¿Quién es quién en el caso mascarillas?

Era la directora general del área de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud cuando se firmó el contrato y durante toda la crisis que se produjo por el incumplimiento del mismo. Mantuvo conversaciones con RR7 United SL, con el comisionista Samuel Machín, el proveedor Ihsan Mahmhoud y el intermediario Lucas Cruz, pero sin conseguir que se trajera el cargamento abonado con antelación a la empresa dedicada a la compra y venta de vehículos. Renunció al cargo por decisión propia en el mes de abril de 2022. Participó, no solo en la preparación y ejecución del contrato de emergencia, sino también en la renegociación del mismo cuando ya había sido resuelto. Está investigada por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Es el administrador único de la empresa RR7 United SL, adjudicataria del contrato fallido de cuatro millones de euros para la compra de mascarillas 3M. Fue futbolista de equipos como la UD Las Palmas en filiales, el Vecindario o el Castillo, para dedicarse a los negocios al colgar las botas. Ha gestionado sociedades dedicadas al sector de la restauración, al campo inmobiliario y, en la actualidad, a la compra y venta de vehículos. En mayo de 2020 suscribió el contrato con el SCS para la adquisición de material sanitario después de presentar una oferta de un lote de un millón de mascarillas. Denunció al proveedor Ihsan Mahmhoud y al intermediario Lucas Cruz alegando que había sido presuntamente estafado al adquirir mascarillas falsas. Está investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales.

El el fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y el autor de la querella que dio origen al caso Mascarillas. Nacido en Almería, estudió la carrera de Derecho en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y tomó posesión de su cargo en el mes de abril de 2004 en Las Palmas de Gran Canaria, su único destino desde entonces. Desde septiembre de 2006 ocupó el cargo de delegado de la sección de Medio Ambiente en la provincia de Las Palmas y, desde el año 2010, también ha trabajado en el área de Anticorrupción. Consiguió sentencias condenatorias en varias piezas del caso Unión que condenó a destacados políticos y empresarios de la isla de Lanzarote, el caso Yate –una de las mayores tramas de corrupción también de la isla de Lanzarote– y el caso de Anfi Tauro. También investigó otro procedimiento de envergadura como es la operación Refresco, un caso llevado por la Guardia Civil contra el tráfico ilegal de gas refrigerante para pesqueros.

Se trata de un empresario de San Bartolomé de Tirajana que estuvo dedicado al sector del ocio nocturno. Él fue quien empezó a analizar los contratos suscritos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a diferentes empresas para la adquisición de material de lucha contra la pandemia y observó presuntas irregularidades en ellos. Por ese motivo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial y el Tribunal de Cuentas.

Presidente del Gobierno de Canarias, ha sido citado para declarar en calidad de testigo en este caso Mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción lo solicita para que testifique como miembro del Comité de Emergencia que gestionó por encargo del Gobierno de Canarias las principales decisiones tomadas durante el estado de alarma, como la compra de material sanitario cuando los mercados estaban cerrados o sometidos a una subasta diaria por la gran demanda existente.

Es el actual viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y, en la época de la firma del contrato entre Sanidad y RR7 United SL, era el director del Servicio Canario de Salud. Accedió a ese cargo en marzo de 2020 sustituyendo a Blanca Méndez y lo dejó en julio dando el relevo a Alberto Pazos, que solo estuvo dos meses en el puesto.

Actual consejero de Sanidad del Gobierno regional tras sustituir a Julio Pérez. Fue el encargado de dar explicaciones en el Parlamento de Canarias en varias ocasiones, donde expuso que habían realizado decenas de requerimientos «infructuosos» a RR7 para que devolviese el dinero a través de la Agencia Tributaria, y que el montante adeudado por la adjudicataria era superior a los cinco millones, incluyendo los intereses.

Se trata de un agente comercial que fue quien ejerció de puente entre el Servicio Canario de Salud y la empresa RR7 United SL cuando esta última presentó una oferta para la venta de un millón de mascarillas. Había pactado una comisión por esta operación de 80.000 euros, que luego ascendió a 100.000, que no llegó a cobrar íntegramente. Fue quien facilitó a Anticorrupción toda la documentación para que el fiscal Ródenas interpusiera la querella. Facilitó correos, mensajes, audios y demás documentación. Una de las defensas pidió su declaración en calidad de investigado, pero el instructor se la tomó como testigo.

Empresario de origen jordano afincado en Londres que se dedica, entre otros, al negocio del crudo a nivel internacional. Contactó con el propietario de RR7 Rayco González a través del intermediario Lucas Cruz, que a su vez fue el supuesto representante de un fondo de inversión que quiso comprar el CB Gran Canaria en 2019. El proveedor reclama a RR7 una factura de medio millón de euros por fletar un Boeing 777 desde la capital de Etiopía hasta Gran Canaria con el cargamento de las mascarillas 3M que luego fueron destruidas, además de la comisión que había negociado por esa operación. Por otra parte, RR7 lo denunció por estafa al entender que no cumplió con el acuerdo al no enviar el producto acordado a la isla ya que el que recibieron, o era falso o no estaba homologado.

Se trata de un negociante grancanario que saltó a la luz pública en mayo de 2019 al erigirse como el representante legal en Europa del fondo de inversión norteamericano HMK Holdings LP, que quería comprar el CB Gran Canaria. Finalmente esta operación no salió adelante y dejó numerosas dudas de la autenticidad de la oferta y del propio fondo. Fue el enlace entre Rayco Rubén González y el proveedor Ihsan Mahmhoud Mohamed para la adquisición del lote de mascarillas 3M que luego resultó ser una mercancía falsa.