No aclaran la utilización de 2,2 millones

26/12/2018

Los principales investigados del caso Fundescan se acogieron a su derecho a no declarar ante el magistrado que instruye la causa, por lo que no dieron explicaciones acerca del posible destino de tres importantes subvenciones procedentes de la UE que recibió la fundación vinculada al sindicato UGT

Los principales acusados en el caso Fundescan ––que investiga el posible uso fraudulento de fondos de esta asociación vinculada a UGT por parte de sus responsables– a excepción de la exsecretaria general del sindicato, Alicia Rodríguez, se acogieron a su derecho de no declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4, Florencio Barrera Espinel, tras ser citados para explicar el destino y utilización del dinero de tres ayudas procedentes de la Unión Europea presuntamente sin justificar que recibieron y que tuvo un monto total de 2,23 millones de euros.

En total, el magistrado instructor citó durante todo el mes de octubre a 31 personas entre las que se encontraban los 16 que figuran en calidad de investigados: Hermógenes Hernández González, Rodolfo León Martín, Rosa Afonso Castro, Dulce María Quintana Cárdenes, Gilberto Jesús Díaz Jiménez, Arsenio Pérez Rodríguez, María Asunción Moreno, Ana María Armas Marrón, Olga Cáceres Peñate, Bonifacio Ramón Rodríguez, Miguel Ángel Barrios Miralles, José Juan Benavente Rodríguez, María del Carmen Noda Martín, Juan Pedro García Rivero, Lidia Adelina Quintana Hernández y Rafael Del Castillo Espino.

Impulso

Esta reactivación del caso Fundescan, tuvo como origen el escrito de ampliación de la denuncia interpuesta por el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, que no consideró justificado el uso de una subvención del Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo 2009 –OPEA 2009–, una subvención del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 2008 –Plan FIP 2008– y otra ayuda para el mantenimiento del servicio técnico de fomento de la economía social durante las anualidades 2008 y 2009. La suma de las cantidades recibidas presuntamente por Fundescan ascendió a un total de 2,23 millones de euros. Si se detalla el montante de cada subvención presuntamente defraudada, según el informe el representante legal del Ejecutivo autónomo, la OPEA aportó 1.099.567 euros, de los que 247.535 fueron devueltos, aunque hay que sumarles 37.669 de intereses. Mientras, en lo que respecta al Plan FIP, recibieron 744.426 euros y no consta ningún reintegro. Por último, en la ayuda para el servicio técnico de fomento de la economía social, Fundescan recibió 596.099 euros, de los que tenían que devolver 193.826, pero presuntamente nunca realizaron los ingresos correspondientes.

A excepción de Alicia Rodríguez, secretaria general de UGT desde octubre de 2005 hasta junio de 2009, que declaró en sede judicial que dichas ayudas no llegaron a Fundescan durante su mandato, la mayoría de las defensas de los investigados alegaron la prescripción de los delitos como tesis para eludir una posible responsabilidad penal en este asunto. Las mismas argumentaron que la presentación de la denuncia inicial, con fecha 5 de noviembre de 2013, por el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias «no surtió efecto interruptivo alguno por cuanto no fue seguida de una resolución judicial adoptada en los seis meses posteriores a su presentación, no siendo hasta el mes de agosto de 2018 que el juez instructor dictó una resolución, que, aún sin motivar, da curso a la referida denuncia», sostienen estas partes en sus escritos. En consecuencia, para los abogados, «resulta indudable que desde la fecha de los hechos denunciados (años 2008, 2009 y 2010) hasta el mes de agosto de 2018 han transcurrido más de cinco años, por lo que los presuntos delitos denunciados han prescrito», apuntan.

Por estos motivos, interesaron al magistrado instructor que declarase extinguida la hipotética responsabilidad criminal de los acusados con respecto a esta ampliación de denuncia del caso Fundescan, un hecho que aún no ha sido resuelto por el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.