.

Tales circunstancias motivaron que parte del material sanitario recepcionado, a tenor de los informes realizados por los servicios de prevención, «no se considerase apto para cumplir con el objetivo de solventar los problemas provocados por la pandemia», destaca este informe preliminar.

El Insular-Materno no informó

De la misma forma, la Audiencia de Cuentas requirió información acerca del posible material que tiene bloqueado el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (Chuimi) por inservible, pero no les facilitaron estos datos. Todo ello a pesar de haber solicitado la remisión de los mismos, tanto a la jefa de contratación como al director de gestión del citado complejo, además de a la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud. Este silencio administrativo impidió al auditor «realizar los análisis pertinentes y ha imposibilitado que se puedan realizar las oportunas verificaciones y emitir un pronunciamiento al respecto», exponen.

Hay que recordar que en este caso Mascarillas la Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta estafa cometida por la empresa RR7 United SL a la Administración por la venta fallida de un cargamento por valor de cuatro millones de euros. También trabaja el Ministerio Público en saber si el SCS cometió supuestamente los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en este contrato tramitado por la vía de urgencia a una empresa dedicada al sector del automóvil.

Sin ser del ámbito sanitario ni estar inscritas en el Rolece

Por otra parte, al objeto de comprobar si las empresas más importantes en cuanto a facturación con el SCS disponían de «capacidad de obrar» y gozaban de «solvencia económica, financiera y técnica», la Audiencia de Cuentas comprobó que la mayoría no se ajustaba a estos parámetros mínimos exigibles. En cuanto al primero de los requisitos, es decir, si el objeto social de las mismas comprendía las prestaciones propias dentro del ámbito sanitario, resultó que seis de las adjudicatarias de contratos urgentes no cumplían esa premisa. En lo que respecta a si tales mercantiles estaban inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (Rolece), cinco de ellas no habían acreditado ese trámite.