Caso Fundescan: investigan tres subvenciones

15/12/2018

El magistrado indaga sobre el paradero de tres ayudas procedentes de la UE que nunca se utilizaron para pagar cursos de formación

La presunta apropiación de tres subvenciones europeas por parte de los gestores de Fundescan ha motivado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria haya reactivado la investigación sobre este caso, que se refiere a la supuesta maniobra ilícita para apropiarse de fondos de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social entre los años 1996 y 2013, por parte de sus administradores y que generó un agujero económico superior a los 17 millones de euros.

El magistrado Florencio Barrera ha vuelto a citar nuevamente a todos los investigados para que prestasen declaración en relación al paradero de tres subvenciones finalísticas que recibió Fundescan, que estaba controlada por UGT, desde el Fondo Social de la Unión Europea –les concedieron más de 800.000 euros–, tras la puesta en conocimiento de los hechos por parte del Gobierno de Canarias y que se corresponden al ejercicio de 2013. En este caso, las subvenciones estaban destinadas para sufragar unos cursos concretos que, presuntamente, nunca se llevaron a cabo. Esta cuestión ha motivado que el juzgado haya intensificado la instrucción de este procedimiento –que en teoría debería finalizar a finales del presente año– al determinarse que había un presunto desfalco aún mayor del determinado en primera instancia. Esta nueva investigación sobre el aumento del presunto agujero económico en Fundescan, podría provocar que la instrucción del caso se ampliase después de que saltase este escándalo a principios de esta década. En principio, y según fuentes cercanas a este procedimiento, estas tres subvenciones llegaron a Fundescan en la época en la que Carlos Ucha era el director gerente y secretario general de UGT. Todos los responsables en aquel momento de esta institución y que fueron citados por el magistrado Florencio Barrera se acogieron a su derecho de no declarar, por lo que no ofrecieron explicaciones acerca del destino de las tres subvenciones para unos cursos en los que, por ejemplo, los profesores no cobraron cuando se habían destinado los fondos para llevarlos a cabo. Sus defensas argumentaron la prescripción del posible delito.

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