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Imagen de archivo de dos personas con sus mascarillas puestas durante la fase crítica de la pandemia. ARCADIO SUÁREZ
Caso de las mascarillas

RR7 dice al fiscal que pidió ahora un nuevo lote de mascarillas para el SCS

tribunales / caso mascarillas ·

El administrador único de la adjudicataria insiste ante el fiscal Ródenas en que quiere cumplir el contrato por el que cobró cuatro millones en 2020

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 22 de mayo 2022

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Rayco González, administrador único de la empresa RR7 United SL, declaró el jueves al fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, que había cerrado días atrás un pedido de 1,2 millones de mascarillas que importaría desde Turquía y que pagó de su bolsillo para compensar el incumplimiento del contrato por cuatro millones de euros suscrito en su momento con el Servicio Canario de Salud (SCS) tras recibir un lote de 3M modelo 1860 falso o no homologable en Europa.

El empresario grancanario explicó al representante del Ministerio Fiscal -que lo investiga por la presunta comisión de un delito de estafa y al propio SCS por supuesto cohecho y malversación de caudales públicos- que no iba a «permitir que no se sirvan las mascarillas» ya que, según su versión, el que «incumplió el acuerdo» fue el proveedor Ihsan Mahmhoud, al que conoció en su día por medio del intermediario Lucas Cruz.

«Yo cumplí frente al SCS hasta donde podía», declaró González, «pero el proveedor que estaba especializado en el mercado sanitario era Ihsan y fue él quien desde el primer momento debió informarnos de que el material que habían pedido de mascarillas 3M 1860 no se podía despachar en Europa», sostuvo. El empresario señaló que no sabía si el abogado Charles Douglas -el agente fiduciario que participó en esta operación- cometió una posible «falsedad o quiso meter un gol», pero sí tenía claro que «lo hizo mal. Es un abogado europeo y conocía la reglamentación y por eso yo le dije que se pusiera en contacto con Sanidad y que trajera la mercancía, que yo bastante había hecho con pagarle», expuso.

«Yo cumplí frente al SCS hasta donde pude, pero el proveedor debió informar de que las mascarillas 3M 1860 no se podían despachar en Europa»

El responsable de RR7 United SL mostró su sorpresa por el hecho de que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias le hubiese hecho un pedido de un material que presuntamente carecía de homologación en Europa, como así detalló, y a preguntas del fiscal de si no había comprobado dicha información tratándose de un contrato de tal entidad, respondió que «¿cómo y por qué lo voy a comprobar si la máxima autoridad sanitaria de las islas es quien me lo encargó?», respondió.

«Nosotros cumplimos las premisas impuestas por el SCS» y por ese motivo, «luego nos permitieron traer otras mascarillas de otra marca cuando vieron que las 3M no valían, a cambio de que les suministrásemos 200.000 más. El proveedor se comprometió con eso», narró el jueves en la Ciudad de la Justicia.

La pregunta del millón

Entonces, ¿qué ocurrió para que no trajeran la mercancía a las islas después de haber recibido el importe del contrato por adelantado?, le preguntó el fiscal Anticorrupción. A esta cuestión, Rayco González le respondió que «el proveedor aceptó esta nueva condición de traer 1,2 millones de mascarillas de otra marca de nombre Honeywell. Él nunca me dijo que no iba a traer el producto, pero luego se dedicó a poner pegas y dar largas y por eso yo no contestaba a los requerimientos que me hacía la Administración para que devolviese el importe del contrato. Lo hice mal, pero yo estaba convencido de que ellos -Ihsan y el Servicio Canario de Salud- estaban arreglando esta situación», manifestó.

«Me consta que hubo conversaciones directas entre la dirección general de Recursos Económicos y el proveedor Ihsan y otras personas como Lucas Cruz»

Cuando el caso de las mascarillas fue desvelado por CANARIAS7 el pasado jueves día 12 de mayo, Rayco González narró que se reunió con su abogado y decidió denunciar que había sido, a su juicio, estafado por el proveedor y varios intermediarios. «No sé quién lo ha hecho algo mal aquí, pero sí tengo claro que no he sido yo. En primer lugar, obedecí al encargo trayendo las mascarillas que me encargaron. En segundo, tuve que pagar el almacenaje y destrucción de una mercancía que no se podía despachar aquí en España. Y, por último, en tercer lugar, acepté una reposición porque el proveedor me garantizó que era factible», dispuso. «Prueba de ello es que me consta que hubo conversaciones directas entre la dirección general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud y el proveedor Ihsan Mahmhoud y otras personas como Lucas Cruz y el abogado británico», respondió a Javier Ródenas. «Luego, cuando me enteré de que hubo un incumplimiento, denuncié todo a la policía, pero que quede claro, todos eran conscientes del problema».

El empresario especializado en el sector de la automoción mostró su intención de reparar el daño causado a las arcas del Ejecutivo canario e insistió en que quería servir el cargamento de 1,2 millones al SCS por el que cobró cuatro millones de euros.

«Ahora que me enteré de que mis socios no cumplieron con el contrato, me comprometo a servir un nuevo cargamento de 1,2 millones de mascarillas del mismo tipo que habían exigido en su momento y yo me hago cargo del pago de las mismas». Ese fue su compromiso: «Le voy a ofrecer a Sanidad las mascarillas que negociaron, independientemente del litigio que yo pueda tener con el proveedor y los intermediarios, ya que no cumplieron con el acuerdo que firmamos en su momento», avanzó al fiscal delegado de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

«¿Cómo y por qué lo voy a comprobar si la máxima autoridad sanitaria de las islas es quien me lo encargó?»

«Ihsan lo hizo mal con el primer envío y con el segundo. Lamentablemente han pasado ya varios meses desde que suscribimos el contrato, pero me comprometo a cumplir con el compromiso», recalcó.

Durante las próximas semanas el fiscal Javier Ródenas continuará recabando pruebas y tomando declaración a los implicados en el caso de las mascarillas.

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