Blas Trujillo, consejero de Sanidad y Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. / J.C. ALONSO

Caso Mascarillas: Sanidad antepuso el contacto en China a la experiencia

El SCS alega ante la Audiencia que los expedientes fiscalizados no precisaban de autorización previa de pago del Gobierno

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

Para el Servicio Canario de Salud (SCS), en un momento de emergencia sanitaria como el que se produjo en el inicio de la pandemia, en 2020, en pleno estado de alarma, lo relevante a la hora de conseguir material sanitario era contar con empresas con contactos comerciales en el extranjero, sobre todo en el mercado asiático, y no tanto ser una empresa dedicada al sector médico.

Es una de las claves de las alegaciones del Servicio Canario de Salud al preinforme de la Audiencia de Cuentas, que detectó indicios de responsabilidad contable en uno de esos contratos: el suscrito con RR7, la empresa que cobró cuatro millones de euros del erario público por un millón de mascarillas que nunca llegaron a Sanidad.

  • Diligencias En abril el fiscal Javier Ródenas comienza a examinar si RR7 estafó a Sanidad si esta incurrió en prevaricación o malversación.

  • Policía RR7 acudió, por su parte, ante la Policía Nacional con un relato de hechos que apuntan a una posible estafa de la que habría sido víctima por parte de quienes suministraban material.

  • Gobierno Tras desvelar este periódico el caso, el Ejecutivo dio parte a la Fiscalía de los intentos sin éxito de recuperar el dinero vía apremio.

En el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso este periódico, el SCS pone en valor que en aquella etapa crítica se firmaron contratos con «empresas que tenían redes de contactos comerciales con el principal país productor del material sanitario para hacer frente al covid-19, China. La situación de desabastecimiento de dicho material en los mercados provocó que algunos de los proveedores habituales del SCS no pudieran atender nuestros motivos. Ello motivó que se tuviese que recurrir a empresas con las que no se había contratado anteriormente, pero que, en cambio, sí disponían de los contactos y la logística necesaria en China para ordenar la fabricación del material sanitario y su traslado hasta Canarias».

Directrices del Ministerio de Hacienda

Asimismo el SCS recuerda a la Audiencia de Cuentas que tanto el Gobierno canario como el resto de administraciones se guiaron por las directrices que en el inicio de la pandemia «dictó el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Comercio Exterior y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín, en la que se elaboró un listado de posibles suministradores chinos de material sanitario, que no se fundamentaba en el objeto social, sino en la capacidad de tener vínculos empresariales con dicho país y que permitiera adquirir material sanitario tan necesario en aquellos inicios de la pandemia».

Es el caso de RR7, dedicada a la importación y venta de vehículos. El contrato suscrito por el SCS con dicha empresa no llegó a término, por lo que, tras una segunda oferta de mascarillas que tampoco llegaron, el Servicio Canario de Salud recurrió a los servicios de la Agencia Tributaria para recuperar los 4 millones de euros, más los intereses -en total, a fecha de hoy, unos cinco millones de euros-. En abril de este año, como adelantó este periódico, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias por una presunta estafa de RR7 a Sanidad, al tiempo que investiga si el SCS pudo haber incurrido en prevaricación y malversación.

Otra de las cuestiones sobre las que se detiene el escrito de alegaciones del Servicio Canario de Salud es la afirmación de la Audiencia de Cuentas en su preinforme en el sentido de que el SCS «autorizó gastos (...) superando los umbrales establecidos en la citada normativa, sin que conste que para la realización de los mismos haya solicitado autorización al Gobierno de Canarias». Sanidad responde recordando las orientaciones en materia de contratación suscritas en marzo de 2020 por el director general de Patrimonio y Contratación: «Podrán encargar productos, contratar todo tipo de bienes o servicios o realizar actuaciones libremente, de forma directa y sin sujeción a los requisitos formales establecidos en la propia ley, pudiéndose contratar de forma verbal e incluso sin existencia de crédito». Agrega que la propia ley estatal de contratos permite ese modo de proceder en circunstancias excepcionales, como las que se daban en el inicio de la pandemia. Por consiguiente, concluye el SCS, «a ninguno de los expedientes [fiscalizados] les era exigible autorización previa del Gobierno de Canarias».