Si a algún empresario le cuentan que existe la posibilidad de ingresar su cuenta corriente -por adelantado y sin contrato- cuatro millones de euros por conseguir una partida de mascarillas a pesar de que nunca antes habían realizado gestiones comerciales en el sector sanitario. Que todo eso se llevaría a cabo sin conocer a distribuidores de confianza ni tener contactos comerciales con la marca más importante del mundo en el sector. Un negocio que se llevaría a cabo en pleno confinamiento, con los hospitales abarrotados de enfermos por coronavirus y que, además, el beneficio a repartir entre los intervinientes sería de 1,35 millones gracias a operaciones llevada a cabo por teléfono y WhatsApp... Podría parecer el relato de una serie de Netflix, pero ni mucho menos. Es una posible síntesis del caso Mascarillas, una presunta estafa que se gestó, como así calificó el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, oculta entre un «vapor de promesas» por parte de los que participaron en ella.
Un asunto que, por el momento, tiene tres nombres y apellidos para el representante del Ministerio Público tras una intensa investigación llevada a cabo de la mano del Grupo II de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial.
«Manejó el procedimiento administrativo de emergencia por puro voluntarismo movido por el deseo de beneficiar a sus amigos intermediarios que le pusieron en contacto con RR7»
El primero de ellos, según el orden en el que figuran en la querella, es Conrado Domínguez, actual director del Servicio Canario de Salud y miembro destacado del Comité de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias en la época de la gestación del contrato con RR7 United SL.
A Domínguez el fiscal le atribuye un papel protagonista en este caso Mascarillas, todo ello obviamente debajo del paraguas de la presunción de inocencia. Según Ródenas, era el «experto» encargado -entre otras cuestiones- de la contratación del material sanitario necesario para proteger al personal sanitario que se la estaba jugando frente a la Covid-19 en plena pandemia. Con esta atribución de funciones, contactó con un íntimo amigo suyo, Osvaldo Lastras y «fruto de esta llamada, aceptó Conrado ponerse en contacto para negociar los términos del contrato de suministro con el intermediario, Samuel Machín», alega la querella. Y todo ello a pesar de que solo contaba con una «raquítica información» sobre la empresa a la que iba a adjudicar el contrato y quienes estaban detrás de esta operación.
«Este modo de proceder es indiciario de una deficiente y desleal gestión del patrimonio público al no prever un riesgo de engaño (jurídicamente desaprobado) que le fue advertido»
«Comportamiento tan poco exigente», «relajación de formalidades», «arbitrario escenario», actuación «inexcusable», «decisión temeraria y negligente», «deficiente y desleal gestión», «conducta imprudente y grave», proceder «grosero», «abuso de desviación de poder», «trato de favor», «antepuso la amistad al interés general»... Estos son algunas de las expresiones utilizadas por el fiscal en su querella para referirse al proceder de Domínguez en el pufo de los cuatro millones de euros que salieron de las arcas públicas a cambio de nada.
La actuación de Conrado Domínguez, según Anticorrupción, precisaba de un apoyo de confianza dentro del SCS. En este sentido, el fiscal apunta con la precisión de un francotirador a la figura de Ana María Pérez, la que fuera directora general de Recursos Económicos y que, aunque «fue totalmente ajena al proceso de negociación» previo entre su superior y los intermediarios y RR7, «gestionó de manera imprudente» los bienes públicos que tenía a su cargo como eran los cuatro millones que ordenó ingresar a la adjudicataria sin una mínima comprobación de su viabilidad y desoyendo los informes técnicos contrarios a esta operación que llegaron a su despacho. Todo ello, a su juicio, en un escenario de «deficiente y desleal gestión de patrimonio público».
«No tuvo que engañar para conseguir el contrato, le fue suficiente ser amigo de otro amigo con contacto estrecho con el Director del SCS, pero sí tuvo que engañar para conseguir el importe total del contrato»
Sobre Rayco rubén González
Los dos funcionarios son investigados por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Trampas y artimañas
Del administrador único de RR7 United SL, el fiscal Javier Ródenas dice que era un empresario del sector del automóvil que se bastó de «trampas» y «artimañas» para convencer al SCS para que les ingresara los cuatro millones de euros por adelantado y sin ninguna garantía de poder ejecutar el contrato. Además, posteriormente se apropió de 1,35 millones de euros, de los que invirtió 742.000 en la adquisición de vehículos de alta gama. Se le achacan los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales.
El asunto quedará ahora en manos del magistrado instructor que lleve este procedimiento en un gran iceberg que solo ha mostrado su punta.
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