El delegado en Las Palmas de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Ródenas. / arcadio suárez

Caso Mascarillas: Anticorrupción se querella por prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo

La Fiscalía se querella contra el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y el responsable de RR7 United, Rayco Rubén González, por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

El delegado en Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, ha interpuesto una querella contra el Servicio Canario de Salud (SCS) -por prevaricación administrativa y tráfico de influencias- y la empresa RR7 United SL -por estafa agravada y blanqueo de capitales- en el marco del caso Mascarillas, que investiga el pago de cuatro millones de euros este material sanitario por parte del Ejecutivo a la mercantil que se dedicaba a la compra y venta de coches, un cargamento que nunca llegó a los hospitales de las islas.

El Ministerio Público entiende que, después de haber practicado las pertinentes diligencias de investigación, hay indicios de que tanto el director del SCS, Conrado Domínguez, como la directora general de Recursos Económicos de este organismo, Ana María Pérez, pudieron haber cometido los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Dice la querella que Domínguez «aceptó ponerse en contacto» con su amigo, el intermediario Samuel Machín para «designar a un empresario amigo suyo» para suscribir un contrato por cuatro millones. Esta persona era el administrador único de RR7 United SL, Rayco Rubén González.

En el caso de González, Anticorrupción considera que cometió un supuesto delito de estafa agravada y también de blanqueo de capitales al evidenciar un «ánimo de enriquecimiento ilícito a costa del erario público, quebrantando además, añade la querella, «la lealtad económica» con Conrado Domínguez y Ana María Pérez al exigir un segundo pago de dos millones, del que se quedaría con 1,35, según Javier Ródenas.

El fiscal añade en su escrito que este empresario «aprovechó esa oportunidad de negocio para su propio lucro», teniendo en cuenta que carecía de una autorización oficial de la marca 3M Company «ni la posibilidad real de acceder al fabricante, distribuidor legal o proveedor de la referida marca», detalla.

Abunda el documento en que RR7 United SL creó una especie de entramado societario con empresas que ponía a nombre de familiares y así para llevar a cabo «acciones financieras y bancarias con el marcado propósito de encubrir y ocultar la ilícita procedencia del dinero público conseguido», es decir, los cuatro millones de euros, así como «frustrar las posibilidades de cobro del dinero incorporado definitivamente a su patrimonio por parte de la Agencia Tributaria», es decir, los 1,35 que entiende Ródenas que se quedó Rayco Rubén González.

También Anticorrupción detalla que, con el dinero conseguido supuestamente de forma delictiva, RR7 United realizó transacciones entre varias mercantiles y el dinero que circulaba lo invirtió en vehículos de alta gama. Refiere la querella a dos Lamborghini Urus, un Aventador S, un Mercedes AMG GT, varios Porsche, un Audi y un Bentley Bentayga.

Denuncia de un empresario

Esta querella es consecuencia de las diligencias preprocesales 9/2022 iniciadas el 8 de abril de 2022 que tuvieron como punto de inicio la denuncia interpuesta por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez León. Este entendía que el SCS había cometido irregularidades en la adjudicación de 59 contratos de compra de material contra la covid-19 realizadas por la Dirección General de Recursos Económicos entre los años 2020 y 2021, por valor total de 32 millones de euros, aunque su queja se centraba en los supuestos sobreprecios de los productos sanitarios adquiridos.

Tras analizar minuciosamente la documentación aportada, el fiscal Javier Ródenas puso la lupa en uno de los contratos que el propio Ejecutivo autonómico había colgado en su portal de transparencia y que databa del 25 de mayo de 2020. El mismo se refería al pago por adelantado y sin contrato previo de cuatro millones de euros a una empresa de nombre RR7 United SL, que tenía un capital de 3.000 euros, el domicilio fiscal era el de su asesoría y el objeto social de la misma era la compra y venta de vehículos.

Intermediarios

Según las pesquisas llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, el contacto entre el administrador único de RR7 United SL y el organismo público era un empresario llamado Samuel Machín, que a su vez era supuesto amigo personal de Conrado Domínguez. Este último ostentaba el cargo, por aquel entonces, de miembro del Comité de gestión de emergencia sanitaria creado por el Gobierno de Canarias hasta que, varios meses después, fue nombrado director del SCS.

Machín -que es entrenador personal de profesión y también trabaja como representante de productos dietéticos- negoció presuntamente y de forma directa con Domínguez y trasladó a RR7 United SL la oferta de cuatro millones de euros por un cargamento de mascarillas de la marca 3M y el modelo FPP3 1860. A cambio, pidió una comisión de 100.000 euros que nunca cobró en su totalidad.

RR7 United se comprometió a traer este producto sanitario a las islas y por ello el SCS abonó los cuatro millones acordados el 28 de octubre de 2020 en dos pagos, por adelantado, y sin exigir una garantía definitiva, como así disponía el Real Decreto de medidas urgentes que estaba vigente por la Covid.

Tras meses de espera y con la intermediación de empresarios como Lucas Cruz -conocido por su fallida compra del CB Gran Canaria- y el británico de origen jordano Ihsan Mahmhoud, RR7 United recibió en el aeropuerto de Gran Canaria una partida desde Etiopía en marzo de 2021 de 910.080 mascarillas de la marca 3M, modelo 1860 N95, que fue posteriormente destruida por Aduanas al descubrirse que no estaban homologadas para su utilización en Europa y después de un mes retenidas mientras los agentes realizaban las correspondientes averiguaciones.

Posteriormente y a pesar de los reiterados incumplimientos, el SCS volvió a negociar con RR7 United SL el 29 de junio de 2021 la importación de las mascarillas FFP3 que ya había pagado, pero esta vez a otro proveedor diferente a 3M. Todo ello incluso a pesar de que la directora de Recursos Económicos había decidió resolver el 13 de mayo de 2021 el contrato adjudicado a RR7 United, exigiendo el reintegro de los fondos, notificado a la empresa el 31 de mayo. Por ese motivo, los intermediarios contactaron con representantes la marca Honeywell que comercializaba el modelo FFP3 NRD e incluso trajeron a la isla varias muestras para que los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Sanidad determinase si cumplían o no los requisitos de legalidad y calidad.

Anticorrupción interesa el embargo de forma cautelar de los de las cuentas y activos de las dos sociedades empleadas por RR7 United

Con el visto bueno de este departamento, Conrado Domínguez, Ana María Pérez y Rayco Rubén González Sánchez cerraron el acuerdo de seguir adelanto con el contrato y que el adjudicatario trajera a las islas, en vez de un millón de mascarillas, 200.000 más ya que, además, esa nueva marca Honeywell era más barata que 3M.

Pero ese segundo encargo jamás llegó a Canarias, por lo que el SCS volvió a iniciar un expediente de reintegro de los cuatro millones abonados. Ante la imposibilidad de contactar con el adjudicatario, la Administración publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) número 68, del 5 de abril de 2021, otorgando al administrador o a un representante un plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación para que se personase en las dependencias administrativas de este centro directivo en Las Palmas de Gran Canaria.

El 22 de abril Ana María Pérez firmó una diligencia para hacer constar que, «transcurrido el plazo de diez días hábiles», ningún representante de RR7 United SL había «compareció en las dependencias del centro directivo para ser notificado el texto íntegro de la resolución citada». Pero advertía que, al tratarse de «una contratación de emergencia» no exigieron al adjudicatario «la constitución de garantía definitiva, según lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19». Esto quiere decir que el SCS no tenía manera, a corto plazo, de recuperar los cuatro millones que había abonado con carácter anticipado a esta presunta empresa fantasma que, casi un año después, cometió esta supuesta estafa.

De forma que RR7 United SL no presentó alegaciones, la DGRE del Servicio Canario de Salud dictó una resolución el 13 de mayo de 2021 en la que iniciaba «el periodo ejecutivo», procediendo a la recaudación de las deudas desde la Agencia Tributaria, que ya reclama a la adjudicataria un millón de euros de intereses de demora.

Anticorrupción interesa al juzgado de instrucción que tramite esta querella el embargo de forma cautelar de los de las cuentas y activos de las dos sociedades empleadas por RR7 United para desviar el dinero obtenido en esta operación, así como el embargo de los coches de lujo adquiridos.