Investigan por apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas

Fundescan pagó 78.000 euros a Ucha por un cargo inexistente

07/03/2019

El auto de procesamiento del caso Fundescan –que mantiene como investigados a 26 personas relacionadas con UGT-Canarias– dispara contra Carlos Ucha, que fue secretario de organización y secretario general del sindicato, además de ocupar el cargo de director-gerente de la Fundación acusada de desviar fondos destinados a cursos de formación hacia UGT. El auto sostiene que Ucha cobró 30.000 euros en mensualidades y 48.000 de indemnización no teniendo «ninguna labor» en el patronato.

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Según la resolución dictada por el magistrado Florencio Luis Barrera, para favorecer económicamente a algunos altos cargos de UGT-Canarias, los imputados ordenaron presuntamente que se contratara como asesores de Fundescan, entre otros, a Carlos Ucha Blanco, que fue secretario general de UGT-Canarias entre 1998 y 2005, y quien desempeñó tal cargo de asesor de la fundación entre el 1 de agosto de 1998 y el 31 de agosto de 2007, a pesar de que ese cargo no existía «en la relación de puestos de trabajo de la referida fundación, cobrando un salario de unos 1.200 euros mensuales a costa del patrimonio de Fundescan». Todo ello «a pesar de que realmente no realizaba ninguna labor por cuenta y en beneficio de la fundación, sino que se limitaba a desarrollar actividades sindicales para UGT- Canarias», sostiene el auto.

Fue contratado como gerente «careciendo de la titulación, capacitación y experiencia necesarias»

Tras ser despedido en 2007 por Fundescan, los imputados ordenaron que se abonara a Carlos Ucha Blanco una indemnización de unos 48.000 euros «reconociendo de forma injustificada un supuesto despido improcedente, y con el único objeto de beneficiarlo sin causa lícita alguna», reza el escrito.

A pesar de lo anterior, Carlos Ucha fue contratado como director gerente de Fundescan el 27 de julio de 2009, y hasta el 15 de mayo de 2010, «y ello aún careciendo de la titulación, capacitación y experiencia profesional necesarias para desempeñar tal empleo», afirma el magistrado en el auto de procesamiento.

En esas mismas condiciones, y con idéntica motivación, fueron contratados por orden de los imputados como supuestos asesores de Fundescan y cobrando un sueldo a costa del patrimonio de la misma, «pero sin prestar servicios efectivos para la fundación sino para UGT-Canarias», dos cargos más. Se trata de Miguel Ángel Barrios Miralles y Hermógenes Hernández, situación que se extendió entre el 1 de agosto de 1998 y el 1 de diciembre de 2005 en el caso del primero, y entre el 1 de agosto de 1998 y el 30 de noviembre de 2005 en el del segundo. «Durante el tiempo que Miguel Ángel Barrios trabajó como supuesto asesor de Fundescan en el año 2005, cobró un salario de unos 1.743 euros mensuales, mientras que Hermógenes Hernández percibía un salario neto que oscilaba entre los 1.500 y los 1.600 euros mensuales». Miguel Ángel Barrios Miralles fue miembro de la comisión ejecutiva regional de UGT-Canarias entre octubre de 1994 y octubre de 2005, mientras que Hermógenes Hernández perteneció a este mismo órgano entre abril de 1998 y octubre de 2005.

Estos contratos fueron mantenidos en vigor hasta su extinción en beneficio de los tres investigados citados por parte del resto de los investigados miembros de Fundescan y siguiendo indicaciones de los sucesivos miembros de la comisión ejecutiva de UGT-Canarias también investigados.