Tribunales

«Ciegos, sordos y mudos» en el Fundescan

18/04/2019

La defensa de los querellantes se opone a cuatro recursos de reforma presentados por acusados en este procedimiento que investiga si UGT Canarias se apropió de parte de ayudas concedidas a la fundación para realizar cursos de formación

El recurso formulado contra el auto de transformación pretende presentar a todos los acusados, mezclándolos a fin de crear confusión, como ciegos, sordos y mudos, ajenos en absoluto a todas las decisiones acordadas por la comisión ejecutiva y patronato de Fundescan, al que pertenecían, como si ninguno de los recurrentes hubiera formado parte nunca de éstos órganos». De esta forma tan gráfica respondió el abogado de los querellantes del caso Fundescan, José Luis Gutiérrez, al recurso de reforma presentado por la defensa de los colaboradores de Alicia Rodríguez cuando la misma era secretaria general de la comisión ejecutiva de UGT de Canarias, y presidenta de Fundescan.

Este recurso se suma a los remitidos por los miembros de la comisión ejecutiva de la etapa de Juan Francisco Fonte en el sindicato y en el patronato en la época que se investigó Fundescan.

Argumentos

En este caso, los querellantes se oponen a los argumentos esgrimidos por estos acusados aludiendo que una cosa es cuando renunciaron a sus cargos y otra cuando la misma se hizo efectiva, que se negaron a colaborar, que no votaron en contra nunca de los acuerdos presuntamente delictivos adoptados en el patronato, se negaron a declarar, y fueron «obligatoriamente conocedores de las numerosas actuaciones defraudatorias que se realizaron en el seno de la fundación a favor del sindicato UGT Canarias», sostiene la parte.

Incide el letrado José Luis Gutiérrez en que la parte recurrente insistía en que el sindicato no debía transferir la totalidad del importe de las subvenciones a Fundescan y que no todo el importe debía gastarse en formación. Para esta parte «dichas alegaciones son irrelevantes», si bien aclara que «es cierto que las bases de las respectivas convocatorias de los planes de formación prevé la subcontratación total o parcial, y que parte de la subvención puede destinarse a la publicidad o promoción de los cursos. Pero eso es una cosa y otra bien distinta, es que el Sindicato se apropie de una suntuosa cantidad de la subvención», presentando «como gastos para justificar la subvención salarios de numerosos empleados del sindicato que no han prestado ninguna tarea directa en la formación, ni en tareas auxiliares», sostiene.

Mientras, se produjo «la descapitalización de la fundación» que debió asumir en solitario todos los gastos del desarrollo de los programas formativos, generando con esta actuación su quiebra económica y a la postre un concurso de acreedores.

Fonte quiso «mantener el negocio de la formación»

Según la defensa de los querellantes del caso Fundescan, en cuando al recurso de reforma presentado por Juan Francisco Fonte y sus colaboradores cuando el mismo era secretario general de UGT Canarias, «inicialmente esta nueva ejecutiva, reconoce y denuncia la falta de rigor en la contabilidad de Fundescan y la corresponsabilidad de la anterior ejecutiva del sindicato en la situación de quiebra económica de la fundación», detalla en su escrito. Sin embargo, añade que, presuntamente, «el nuevo patronato y el nuevo secretario general de UGT en Canarias, a los pocos meses, comienzan a utilizar las mismas estrategias de defraudación e intentan ocultar las pruebas de la misma. Todo ello a fin de eludir la responsabilidad en la situación económica de Fundescan».

Añade esta parte que en un discurso formulado por Fonte en un congreso de UGT, «se reconocen las irregularidades de Fundescan, así como la clara intención del sindicato de mantener el negocio de la formación». Incide, por último, que no solo Fonte es culpable, sino «todos los imputados –agrupados en este escrito– eran colaboradores íntimos y miembros de su ejecutiva», firmando de su puño y letra justificaciones falsas para el servicio canario de empleo.

Supuesto ocultamiento

En el escrito presentado por la defensa de los querellantes contra el recurso de Juan Núñez, colaborador de Alicia Rodríguez cuando la misma era secretaria general de UGT, los acusados defraudaron presuntamente «sustanciosos importes de las subvenciones públicas otorgadas principalmente por el Servicio Canario de Empleo para el desarrollo de contratos programas de formación subvencionadas con fondos europeos». En este sentido, sostiene este letrado que «dichas actividades defraudatorias han sido reconocidas documentalmente con matices, por los secretarios generales Alicia Rodríguez y Juan Francisco Fonte» y entiende que «resultan corroborados por numerosos documentos del sumario. A mayor abundamiento han sido corroboradas por el gerente de la fundación así como por imputados y testigos».