Mascarillas: Pues parece que siempre hubo caso...

Cuando el compañero de esta casa Francisco J. Fajardo apareció un buen día por la Redacción con el aviso de que estaba ante lo que parecía la punta del iceberg era porque sobre el mar sobresalía una placa de hielo fácilmente observable. De hecho, no había más quemirar en el sitio adecuado, que no era otro que revisar información que ya por entonces era de acceso público.

Así nació el caso Mascarillas, que ahora se judicializa con una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de casi cuatro meses de diligencias.

En aquel primer momento no faltaron los que advertían que no había caso, que no había placa de hielo flotando y que mucho menos había iceberg. Aquello les parecía flor de un día y poco más... Como llegó a decir un diputado en sede parlamentaria, la cobertura parecía la de una «docuserie» televisiva... Ahora seguro que el parlamentario cambiará de género audiovisual y lo calificará como una película de tribunales pero con un guion sólido.

Según la Fiscalía Anticorrupción, estamos ante cuatro presuntos delitos: prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso del Servicio Canario de Salud, con Conrado Domínguez, al frente; y estafa y blanqueo de capitales en lo referente a RR7 United, la empresa a la que se pagaron 4 millones de euros por un cargamento de mascarillas que nunca llegó. Cuesta mucho calibrar cuál de los delitos parece de entrada más grave. Aunque quizás lo más grave de todo es que, a día de hoy, no hay mascarillas, hay cuatro millones de euros que no se devuelven, hay casi un millón más en intereses y el Gobierno no ha encontrado manera alguna de ejecutar un embargo.

Por su parte, RR7 United ha acudido a la Policía Nacional a denunciar una presunta estafa, señalando como supuestos responsables a quienes intermediaron en la compra de aquel material sanitario.

Como siempre en temas judiciales, hay que ser prudentes: una querella no es una sentencia. El beneficio de la duda hay que concedérselo siempre a los querellados. Pero también hay que concederle a la Fiscalía Anticorrupción, con Javier Ródenas al frente en Las Palmas, el beneficio de la profesionalidad, que ha acreditado sin lugar a dudas hasta la fecha. La querella es fruto de meses indagando, chequeando, verificando y cotejando informaciones cruzadas.

Lo evidente es que algo no salió bien: se fiaron de una empresa de compra y venta de coches para adquirir mascarillas y esperando estamos ese material. ¿Se pudo haber hecho de otra manera? Si nos atenemos a lo argumentado por el Servicio Canario de Salud en su escrito de alegaciones al preinforme de la Audiencia de Cuentas, todo se hizo bajo el amparo de la normativa para tiempos excepcionales, como fueron los momentos iniciales de la crisis de la covid-19. Pero si no atenemos a la Audiencia y a la propia Fiscalía, incluso en esos tiempos convulsos, había procedimientos que se debían respetar y no se hizo. Como había cautelas que se debían adoptar y, visto a fecha de hoy, parece incuestionable que se pasaron por alto.

Doy por hecho que todos los que estuvieron en aquel complejo trance sacando las castañas del fuego lo hicieron con la mejor de las intenciones. Como también creo que en el SCS, y en el caso de Conrado Domínguez, no se levantaron un día empeñados en cometer un delito. Seguramente buscaron el interés general y proteger a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía en general, sin pensar en el beneficio personal. Pero ahora toca demostrarlo. Nos guste o no, así es como funciona un Estado de derecho y para eso están las garantías, tanto las administrativas como las jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción no ha ido a hacer una caza de brujas ni una causa general: se tropezó con un contrato fallido y empezó a mirar papeles y a llamar a los implicados. Había caso administrativo y ahora hay caso judicial.

Y siempre hubo caso periodístico: solo era cuestión de saber mirar... y de querer contarlo.

• Temas
• Servicio Canario de Salud
• Canarias
• Anticorrupción