Investigan por apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas

UGT recurrirá el procesamiento de Fundescan

06/03/2019

UGT Canarias, ante las informaciones que vienen apareciendo en distintos medios de comunicación, dando cuenta del contenido de una «resolución dictada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Las Palmas», ha querido hacer constar a la opinión pública su «total desacuerdo» con dicha resolución que será «objeto de los recursos pertinentes» por parte de la organización sindical.

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El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera, dictó esta semana un auto de procesamiento contra 26 personas que irán a juicio por el llamado caso Fundescan, un procedimiento que investiga por los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas a miembros de dicho patronato que también pertenecían a UGT y que, presuntamente, utilizaban subvenciones para cursos con otros fines como tapar agujeros económicos del propio sindicato. Entre los investigados está el consejero de Empleo del Cabildo grancanario, Gilberto Díaz y los exsecretarios generales de UGT Carlos Ucha y Juan Francisco Fonte.

Sin embargo, UGT Canarias ha querido hacer constar su «total desacuerdo» con dicho auto que será «objeto de los recursos pertinentes» por parte de la organización sindical, afirmó en un comunicado.

La organización ha manifestado su «discrepancia» con el auto, viéndose «en la necesidad de hacer patente» que recurrirá. UGT considera que el auto «se fundamenta en una errónea interpretación de la normativa reguladora de las subvenciones a la formación de los trabajadores». Fueron concedidas «al sindicato que, para su ejecución, contrató los servicios de Fundescan, fijando por ello un precio determinado por la prestación del servicio que en todos los casos fue efectivamente abonado por el sindicato a Fundescan». La totalidad de los cursos subvencionados fueron ejecutados «a plena satisfacción de sus destinatarios, el colectivo de trabajadores al que se dirigía, sin que sobre ello haya existido ninguna objeción por parte de la administración». La cantidad por la que se contrataba a Fundescan «no alcanzaba el 100% del importe de la subvención puesto que, la diferencia, en ningún caso superior al 15%, se destinaba al pago de los gastos derivados de la gestión, divulgación y justificación de la subvención» concedida a UGT y «dentro de los límites establecidos por la administración que posteriormente verificó dichos gastos». La resolución «interpreta» el caso «sin fundamento», sostiene UGT.