Caso Fundescan

El Mercantil ratifica la culpabilidad del primer patronato de Fundescan

09/04/2019

El magistrado rectifica la sentencia y condena a UGT Canarias, que pagará 1,3 millones, y a las siete personas que confesaron los hechos, exculpando a los gestores del segundo patronato.

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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido un auto que rectifica la sentencia dictada contra la Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de Canarias (UGT) y doce personas que dirigieron Fundescan, y ahora, en esta resolución, ratifica la culpabilidad del sindicato y a los gestores del primer patronato que reconocieron los hechos, librando de responsabilidad a los que estuvieron en su segunda etapa. Este auto culpa a UGT, pero no hace extensiva la condena a su posible inhabilitación para recibir subvenciones públicas.

Según la resolución dictada por el magistrado Guillermo Fernández García, además de UGT –que tendrá que pagar 1.308.221 euros al considerarla cómplice del retraso de la solicitud del concurso de acreedores llevado a cabo por Fundescan–, han sido declarados culpables Alicia María Rodríguez, Manuela Fernández, José Lorenzo López, Carmen Guadalupe Parrilla, Raúl Núñez, José Yánez y Carmen Dumpiérrez. Todos estos han sido inhabilitados para administrar bienes ajenos durante dos años tras un acuerdo de conformidad, así como para representar o administrar a cualquier persona por el mismo espacio de tiempo. Han quedado absueltos Antonio Martín, José Antonio Montesdeoca, Carlos Alberto Ucha, Mariano Román Reyes y Andrés Pérez, tras la petición formulada por los administradores concursales.

Los hechos se remontan al año 2010 cuando Fundescan –creada por UGT en 1996 para desarrollar proyectos de cooperación, orientación laboral, formación para desempleados y programas dirigidos a la mujer– acabó en un concurso de acreedores después de haberse beneficiado de numerosas y cuantiosas subvenciones públicas. Esta situación crítica dejó a su plantilla a merced de un ERE de extinción, aplicando el despido libre a los 160 trabajadores que la fundación tenía en nómina entre fijos y fijos discontinuos en Canarias.

Vía penal.

Hay que recordar que el agujero económico creado por Fundescan sigue estando judicializado por la vía penal después de que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera, dictara un auto de procesamiento contra 26 personas. Este procedimiento investiga por los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas a numerosos miembros de dicho patronato que también pertenecían a UGT y que, presuntamente, utilizaban subvenciones para cursos con otros fines como tapar agujeros económicos del propio sindicato. Entre los investigados está el consejero de Empleo del Cabildo grancanario, Gilberto Díaz y los exsecretarios generales de UGT Carlos Ucha y Juan Francisco Fonte. Según el auto, que está recurrido por las partes, el magistrado procesará a 26 de los 31 acusados inicialmente puesto que en cinco casos, los delitos han prescrito.

El caso investiga unos hechos que se iniciaron en febrero de 1996, cuando UGT Canarias creó Fundescan, una entidad vinculada y controlada por el sindicato, hasta el punto que los miembros de su órgano de gobierno o patronato eran nombrados por la comisión ejecutiva de UGT Canarias entre los afiliados del sindicato y, especialmente, entre los miembros de la comisión ejecutiva. En base a tal control del sindicato sobre la fundación, los directivos de aquel comenzaron a usarlo como un instrumento para la financiación indirecta de UGT Canarias, y ello principalmente mediante la obtención de subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias destinadas a la formación de trabajadores y el desarrollo de los denominados planes de formación.