La jueza a Clavijo: «Se le imputa presuntamente los siguientes delitos»

La primera mención está en el inicio del documento: «Por su S. Sª [su señoría, la jueza] se le imputa los [sic] presuntamente los siguientes delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias». Luego dice que Clavijo conoce «los hechos que se le imputan»

La siguiente mención a los delitos imputados aparece cuando la jueza formula preguntas a Clavijo. Dice así el documento: «A preguntas de S. Sª y en relación al delito de tráfico de influencias». Como se recordará, la propia jueza ya aclaró en un escrito que Clavijo sigue como investigado.

Por otra parte, CANARIAS7 ha accedido a las cuestiones que iba a plantear la representación legal de Santiago Pérez, concejal lagunero de Por Tenerife-Nueva Canarias y uno de los denunciantes del caso Grúas. Una de las preguntas se centraba en el «éxito», según el presidente, de la operación

A las 29 ocasiones en que el presidente Fernando Clavijo contestó a la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, con evasivas en el transcurso del interrogatorio del pasado miércoles en el juzgado que instruye el caso Grúas hay que sumar las 13 preguntas que llevaba preparadas la representación legal de Santiago Pérez, uno de los concejales denunciantes. Clavijo se acogió a su derecho a no contestar a los denunciantes. La abogada Sandra Rodríguez dirige el equipo jurídico del edil de Por Tenerife-Nueva Canarias y el otro denunciante es Rubens Ascanio, portavoz municipal y concejal de Unidos Se Puede.

Esas 13 preguntas describen a Clavijo como el responsable máximo del llamado Caso Grúas. Así se le iba a preguntar directamente si fue quien «dio la orden de que no se iniciaran los expedientes sancionadores, ante las faltas gravísimas cometidas por la empresa Autogrúas Poli, que significaban la caducidad de la concesión», como de hecho establecía el pliego de condiciones. Ese es uno de los asuntos sobre los que llama la atención en su escrito de marzo ante el juzgado la fiscal Anticorrupción, que advierte de una «prevaricación omisiva» que da pie a encadenar luego los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

También quería Sandra Rodríguez preguntar a Clavijo si fue él quien decidió concederle un préstamo con «dinero público a una empresa morosa, a la que no le hubiera dado préstamo alguno ninguna entidad de crédito». Asimismo se pretendía inquirir al jefe del Ejecutivo sobre la orden por la que en todas las propuestas de concesión del préstamo, así como en la prórroga de la concesión y en la resolución de Alcaldía levantando los reparos, se omite el informe de los interventores del servicio en el que se advertía de que la empresa podría estar «en situación de insolvencia», «incursa en causa de disolución» y que «habría incurrido en faltas (...) que debían ser sancionadas con la caducidad de la concesión». En relación con esos extremos, se iba a preguntar a Clavijo si con esa actuación se pretendía «proteger el patrimonio de los titulares de la empresa concesionaria frente al concurso de acreedores».

Otra de las preguntas se centraba en el hecho de que Clavijo ha afirmado «reiteradamente» que el levantamiento de los reparos de la Intervención se fundamentó en el dictamen encargado a catedráticos de La Laguna cuando ese informe «solo se refirió al préstamo, como los propios catedráticos han reconocido en sede judicial».

La relación de interrogantes que no se pudo formular incluía por qué Clavijo califica de «éxito» la forma en que se resolvió la delicada situación de la empresa concesionaria, cuando «a pesar del préstamo y la prórroga, la empresa continuó generando pérdidas hasta llegar a los más de 700.000 euros que tenía cuando la compró el empresario Sr. Tacoronte».

El listado de preguntas incluía: ¿quién convenció al Sr. Tacoronte y a cambio de qué para comprar una empresa con más de 700.000 euros de pérdidas?; si decidió Clavijo contratar a los catedráticos para emitir el informe que contradijera los reparos del interventor; quién decidió que, tras el préstamo, «se pagara preferentemente los recibos de ese préstamo antes que otras deudas anteriores», como las que había con Hacienda y la Seguridad Social y también si el presidente y entonces alcalde «ordenó dejar de pagar al Sr. Padilla los 200.000 euros que se le adeudaban y pagárselo 7 días después de la compra de acciones a los nuevos dueños».