UGT pagará 1,3 millones por Fundescan

12/01/2019

El Juzgado de lo Mercantil número 2 condena al sindicato a abonar este montante económico como indemnización por los daños y perjuicios causados al haber presentado el concurso fuera de plazo. Los responsables reconocieron los hechos.

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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a la Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de Canarias (UGT), al pago de 1.308.221,73 euros de indemnización al considerarla cómplice del retraso de la solicitud del concurso de acreedores llevado a cabo por la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan). Además, todos las personas que figuraban en el procedimiento en calidad de demandados y que dirigieron los dos patronatos de Fundescan desde 2005 a 2009, aceptaron los cargos en un acuerdo de conformidad, por lo que han sido inhabilitados por dos años.

Según la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días, UGT de Canarias se ha hecho cargo del pago de este montante económico, sumamente inferior a los 21 millones de euros que se llegó a estimar que había generado el agujero económico de Fundescan. El magistrado Guillermo Fernández García ha aceptado el cálculo de 1,3 millones de indemnización por el agravamiento de la insolvencia de la fundación al presentarse el concurso de acreedores de forma tardía.

Dos años de inhabilitación a los directivos

En la resolución, además del pago de la indemnización por parte de UGT, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a José Antonio Montesdeoca, Alicia María Rodríguez, Manuela Fernández, José Lorenzo López, Antonio Martín, Carmen Guadalupe Parrilla, Carlos Alberto Ucha, Andrés Pérez, Raúl Núñez y Carmen Dumpiérrez –todos ellos miembros del patronato que dirigía a Fundescan desde 2005 hasta 2009–, a su inhabilitación para administrar bienes ajenos durante un periodo de dos años, así como para representar o administrar a cualquier persona por el mismo espacio de tiempo.

Los hechos se remontan al año 2010 cuando Fundescan –creada por UGT en 1996 para desarrollar proyectos de cooperación, orientación laboral, formación para desempleados y programas dirigidos a la mujer– acabó en un concurso de acreedores después de haberse beneficiado de numerosas y cuantiosas subvenciones públicas. Esta situación crítica dejó a su plantilla a merced de un ERE de extinción, aplicando el despido libre a los 160 trabajadores que la fundación tenía en nómina entre fijos y fijos discontinuos en Canarias.

La investigación penal sigue abierta

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 4 aún está investigando el destino de tres ayudas procedentes de la Unión Europea presuntamente sin justificar que recibió Fundescan y que ascendieron a 2,23 millones de euros. Recientemente, el magistrado Florencio Barrera citó a declarar a los investigados y testigos en este procedimiento, pero ninguno aclaró el destino y utilización de estas subvenciones que no se han justificado. En total, el instructor citó en octubre a 31 personas entre las que se encontraban los 16 investigados.

Gustavo Santana: «Es un acuerdo beneficioso»

El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, declaró este jueves acerca de esta sentencia que «el sindicato, para resolver esta situación, ha aportado una cantidad de dinero que se utilizará para liquidar el problema creado por el retraso en la presentación del concurso», dijo. Calificó el acuerdo de «bueno» ya que estima que así se «resuelve la situación y le da tranquilidad a las personas implicadas y a UGT de Canarias. Queremos dejar claro que lamentamos los daños que se han causado a muchas personas durante todos estos años, pero nuestra tarea era resolver esta situación y qué mejor que hacerlo con un acuerdo amplio beneficioso para todas las partes». Insistió Santana que el pago de 1,3 millones era «la única manera que existía de arreglar este problema respecto a los montantes económicos disparatados que se hablaron en su momento . El daño es por el retraso a la hora de presentar el concurso, y no porque fuera fraudulento», apuntó.