Imagen de archivo del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. / Arcadio Suárez

Uno de cada tres contratos suscritos por el SCS no estaban justificados

La Audiencia de Cuentas detecta que dos de las cuatro mayores adjudicatarias carecían de capacidad para trabajar con la Administración

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

35 de los 106 contratos suscritos por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante el estado de alarma y que fueron analizados en el proyecto de informe elaborado por la Audiencia de Cuentas, no estaban debidamente justificados, como tampoco se acreditaba en los mismos que tuvieran que ser tramitados por la vía de emergencia como así establece la ley. De la misma forma, dos de las cuatro mayores adjudicatariascarecían de capacidad para trabajar con la Administración.

El documento adelantado por este periódico, detalla que fueron objeto de análisis 106 de los 1.390 contratos formalizados por diferentes organismos del Gobierno de Canarias y que están publicados en la plataforma de contratación del sector público. De dichos expediente s, en el 33% no constaba que se hubiese justificado la necesidad de realizar el contrato, de la misma forma que tampoco estaba acreditada la justificación de emergencia pertinente para formalizarlos por esta vía que exige una tramitación más simple.

La Audiencia de Cuentas expone en el documento que en 34 de los expedientes analizados, no constaba tampoco la aprobación del gasto o el acuerdo pertinente del correspondiente órgano de contratación.

A pesar de que la tramitación de emergencia no era «incompatible con la promoción de la concurrencia», advierte el órgano de control externo, en ninguno de los expedientes verificados se constaba «que los órganos de contratación la hayan promovido, lo cual si bien no constituye un incumplimiento legal, si es una buena práctica administrativa que posibilita obtener ofertas económicamente más ventajosas», determina esta parte en el documento.

Situaciones anómalas

En lo que refiere a la recepción material del gasto generado por Sanidad durante la etapa más dura de la pandemia, la Audiencia de Cuentas detectó en este informe firmado por su presidente Pedro Pacheco, que en nueve de los expedientes no constaba que se hubiese realizado y en otro s 13 se hacía referencia a ella en la propia resolución de pago. Las formas de realizar dicha recepción eran diversas y abarcan desde la realización de un informe favorable hasta la firma del propio albarán.

Por su parte, el tiempo de publicación en la plataforma de contratación del sector público de los 106 contratos analizados osciló entre uno y 432 días, superándose el plazo máximo establecido en 83 expedientes.

Mientras que 79 de los 106 documentos sometidos a fiscalización « no constaba que se hubiese realizado la dación de cuentas al Gobierno de Canarias», tal como dispone la disposición adicional de la ley de presupuesto para 2019, en 19 «no se pudo comprobar al carecer de información al respecto». El referido sometimiento de las decisiones adoptadas al Parlamento de Canarias, insiste el informe, «no se pudo verificar por limitaciones de medios y de tiempo del equipo auditor».

Nulos de pleno derecho

Otro hecho que llama la atención es que seis de las empresas que contrataron con el Servicio Canario de Salud, «carecían de capacidad de obrar con la Administración», al no cumplir con las premisas establecidas por ley. Entre ellas estaba RR7 United SL, que dio lugar a la investigación de Anticorrupcion en el llamado caso Mascarillas.

Entre estas se encuentran dos de las cuatro empresas que generaron el mayor volumen de contratación al citado organismo , Innjoo Technology y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que suscribieron acuerdos por 8,9 y 9,7 millones de euros cada una, respectivamente.

Esta última empresa está siendo también objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción al detectarse supuestos tratos de favor por parte del que fuera ministro socialista, José Antonio Ábalos. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL pasó de no tener ingresos a facturar 53 millones de euros solo en el año 2020.

Las dos sociedades, cuyo objeto social no se correspondía con la venta de material sanitario, no habían acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica como establece la Ley de contratos del sector público, ni tampoco estar capacitadas legalmente para contratar con la administración, «pudiendo estar incursos en tales expedientes en causa de nulidad» de pleno derecho.

Intersindical pide «ceses y dimisiones»

Intersindical Canaria (IC) ha pedido que, con carácter inmediato y de forma cautelar, se asuman responsabilidades políticas por el caso Mascarillas. Critica que «no se ven ni por asomo la relación de ceses y dimisiones en serie que ya deberían haber empezado a producirse, de aquellos que, con dinero del común, buscan y posibilitan el lucro a partir de una emergencia sanitaria». «En un inequívoco intento de ocultar este fraude, ni la Consejería ni el Gobierno canario dieron información alguna a la opinión pública», lamenta. Advierte de que esta forma de actuar, «más propia de fulleros que de un pretendido gobierno del cambio, nos da una idea de en las manos que estamos los canarios».