Caso Fundescan

Fundescan, arma de financiación de UGT

06/03/2019

El auto de procesamiento de los 26 investigados por el caso Fundescan es contundente: con el objeto de obtener un beneficio económico a costa del Gobierno de Canarias y de Fundescan y en favor de UGT-Canarias, los encausados se ayudaban de su condición de miembros de la comisión ejecutiva regional del sindicato para pedir subvenciones en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 y desviar parte del montante total a cubrir gastos propios del sindicato y no a los planes de formación previstos.

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Según el auto, entre la actividades que podrían ser constitutivas de delito se enumeran varias que comienzan el 21 de agosto de 2006, cuando el Ejecutivo concedió una subvención de 2.375.249 euros a UGT-Canarias para la ejecución de un Plan de Formación por medio del Contrato Programa Intersectorial, sindicato que subcontrató a Fundescan por 2.217.866 euros, quedándose ellos con la diferencia de 157.382 euros. La misma presunta maniobra ilícita la realizaron el 6 de agosto de 2007 con una subvención de 2.569.578 euros de los que se quedaron con 261.659.

También el 28 de diciembre de 2017 se concedía a UGT-Canarias una subvención de 141.747 euros para programas de formación continua sectorial en el ámbito del comercio y la reparación, un acuerdo en el que el sindicato se quedó con 28.349 euros.

Otro de los hechos que narra el auto corresponde al 15 de septiembre de 2008, día en el que se concede una subvención de 2.924.522 euros a UGT-Canarias. El sindicato transfirió a Fundescan un millón y un millón y medio de la subvención recibida, quedándose por orden de los imputados con 424.522 euros.

El 10 de septiembre de 2009, el Gobierno dio al sindicato 2.575.668 euros para la realización de acciones formativas. Carlos Alberto Ucha, en representación de Fundescan, realizó un contrato de colaboración con Consultores Canarios de Formación SLU para el desarrollo de parte de estos cursos por 159.783 euros y, tras recibir el importe íntegro de la subvención, el 13 de enero de 2010, Fundescan presentó solicitud de declaración de concurso de acreedores. A fecha del 15 de noviembre de 2010, Fundescan mantenía con el Gobierno canario una deuda de 1.566.000 euros por subvenciones que no habían justificado.

Otro caso que narra trata del 27 de diciembre de 2007, cuando Fundescan recibió del Plan PIF 2008 la cantidad de 930.532 euros. Requerida en su día la fundación por el director del Servicio Canario de Empleo para que justificara el destino de la citada cantidad, los responsables de la misma no lo hicieron ni devolvieron las cantidades percibidas tras ordenarse su reintegro.

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También describe el auto de procesamiento como los investigados solicitaron en nombre de Fundescan la concesión de una subvención destinada al mantenimiento del servicio técnico de fomento de la economía social durante las anualidades 2008 y 2009. Se les concedió una ayuda de 596.099 euros y, de la cantidad total, 293.936 euros estaban destinados al año 2008, y fueron abonados anticipadamente el 18 de junio de 2008, y 302.163 euros estaban destinados al año 2009, y fueron abonados anticipadamente el 13 de noviembre de 2009. Esta última cantidad no fue gastada en su totalidad por Fundescan ni se justificó el destino. El Gobierno ordenó el reintegro de 193.826 euros que no se efectuó.

Con idéntica finalidad, los investigados solicitaron en nombre de la fundación una subvención para el programa de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo para el año 2009, ayuda que fue concedida por 1.099.567 euros. Esta cantidad debía emplearse, entre otros fines, a costear el 100% de los costes (salariales y extra-salariales) del personal necesario para la ejecución del programa, tanto de técnicos como del personal de apoyo, y que debía ejecutarse entre julio de 2009 y marzo de 2010.

A pesar de haberse abonado dicha cantidad a Fundescan desde agosto de 2009, la fundación dejó de abonar los salarios correspondientes a los meses de diciembre de 2009, enero y febrero de 2010 a, al menos, doce de sus trabajadores. Por tal motivo, demandaron judicialmente a la fundación para reclamar sus salarios. Al mismo tiempo, Fundescan no justificó hasta la fecha el destino dado a la totalidad de las cantidades recibidas, habiendo justificado únicamente la de 247.535 euros, pero no el resto del montante económico recibido que asciende a 852.032 euros, y que tampoco reintegraron al Gobierno de Canarias.