La fiscal cerca a Clavijo y ya ve «numerosos indicios» delictivos

29/05/2019

La fiscal María Farnés rechaza el archivo de la causa del caso Grúas que ha solicitado la defensa del presidente en funciones del Gobierno de Canarias. El escrito remitido por la Fiscalía considera «prematura» una decisión que debe esperar a que se produzcan nuevas declaraciones ya fijadas.

La fiscal Anticorrupción ve ya «numerosos indicios» de delito en la actuación del hoy presidente en funciones de Canarias, Fernando Clavijo, en el caso Grúas. Así se recoge en un nuevo escrito remitido al juzgado en el que rechaza el archivo de la causa como pedía la defensa del titular del Gobierno de Canarias.

A lo largo de medio centenar de folios, la fiscal María Farnés Martínez, delegada de Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, desmonta uno a uno los argumentos presentados por el abogado penalista José Antonio Choclán, que este mes pidió al juzgado número dos de La Laguna el sobreseimiento del caso al entender que con la declaración de Fernando Clavijo quedaba ya acreditado que no había ilícito alguno en el expediente sobre la prórroga del servicio de grúas en La Laguna y un préstamo municipal a la empresa Autogrúas Poli.

Frente a esa petición de la defensa, la fiscal ya ve «numerosos indicios» de prevaricación, para sostener que también se ratifica en la apreciación de que la actuación del presidente puede suponer la comisión de malversación de caudales públicos e igualmente verse implicado en un tráfico de influencias.

Por todo ello, María Farnés Martínez entiende que «este momento procesal» resultaría «prematuro» un archivo de la causa, al tiempo que recuerda que están pendientes de realizar la declaración en calidad de imputada de la que fuera directora del área de Seguridad y Movilidad y asimismo de una docena de testigos, a petición precisamente de la Fiscalía.

Tras el escrito de Choclán, la representante de Anticorrupción hace un detallado relato plagado de referencias al expediente administrativo, las declaraciones en sede judicial y ante la comisión de investigación abierta en su día por el Ayuntamiento. El escrito va de hecho más allá del primero de Farnés Martínez, en el sentido de que detalla al máximo esos indicios de los tres delitos referidos.

La fiscal cerca a Clavijo y ya ve «numerosos indicios» delictivos

En el caso concreto de la prevaricación, que tiene como punto de partida haber prorrogado el servicio de grúas en lugar de tomar medidas contra la compañía por cuatro incumplimientos graves del pliego de la concesión, la fiscal advierte de la posible complicidad de quienes, en la esfera administrativa municipal, tampoco actuaron ante esa situación. Serían, como apunta la fiscal, «cooperadores estraneus».

En su relato, la fiscal se detiene en el argumento de que los reparos de la intervención municipal se levantaron a partir de un informe encargado a catedráticos de La Laguna. Además de criticar el argumentario esgrimido por la defensa de Clavijo y de otros imputados y testigos, muestra sus dudas sobre dicho dictamen, al entender que se trata en realidad de un informe de «complacencia» para justificar una decisión que habría estado tomada. Tampoco pasa por alto la fiscal que el dictamen se limitó a formular unas preguntas concretas y que los expertos consultados reconocieron que no se les dio toda la información sobre el expediente municipal.

Respecto a la tesis de Choclán de que Clavijo no habría actuado a sabiendas de la ilegalidad de sus decisiones, la fiscal recuerda de nuevo que la jurisprudencia del Supremo obliga a un análisis en función de las características de cada persona. Y ahí recuerda que el hoy presidente, además de economista, ya atesoraba una amplia experiencia como concejal e incluso como alcalde cuando ordena levantar los reparos y se formaliza el préstamo de 120.000 euros.

La devolución del dinero no evita la malversación

El escrito de 48 folios de la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife incluye sendos apartados dedicados a detallar los indicios de presunta malversación de caudales y tráfico de influencias. Sobre el primero, la fiscal subraya que el hecho de que la empresa de grúas devolviese el préstamo realizado por el Ayuntamiento no impide per se que la operación esté libre del delito, «ya que por haberse efectuado dicha devolución no desaparece el delito». Y agrega que no puede decirse que «en el momento en que fue concedido no se hubiera producido un perjuicio patrimonial, dado que desaparecen de las arcas municipal 120.000 euros». Lo que sí admite es que, en todo caso, esa devolución del dinero conlleva que no haya responsabilidad civil por el delito.

En cuanto al tráfico de influencias, ya fuera para favorecer a trabajadores de la empresa de grúas o para perjudicar al que fue su dueño, la fiscal se aferra a las declaraciones ante la Guardia Civil y en la comisión municipal, reiterando la necesidad de escuchar a los testimonios en el juzgado que ella pidió y que la jueza ha ordenado realizar entre junio y julio. Cabe recordar que la jueza no accedió a que declarasen el primer dueño de Autogrúas Poli y el actual propietario, una negativa recurrida en sede judicial.

Sí fijó un listado de una docena de testigos que irán desfilando por el juzgado lagunero entre junio y julio. Entre ellos se encuentra el que fuera concejal y ahora dirigente socialista y diputado electo Gustavo Matos. También llamó a declarar como testigo al edil Juan Ignacio Viciana.