Canarias activa la contingencia migratoria y da el «último paso legal» para la salida de 3.000 menores
El archipiélago espera que esta semana se apruebe la petición para iniciar los traslados de los niños y niñas y acabar con el hacinamiento en los centros
Lo que parecía lejano parece estar más cerca. El Gobierno de Canarias envió este miércoles la solicitud para que se declare la situación de contingencia migratoria extraordinaria en las islas, lo que permite que se derive a los menores migrantes no acompañados acogidos por las islas a recursos en otras comunidades autónomas. Con esta medida se pretende derivar a más de 3.000 niños y niñas acogidos por las islas en su red de 85 centros, que se encuentran saturados. De forma paralela, el Estado ha asumido, por orden del Tribunal Supremo, la atención de los chicos que han solicitado protección internacional, en torno a 1.000.
«Una vez culminada toda la estructura legal ya no hay más excusas para que la ley se cumpla y para que se haga cumplir la ley», expresó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ayer a los medios de comunicación en Tenerife ante el rechazo manifiesto a la medida de las regiones gobernadas por el Partido Popular, a las que se suma Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela nacional de los menores que han emigrado sin la compañía de un familiar. Si una comunidad autónoma supera en más del triple su capacidad ordinaria de ocupación, puede solicitar ser declarada en situación de contingengia migratoria extraordinaria. Ese es el caso de Canarias: según el decreto, debe contar con 737 plazas, pero actualmente atiende a 5.037 niños y niñas, lo que excede con creces (más del triple, que sería 2.211 chicos) el cupo asignado.
Una vez la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apruebe a lo largo de esta semana por resolución la declaración de contingencia migratoria, la maquinaria echará a andar. Como establece el decreto ley que introdujo la reforma en el artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la acogida solidaria de la infancia migrante no acompañada, en el plazo de un año -se cumple en marzo de 2026- los chicos y chicas que ya están en las islas y en Ceuta, territorio que se encuentra en la misma situación, y que manifiesten su predisposición, podrán ser derivados a otros recursos en el resto de regiones.
Además, declarada la situación de contingencia, los niños y niñas que lleguen a las costas canarias a partir de ese momento podrán ser derivados, en un plazo de 15 días, a otras regiones.
La tarea no va a ser sencilla, ya que ahora comienza un nuevo trabajo por parte de los Gobiernos regional y autonómico para conocer el interés de los chicos, establecer a qué regiones se les va a derivar y tener preparados todos los expedientes de los niños y niñas que quieran continuar con su ruta migratoria en otras regiones.
No obstante, el presidente de Canarias pidió al Estado «agilidad en los procedimientos» y reconoció que «se puede hacer todo mucho mejor». En base a ello, anunció que el Ejecutivo autonómico contratará un refuerzo de 26 trabajadores hasta final de año para poder ayudar a tramitar toda la documentación relativa al traslado de los niños y niñas.
Según la distribución aportada por el Ministerio de Juventud e Infancia en julio, Andalucía (677) y Madrid (647) son las comunidades que más chicos recibirían. Estas derivaciones se han hecho siguiendo criterios objetivos: 50% basado en la población; 13% en la renta per cápita; 15% en la tasa de paro, 6% en el esfuerzo previo de acogida; 10% en el dimensionamiento de plazas; 2% en razón a su realidad fronteriza; y 2% por dispersión poblacional. Por ello, debido al esfuerzo previo realizado en la acogida, Cataluña y País Vasco han quedado fuera, si bien, desde el Ejecutivo regional confirmaron que se han puesto en contacto con ellos para ofrecer plazas.
Torres, sobre los recursos contra el reparto: «No tendrán recorrido»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, trasladó en una entrevista en Televisión Española recogida por Europa Press que está seguro de que los recursos para solicitar la paralización de la distribución de los menores migrantes «no tendrán ningún recorrido». La guerra política en torno a la reforma de la ley de extranjería continúa. Las comunidades del PP alegan que no tienen capacidad, que la distribución se ha hecho sin contar con ellas, que invade sus competencias y que responde al compromiso de las fuerzas que mantienen al presidente de España, Pedro Sánchez, en el poder. Esto ha llevado a que todas, a las que se une Castilla-La Mancha, hayan recurrido la medida al Tribunal Constitucional. Además, Madrid y Baleares han acudido hasta el Tribunal Supremo. Esta última comunidad pedirá que se paralice la derivación de los chicos a su territorio al argumentar que no puede darles una acogida digna debido a su saturación.
En la misma línea se manifestó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que indicó que el alto tribunal ha hablado «muy claramente» de la situación de hacinamiento en la que viven los niños y niñas en las islas. Por tanto, pidió a los presidentes de las comunidades autónomas «humanidad» para responder con dignidad a los menores que llegan a territorios con su red saturada, como es el caso de Canarias y Ceuta. «Estamos hablando de niños y niñas, y para un país de 50 millones de habitantes no puede ser un problema distribuir 4.000 niños», apuntó.
Además, Clavijo argumentó que lo que hay que aprender en estos momentos es «a gestionar» el fenómeno migratorio «con dignidad» y no usarlo «como una herramienta política, xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de la piel» de las personas que emigran.
Para el también líder de Coalición Canaria, «la contestación por parte del populismo de derechas está jugando con el dolor y el futuro de los niños y niñas de manera mezquina por arañar un puñado de votos».
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