Las regiones se preparan para acoger a los menores migrantes por imperativo legal y pese a su rechazo
Las comunidades del PP, a las que se une Castilla–La Mancha (PSOE), se han mostrado en contra de la capacidad de acogida establecida
Las regiones se preparan para atender a los menores migrantes acogidos por Canarias y Ceuta pese a su rechazo manifiesto a la medida. Tras la aprobación del decreto que determina la capacidad ordinaria de respuesta de las regiones este martes en el Consejo de Ministros, este miércoles entra en vigor la medida al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Y algunas de las comunidades autónomas han reiterado su postura en contra, aunque cumplirán con ella. Diez gobernadas por el Partido Popular, a las que se une Castilla–La Mancha (PSOE), han recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hace obligatoria la distribución de los chicos entre las comunidades, al entender que invade sus competencias.
Madrid ha ido un paso más allá y ha recurrido ante el Supremo. Lo mismo hará Baleares, que solicitará la suspensión cautelar de las derivaciones hacia su comunidad autónoma «ante la situación de saturación de sus servicios de acogida», lo que hace difícil que se pueda garantizar una atención digna para los niños y niñas, según remarcan fuentes del Govern.
A partir de este martes, las comunidades autónomas pueden solicitar la situación de contingencia migratoria extraordinaria si su capacidad de acogida se supera por más del triple. Así, se pretende derivar en torno a 3.900 niños y niñas acogidos por el archipiélago y Ceuta. Para ello se ha establecido una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
De esta forma, en un plazo de 15 días que empiezan a contar desde que se inscribe al niño o niña en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, el Estado puede redistribuir a los chicos entre las regiones para poder darles una respuesta digna.
Andalucía (2.827), Cataluña (2.650) y Madrid (2.325) son las regiones que mayor número de plazas tienen que tener para atender a los chicos, mientras que Cantabria (194), La Rioja (107), Ceuta (28) y Melilla (27) son las que menos. La capacidad ordinaria de Canarias es de 737 y, ahora mismo, la supera en un 580% –acoge a 5.017 chicos–. Como el archipiélago, Ceuta también supera su capacidad por más del triple, y otras acogen más niños y niñas migrantes que los que establece su capacidad ordinaria.
No obstante, como indicó ayer la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, en estos meses han tenido tiempo de aumentar las plazas disponibles al igual que hizo Canarias para poder asumir a los menores migrantes no acompañados que tiene bajo su tutela. En un año han tenido que pasar de 35 a más de 85 centros. «Si alegan que están tensionadas y no pueden llegar a esa capacidad, tenían que haberlas incrementado antes y no ahora», manifiestó.
En el Gobierno de España, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, subrayó tras el Consejo de Ministros que «se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante», ya que, como país, existe «la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria».
La medida nació para que la solidaridad entre las regiones en la atención de los niños fuera obligatoria, pero las reacciones contra la distribución persisten. Aragón amenaza con recurrir «todos los actos normativos y administrativos que imponen reparto forzoso de menores», recoge Europa Press; en la misma sintonía se pronuncian en Murcia, que tildaron de «discriminatoria» la derivación y denunciaron que los que imponen la medida son los que «mantienen» a Pedro Sánchez en el Gobierno. Por su parte, Andalucía reclamó que se le considerara como «frontera» en las derivaciones.
Precisamente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que el próximo martes se celebrará una nueva Comisión Interministerial de migración «para que puedan comenzar las derivaciones de los menores que están en territorios frontera».
En el caso de Cantabria, el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares (PSOE), mostró su disposición y garantiza su «colaboración máxima» para acoger a estos niños y niñas que han llegado solos al territorio español, si bien, el Gobierno regional, del PP, está en contra de la acogida. Mientras, Galicia reiteró que en los últimos años han acogido a «decenas de menores»dentro de sus posibilidadees y que «no pueden ofrecer lo que no tienen».
La distribución se ha hecho en base a criterios objetivos reflejados en el decreto que modifica la norma de extranjería: 50% basado en la población; 13% en la renta per cápita; 15% en la tasa de paro, 6% en el esfuerzo previo de acogida; 10% en el dimensionamiento de plazas; 2% en razón a su realidad fronteriza; y 2% por dispersión poblacional.
Debido al esfuerzo previo, Cataluña y País Vasco han quedado fuera de la distribución, cuestión que ha sido criticada. No obstante, ambas regiones se han puesto en contacto con el Gobierno canario para ofrecer plazas que tienen disponibles.
Canarias cree que la financiación es «insuficiente» y pide que llegue hasta que los chicos cumplan los 18
Una de las cuestiones que más recelo ha despertado entre las regiones con respecto a la redistribución de la infancia migrante no acompañada es la financiación que les llegará por parte del Gobierno de España para su acogida. Desde Canarias, la consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado, confía en las palabras del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en su defensa del decreto que hizo efectiva la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería en el Congreso de los Diputados, realizó hincapié en que la financiación para el traslado y la atención de los chicos sería «suficiente».
De esta forma, el Estado establece en el decreto ley para la distribución de los chicos un fondo extraordinario de 100 millones de euros para este año destinado a los traslados y la atención inicial de los niños y niñas una vez lleguen a la región donde iniciarán una nueva vida, y cada comunidad recibirá su parte proporcional. Sin embargo, Delgado entiende las críticas que han hecho algunas regiones a este presupuesto, que no ven suficiente, por lo que, dijo, «hay que seguir peleándose con el Estado» para que así lo garantice.
Así, recordó que, como ya han planteado las regiones en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, lo ideal sería que el Gobierno estatal financiara la atención de los chicos y chicas «no solo por un año, sino hasta la mayoría de edad».
El archipiélago, que ha dado respuesta en solitario a más de 5.000 menores migrantes desde que se declarara la situación de emergencia migratoria en agosto de 2023, ha reclamado más fondos para atender a los chicos en reiteradas ocasiones. Sin ir muy lejos, en junio de este año envió una comunicación al Ejecutivo estatal para reclamar el pago de 194 millones de euros para hacer frente a la atención de los niños y niñas. Además, también ha demandado financiación directa por parte de la Unión Europea para las «regiones fronterizas», como es el caso de las islas.
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