El consejero de Sanidad, Blas Trujillo (i) y el director del SCS, Conrado Domínguez. / Arcadio suárez

Sanidad descarta la «irregularidad contable» en el caso Mascarillas

El Servicio Canario de la Salud eleva sus alegaciones a la Audiencia de Cuentas y subraya que los contratos se ajustaron a la normativa

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

« La Dirección (de Recursos Económicos) en todo momento ha llevado el expediente con transparencia, bajo los principios que rigen cualquier actuación administrativa, conforme a lo establecido reglamentariamente, enmarcado en una situación de alarma ante la mayor pandemia que ha gestionado, sin ocultar o inferir en la realización de la fiscalización, actuando dentro del marco normativo». Así resume el Servicio Canario de Salud (SCS) su actuación en el llamado caso Mascarillas, que fue desvelado por este periódico.

Esa valoración aparece en la treintena de folios de alegaciones de Sanidad ante el preinforme de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que evaluó la actuación del SCS en las contrataciones realizadas en el inicio de la pandemia.

En cuanto al caso Mascarillas, la Audiencia detectó indicios de irregularidad contable, por lo que elevó el expediente al Tribunal Cuentas, que ha abierto diligencias. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción investiga desde abril si Sanidad cometió prevaricación o malversación y si la empresa RR7 incurrió en una presunta estafa.

Como se recordará, RR7, empresa dedicada a la compraventa de coches, recibió del SCS cuatro millones de euros por un millón de mascarillas, material que no fue entregado a Sanidad.

Alegaciones

En sus alegaciones, el SCS subraya que « no existe fundamento para alegar responsabilidad contable, dado que los pagos por anticipos como su regularización administrativa fueron realizados conforme a la normativa existente».

En ese sentido, Sanidad dice que tanto en ese expediente «como en el resto de los que se tramitaron para hacer frente a las contingencias derivadas del covid-19 se obró bajo el amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del covid-19. Dichos artículos regulan y establecen la tramitación de emergencia para el caso que nos ocupa».

El escrito de alegaciones enviado a la Audiencia y firmado por el director general del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, agrega que «en todo momento» la Dirección General de Recursos Económicos se ha guiado en ese expediente bajo la premisa de que «se cumpliera el objeto del contrato» suscrito con RR7.

Incumplimientos

A la vista de los «incumplimientos continuos» de la citada empresa, el SCS inició el procedimiento para resolver dicho contrato, lo que derivó, según agrega, en una segunda propuesta de RR7 de «un cambio en el modelo de mascarillas con una protección similar y no inferior, propuesta que se realizó conforme a la situación sanitaria existente en ese momento a los stocks existentes y al interés general, pero que nuevamente fue incumplida» por la empresa.

En su relato de hechos, Sanidad añade que «a fecha actual, la deuda de RR7 United SL se encuentra en vía de premio en la Agencia Tributaria Canaria». Con los intereses de demora, la deuda global asciende ya a cinco millones de euros.

Según detallaron tanto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como los consejeros de Sanidad y Presidencia, Blas Trujillo y Julio Pérez, respectivamente, la docena de intentos de recuperar vía embargo el dinero o propiedades por cantidad equivalente ha tenido resultado infructuoso. Sanidad informó de todo ello a la Fiscalía el pasado mes.

El contexto de la pandemia

En su extenso escrito de alegaciones, el Servicio Canario de Salud subraya la importancia de situarse en el contexto en que se produjeron las contrataciones fiscalizadas por la Audiencia de Cuentas, esto es, en pleno inicio de la pandemia (año 2020).

«Este ejercicio de contextualización», dice el escrito, «resulta obligado de acuerdo con la doctrina jurisprudencial sobre la prohibición de regreso lógico, conforme a lo cual no procede realizar valoración desde acontecimientos posteriores desconocidos en el momento de la conducta desencadenante del año, siendo obligado situarse en el tiempo de los hechos».

«Ajustada a Derecho»

Según el Servicio Canario de Salud, el contrato con RR7 para la compra de un millón de mascarillas y el resto de contrataciones realizadas en el inicio de la pandemia bajo tramitación de emergencia fueron «ajustadas a Derecho».

Agrega en ese sentido que consta en los expedientes que analizó la Audiencia de Cuentas la acreditación documental «suficientemente motivada de las circunstancias concurrentes y los antecedentes de hecho y jurídicos que justificaron la aplicación de dicha tramitación a los contratos».