Clavijo se escuda en los técnicos para exculparse del caso Grúas

18/04/2019

El presidente del Gobierno declara ante la jueza de instrucción que sus decisiones como alcalde se basaron en las propuestas que le hacía el servicio municipal y que nadie le avisó de que su actuación pudiera constituir posible malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias

Al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le llegó el día que, según viene asegurando hace mucho tiempo, ansiaba para poder aclarar todas las dudas a la jueza de instrucción número dos de La Laguna, que le citó ayer como investigado en el caso Grúas.

Sin embargo, en la transcripción de la declaración que el propio Clavijo entregó a la prensa -15 folios que resumen varias horas de explicaciones-, se constata su falta de memoria en la mayoría de las ocasiones en que responde a la fiscal de Anticorrupción y a los abogados que ha contratado para defenderle; «a la acusación particular no respondí al tratarse de una denuncia política que persigue hacer daño a mi partido y mi candidatura», puntualizó.

El «no recuerda» se sucede a lo largo de las muchas cuestiones planteadas por la fiscal María Farnés, cuando esta indaga en el caso omiso que hace el entonces concejal de Seguridad y alcalde de La Laguna a las advertencias del interventor cuando decide prorrogar el servicio municipal de grúas y conceder un préstamo a una empresa con problemas económicos. Para la fiscal, esto supone un indicio de prevaricación, según el escrito del 19 de marzo. «Que del reparo de interventor poniendo reparos a la prórroga, no es que no estuviese conforme, que le pareció mucho más garante para el interés general resolver a favor de la asesoría y servicio técnico en vez de lo que proponía el interventor del ayuntamiento», se transcribe.

«Que no recuerda si el interventor interpuso dos reparos a la prórroga por dos veces», se añade y además, «que el levantamiento del reparo es algo normal en la vida de un ayuntamiento», añade Clavijo.

Prestación.

El presidente explica a la fiscal que «eligió el informe del servicio y no el del interventor porque venía también con el visto bueno de la asesoría jurídica. Que además era el único que garantizaba la prestación del servicio, que era el objetivo del ayuntamiento».

Respecto al informe del servicio, «no sabe si se basaba en el informe de los catedráticos pese a haberlo firmado. Que él leyó el informe de su servicio y no el de los catedráticos». Se contrató una asesoría externa que hicieron catedráticos de la Universidad de La Laguna.

El presidente manifiesta su disconformidad con la tesis de la fiscal de que debía haber instado la caducidad de la concesión del servicio de grúas y también el posible rescate por el ayuntamiento. «Nadie propuso ni el rescate, ni la caducidad», opuso.

Dijo que «de haber actuado como sostiene el Ministerio Fiscal, hubiera sido grave quebranto para el ayuntamiento».

Respecto al delito de prevaricación, Clavijo contesta a su abogado que «ha dicho que los levantamientos de los reparos fueron sometidos a la Junta donde se encuentra el interventor y el letrado del Ayuntamiento. Que en ningún momento, alguno de estos funcionarios le advirtió de la comisión de alguna actuación contraria a derecho».

Por otro lado, el presidente manifiesta a su defensa que «nunca» «algún funcionario, incluido el interventor general, le propuso el rescate de la concesión» referida al servicio de grúas. y que «insiste que él firma lo que le proponen».