Conrado Domínguez defiende ante el fiscal la actuación de Sanidad en el caso Mascarillas

Domínguez declaró, a preguntas del fiscal, que el SCS se mantenía en la legalidad de las actuaciones que llevaron a cabo en la tramitación de este contrato fallido con la empresa RR7 United SL y que ahora mismo se encuentra en fase de reintegro por parte de la Agencia Tributaria canaria. Además, Conrado Domínguez puso de manifiesto al fiscal la necesidad de que este asunto «se aclare cuanto antes».

En este caso Mascarillas la Fiscalía Anticorrupción investiga al Servicio Canario de Salud por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y a la empresa RR7 United SL por estafa. Además, por la vía ejecutiva, el Gobierno de Canarias reclama a la adjudicataria de este contrato el reintegro, no solo de los cuatro millones abonados por adelantado, sino casi otro millón más en concepto de intereses de demora.

De forma paralela, RR7 United SL denunció a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial a los intermediarios y proveedores que contrataron para el suministro del material sanitario por una presunta estafa, mientras que el SCS trasladó a la Fiscalía los 13 intentos realizados por la Agencia Tributaria, sin éxito alguno, para recabar fondos o bienes de RR7 United SL para recuperar el dinero invertido.

El director del SCS, que acudió a sede judicial acompañado por su abogado particular, respondió a las preguntas del fiscal Ródenas y detalló, entre otras cuestiones, cómo se había producido el contrato con RR7, como les llegó la oferta de las mascarillas de la marca 3M, si tuvieron alguna información adicional que les pudiera dar a entender con carácter previo a la ejecución del acuerdo que podrían ser engañados, además de detalles sobre diferentes resoluciones que emitieron y quién o quienes del SCS las dictaron.

Anticorrupción también interrogó a Domínguez sobre el proceder en este caso Mascarillas de la que fuera directora general de Recursos Económicos y también de la de recursos humanos del organismo público.

También negó conocer o haber tratado con los intermediarios que tomaron parte en esta operación como es el caso de Lucas Cruz o Ihsan Mahmhoud y que la única información que tenía acerca de ellos era la que había leído en el expediente «y lo que ha salido publicado en la prensa durante todo este tiempo», manifestó.

Por último, anunció al fiscal Anticorrupción que iba a aportar más documentación al respecto de algunos artículos de las leyes que se aplicaron para la realización de este y otros contratos durante la época más complicada de la pandemia.

En esta investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y la UDEF ya han tomado declaración, por parte del SCS, a la directora general de Recursos Económicos y a dos funcionarias del área de contratación, estas últimas en calidad de peritos.

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Dijo que ellos no pidieron las 3M, sino que se las ofrecieron

Javier Ródenas también preguntó a Conrado Domínguez sobre el motivo de haber comprado un lote de mascarillas que, supuestamente, no estaban homologadas en España. El declarante manifestó que el contrato con RR7 se suscribió tras una valoración técnica que realizaron sobre el modelo de mascarillas de la marca 3M que les ofrecieron. Se trataba, según declaró, de una «mascarilla dual, una N95 que aparte de ser eficaz contra las bacterias, lo era también contra los fluidos», dijo. Además, insistió en que el pedido lo valoraron dos personas, una en el ámbito de la medicina preventiva y otra en la de prevención de riesgos y con este tipo de mascarillas «se podía hacer casi la totalidad de actividades de las que se llevaban a cabo en el Servicio Canario de Salud durante la pandemia, no solo en materia de protección individual, sino también en actividades quirúrgicas, trasplantes, etcétera». Por último, detalló que el SCS no hizo «ningún pedido de mascarillas de un modelo específico». Alegó que les «ofertaron ese modelo 3M, se valoró técnicamente, se vio que era una buena oportunidad» y, al obtener información sobre las mismas y a la vista que eran mascarillas que podían cubrir «un alto espectro de la actividad que se podía hacer en el servicio sanitario», decidieron pasar la oferta al SCS para su posterior trámite.