Tribunales

Una investigada más y 12 testigos adicionales en el caso Grúas

15/05/2019

Una investigada más y doce testigos prolongan la instrucción más allá de las elecciones y en plena negociación de pactos.

La magistrada María Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, ha notificado a las partes la decisión de citar en calidad de investigada a Rosario Hernández Eugenio, directora del área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, en el marco de la investigación del caso Grúas. Esta decisión la comunicó el órgano judicial a las 12.53 horas después de que la representación legal de Fernando Clavijo presentara a las 11.21 un escrito pidiendo el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones contra el político nacionalista.

Según la providencia dictada por la magistrada, Rosario Hernández Eugenio deberá acudir como «investigada por posible cooperación en el delito de prevaricación investigado» en el marco de este caso Grúas que gira en torno a una serie de decisiones presuntamente delictivas que se tomaron en el Ayuntamiento de La Laguna cuando Clavijo era concejal de Seguridad de la ciudad, primero, y alcalde, después, respecto a la empresa que gestionaba el servicio de grúas municipales. El presidente canario está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias y ya fue a declarar el pasado 17 de abril, cita en la que el nacionalista solo respondió a las preguntas de la magistrada y de la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez-Frigola, y de su abogado, mientras que desistió someterse al interrogatorio de las acusaciones.

La providencia de la magistrada María Celia Blanco también se refiere a la petición de imputación formulada por varias partes sobre Alejandro Cordero y Antonio Jesús Vera Mesa, quienes considera que «ya declararon como testigos» en este procedimiento, refleja el documento. Con respecto al primero de ellos, lo ha vuelto a citar para el día 21 de este mes para «ampliar» su testifical.

Testigos.

También ha citado a doce personas que deberán acudir entre el 10 de junio y el 7 de julio al juzgado lagunero, justo el periodo en el que se tendrían que dilucidar los posibles pactos para la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma. Entre ellos se encuentra el político Gustavo Matos, que fue concejal y diputado socialista y candidato ahora al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife en las elecciones del día 26.

Completan la lista de testigos citados por el órgano judicial Estanislao González –director de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento–, Ceferino José Marrero –director de la asesoría jurídica–, Javier de la Cruz Aguiar –tesorero–, Rosa María Paz –jefa de Seguridad Ciudadana y Movilidad–, Pedro Campos –jefe del servicio administrativo de Movilidad–, Manuel Ortega –director insular de Movilidad del Cabildo–, Juan Ignacio Viciana –concejal lagunero–, Sara Gómez –directora de gestión–, Marta Rodríguez –jefa de Contabilidad–, Isabel Cubas funcionaria– y a un representante de la empresa Muvisa.

Por contra, desestima la petición de oír en sede judicial el relato de dos trabajadores de la empresa Autogrúas Poli al entender que sus testimonios carecen de total «relevancia» en este procedimiento que se encuentra en fase de instrucción.

Esta decisión de la magistrada supone un duro revés para el presidente canario Fernando Clavijo y los otros dos imputados –el alcalde lagunero y candidato a la reelección, José Alberto Díaz, y el también edil de CC Antonio Miguel Pérez-Godiño–. Se confirma así que no habrá un archivo del caso antes de las elecciones, con el añadido de que el calendario de citaciones de testigos señalado significa que la instrucción se prolongará, al menos, durante el tiempo de negociación de pactos, tras la cita con las urnas del día 26.

Choclán pide el archivo.

Esta providencia fue notificada poco más de una hora después de que el abogado de Clavijo, José Antonio Choclán remitiese a la autoridad judicial un escrito en el que solicitaba el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones contra el presidente canario. Según este documento, «podemos concluir que se cuenta ya con material más que suficiente, sin necesidad de practicar otras diligencias [...] para llevar a cabo ese pronóstico razonable sobre la improsperabilidad o inviabilidad de la imputación, sin necesidad de prolongar por más tiempo la tramitación de esta causa innecesariamente», sostiene el letrado. Choclán argumenta que hay «ausencia de indicios incriminatorios» y no «existe conducta delictiva alguna» que sea imputable a Clavijo. Desgrana que no hubo actuaciones irregulares en la aplicación automática del régimen sancionador, en el rescate como alternativa a la decisión del Ayuntamiento, en la compra de las participaciones sociales de Autogrúas Poli, la contratación de expertos independientes, la concesión del préstamo a Autogrúas Poli y su devolución con intereses, la prórroga de la concesión y en las vinculaciones de Clavijo con los propietarios de Autogrúas Poli.

Un «godo» jurídico

El candidato de Avante La Laguna, Santiago Pérez, señaló que el abogado de Clavijo, José Antonio Cholclán, «se comporta jurídicamente como un godo que piensa que aquí seguimos en taparrabos en Derecho». Pérez dijo que «el abogado súperestrella y súpercaro que ha contratado Clavijo ha venido a darnos una lección de derecho a los canarios. No sólo a los denunciantes que ejercemos la acusación popular, sino a la Fiscalía y a la Audiencia, que en dos ocasiones ha percibido con claridad serios indicios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias».