El Puerto saca el nuevo remolque y Fairplay avisa que no podrá seguir
El consejo de administración da el visto nuevo a las nuevas exigencias, con la única abstención de Antonio Morales. Ibarra defiende la necesidad de dar el servicio a Lanzarote y Fuerteventura
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas dio ayer el visto bueno al nuevo pliego del servicio del remolque con el voto a favor de todos los consejeros salvo el del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que se abstuvo.
El nuevo texto obliga a los dos concesionarios actuales: Boluda y la alemana Fairplay (que empezó a operar a mediados de marzo con la filial española Odiel Towage tras dos años de batalla) a tener nueve remolcadores de bandera española en lugar de los cuatro con los que operan actualmente. De los cinco que se tienen que incorporar serían uno más para La Luz, uno para Lanzarote, otro en Fuerteventura y dos más pequeños para el remolque de buques de reparación para los astilleros de Zamakona y Astican.
Para Fairplay elevar en cinco los remolcadores supone vetarlo y echarlo del mercado, al no poder cumplir con las exigencias de los nuevos pliegos. «Mientras que el operador español (en referencia a Boluda), monopolista hasta hace menos de dos meses y la mayor parte de sus remolcadores inscritos en España, solo va a tener que reorganizar su flota para adaptarse a las nuevas condiciones de la prestación del servicio, ya que los requisitos técnicos exigidos se corresponden con los de su flota, el operador europeo (por Fairplay) va a tener que buscar buques que cumplan con los injustificados requisitos técnicos previstos, que no responden a la realidad actual y que va a tener que realizar los costosos trámites para inscribir estos buques en España», explica el responsable de Odiel Towage, Patric Rusechnpöler, en un escrito remitido esta semana a todos los consejeros de la Autoridad Portuaria, de cara a conseguir el voto negativo a los pliegos y no logrado ayer. Fairplay apunta en su escrito que «el único motivo» que justificar las exigencias es «volver al antiguo monopolio».
El pliego aprobado ayer se publicará en las próximas semanas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en un plazo de cinco meses, para noviembre, las dos empresas deberán ajustarse a los pliegos si quieren dar el servicio.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, defendió ayer le necesidad de este pliego para dar el servicio a Lanzarote y Fuerteventura, donde el remolque es deficitario. «La decisión se toma por interés general», dijo.
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