Otro roce judicial en el caso Grúas

22/05/2019

La Fiscalía recurre ante la Audiencia la decisión de la jueza de no citar al anterior dueño de la empresa y a quien la compró con posterioridad. Farnés Martínez dice que es clave para investigar la prevaricación

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife vuelve a tener un papel relevante en el caso Grúas. Tendrá que resolver el recurso presentado por la Fiscal Anticorrupción de aquella provincia, María Farnés Martínez, contra la decisión de la jueza instructora del caso Grúas, Celia Blanco, de no llamar a testificar al anterior dueño de la empresa de grúas de La Laguna y a quien la compró posteriormente. En la misma providencia en la que resolvía llamar como investigada (imputada en la anterior denominación legal) a la directora de gobierno de Seguridad y Movilidad Ciudadana y como testigos a una docena de personas, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 acordó que no era preciso «oír a los antiguos trabajadores de Autogrúas Poli, a D. José Padilla González [anterior propietario], ni a D. José Luis Tacoronte Moreno [quien compró después la compañía], por no tener relevancia sus testimonios a juicio de este órgano judicial sobre la redacción de los decretos investigados».

El parecer de la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido esas declaraciones, es radicalmente contrario. Como se recordará, en su escrito del mes de marzo, tras asumir el caso, la fiscal Anticorrupción elevó un escrito al juzgado en el que advertía indicios de tres presuntos delitos -prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias- y proponía una batería de medidas, entre las que incluía la petición de abundante documentación, dos nuevas imputaciones y una docena de testigos. Mostraba la fiscal en su escrito la extrañeza por el hecho de que no se hubiera llamado a declarar en la instrucción a quien era dueño de la empresa de grúas cuando la concesión del servicio por parte del Ayuntamiento y a quien la compró con posterioridad.

En su recurso ante la Audiencia, la Fiscalía insiste en la importancia de esos testimonios y lo hace señalando que pueden ser determinantes para esclarecer si hubo prevaricación. En ese sentido es clave el hecho de que para Farnés Martínez todo el caso Grúas tiene como origen una presunta prevaricación omisiva, esto es, los indicios de que el Ayuntamiento habría vulnerado a sabiendas la ley al prorrogar el servicio y luego conceder un préstamo cuando, a la vista de los incumplimientos del pliego, tendría que haber sancionado a la empresa o incluso retirarle la concesión.

Según adelantó ayer el periódico Diario de Avisos, la Fiscal entiende «imprescindible» la declaración de esos testigos y lo argumenta así: «Es evidente que lo que se está cuestionando en el delito de prevaricación objeto de investigación, con la consiguiente incidencia en el de malversación y de tráfico de influencias, no es solo las posibles irregularidades administrativas que se hubieran podido producir en el expediente administrativo relativo a la concesión del servicio de grúas, sino la arbitrariedad de las resoluciones administrativas adoptadas, y muy especialmente la concurrencia del requisito subjetivo, que es lo que se tiene que acreditar a través de prueba indiciaria».

No es la primera vez que la Audiencia Provincial se encuentra con un recurso de las partes contra una decisión de la jueza. El pasado año, en un auto demoledor contra la magistrada, la Audiencia estimó el recurso de los denunciantes y obligó a la reapertura de la causa. Aquel primer archivo contó con el visto bueno de la Fiscalía. Esa reapertura acabó llevando el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias al ser aforado entonces Fernando Clavijo, instancia que lo devolvió al juzgado ante el fin de los aforamientos por el nuevo Estatuto de Autonomía.

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