El dinero público, con «manejo honesto»

28/05/2019

Para la Fiscalía, al analizar la presunta malversación hay que tener en cuenta que uno de los bienes jurídicos protegidos es la confianza del ciudadano en que las administraciones cumplen con la legalidad. Frente a eso, solo ve irregularidades

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La lectura del escrito de la fiscal María Farnés Martínez se convierte casi en una lección de Derecho Penal. Y con consideraciones sobre la importancia de que el ciudadano mire a las administraciones y a los gestores públicos con la debida confianza. La combinación de ambos factores se aprecia especialmente cuando disecciona por qué entiende que hay indicios de una presunta malversación de caudales públicos.

Dice la fiscal que el bien jurídico protegido no es solo el patrimonio público sino el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos y en general de los entes públicos. A ello se añade como otro bien jurídico protegido «la confianza del público en el manejo honesto de los caudales públicos en el deber de fidelidad de los funcionarios». Llegados a este punto, entiende la fiscal que «sería muy difícil entender que sigue intacta la confianza del público en el manejo honesto de los caudales públicos después de las irregularidades puestas de manifiesto anteriormente con el fin primordial de seguir contratando con Autogrúas Poli SL cuando toda normativa administrativa obligaba a revocar el contrato, actuando en contra de los reparos formulados por el interventor general que manifestaba claramente que la concesión del préstamo no tiene ninguna cobertura legal y que vulnera la Ley de Contratos de las Administraciones Públicos».

La fiscal tira mano de jurisprudencia del Tribunal Supremo para recordar que el «ánimo de lucro» que exigía el Código Penal vigente en el momento de los hechos es «mucho más amplio que el animus remsibi habendi», ya que la más alta instancia jurisdiccional ha concluido que «lo importante del delito de malversación no es que el funcionario se lucre o trate de beneficiar a un tercero, sino el perjuicio que causa al patrimonio público y la infidelidad para con la administración y los ciudadanos a los que sirve». En ese punto del relato, reitera que no se borra el delito porque Autogrúas Poli devolviese el dinero del préstamo pues dice que no hay que olvidar que el artículo 433 del Código Penal vigente en el momento de los hechos, actualmente incluido en el delito de administración desleal del patrimonio público, incluía las conductas en las que se apreciaba animus utendi, esto es, «cuando se hubiese dispuesto de los caudales públicos de manera transitoria, destinándolo a usos distintos de los legalmente previstos, con ánimo de reintegrarlos».

Nuevo perjuicio económico

En su relato sobre la presunta malversación de caudales públicos, la fiscal Anticorrupción llama la atención al hecho de que para concesión del préstamo se valieron de un informe externo que «ha supuesto un nuevo perjuicio económico para el Ayuntamiento, y con ello se impidió que dicha concesión saliera nuevamente a concurso dando la posibilidad de encontrar otro concesionario con solvencia técnica y jurídica, que es como debe ser prestado un servicio público».

Una «cristalización progresiva»

El papel de la Fiscalía.

El escrito de la fiscal Anticorrupción arranca con consideraciones para desmontar la tesis del abogado de Fernando Clavijo sobre los cambios de criterio de la Fiscalía en el caso Grúas. Señala María Farnés Martínez que es irrelevante que la Fiscalía apoyase en su día el archivo, pues eso quedó resuelto cuando la Audiencia Provincial ordenó la reapertura de la instrucción con la práctica de «las diligencias que fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos». Y agrega que el Tribunal Supremo ha aclarado que el objeto del proceso penal «es de cristalización progresiva y que son las conclusiones provisionales del fiscal las que permiten delimitar, por primera vez, el objeto del proceso, aunque serán las conclusiones definitivas, una vez practicada la prueba, las que lo dibujan de modo definitivo, delimitando el ámbito decisorio del órgano jurisdiccional».