Caso Mascarillas: Sanidad pagó a RR7 habiendo licitadores «más competentes y solventes»

En la querella, que considera que Conrado Domínguez y la que fuera directora general de Recursos Económicos del SCS pudieron haber cometido los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, el fiscal Javier Ródenas tachó de «inexcusable» justificar el gasto de cuatro millones de euros por un equipo de protección contra el coronavirus «distinto al necesitado y al precio más alto ofertado» cuando, además, «no eran necesarias» ese tipo de mascarillas en las islas en ese mes de mayo de 2020.

Entiende el Ministerio Público que esas mascarillas de la marca 3M y el modelo N95 1860 no estaban clasificadas como FFP3, como se pretendió alegar por parte de Sanidad a la hora de justificar la elección de «la tramitación de emergencia» de este contrato con la empresa de compra y venta de coches RR7 United SL. Al contrario. Advierte el querellante que «si no se conocía la norma, hubiera valido una mera consulta» a la web oficial de la empresa 3M «para descubrir y darse cuenta» que este producto no era el que necesitaba en ese momento ya que su «stock estaba cubierto por haber cantidades apreciables».

Además, insiste esta parte en que «el precio de adquisición, en todo caso, no podría ser a ese desorbitado de cuatro euros» por unidad, que es a cuanto costaron al erario público las adquiridas a RR7 United SL. En este sentido, apuntó Ródenas en la querella que el coste mayor contratado por el SCS por mascarillas del tipo FFP2 en los «meses más duros de la pandemia», fue de 2,94 euros, un precio bastante alejado a los cuatro abonados en este contrato fallido objeto de investigación judicial.

Para acreditar estas presuntas irregularidades, el fiscal Anticorrupción aportó en su querella numerosos documentos en los que se reflejaba ofertas presentadas al SCS por mascarillas FFP2 y que fueron rechazadas por la dirección general de Recursos Económicos alegando que «no había necesidad de acometer ese gasto al estar cubierto el stock de mascarillas» de esa clase, destaca la información aportada en la querella.

Cita el documento varios supuestos, como una oferta planteada por la mercantil Provimedical Canarias SL, que fue rechazada por el motivo antes expuesto el 17 de mayo de 2020, siete días antes de que Conrado Domínguez remitiera un mensaje de WhatsApp en el que daba luz verde a la adjudicación del acuerdo por cuatro millones a RR7 United SL.

También hace constar la querella que en el expediente administrativo había «varias empresas que se ofrecieron a suministrar mascarillas en condiciones más ventajosas» y, sobre todo, «con más garantía y calidad que la adjudicataria RR7 United SL.

A la mercantil Tierrosolutions, el SCS le respondió de forma negativa una oferta de mascarillas el 14 de mayo de 2020 con el argumento de que «ya disponemos de este tipo de mascarillas en cantidades aceptables para varios meses», un argumento que, a juicio del Ministerio Fiscal, «no es admisible [...] y 11 días más tarde, el 25 de mayo, adjudique a RR7 un contrato público», por ese mismo material.

Por último, Anticorrupción hizo hincapié en que RR7 «no era agente exclusivo de la marca 3M, ni tenía capacidad real de acceso legal al producto, sino más evidente aún, que la mascarilla contratada no respondía a una FFP3».