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La oposición pide el rescate de las escuelas infantiles

La oposición pide el rescate de las escuelas infantiles

La situación de los centros en manos de Ralons llegará al pleno de este viernes, en el que el Partido Popular presente una moción para que el Ayuntamiento revoque la concesión. Las trabajadoras protestarán en Santa Ana durante el pleno.

Jueves, 1 de enero 1970

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La huelga de las escuelas infantiles municipales de Las Palmas de Gran Canaria vivió su tercera jornada de movilización. Esto se produjo después de que la asamblea de trabajadoras mantuviera la convocatoria, a pesar de tener un primer encuentro con Lourdes Armas, concejala de Educación. La intensidad de la protesta aumenta e incluso estará presente en el próximo pleno municipal, incluido el asunto en la hoja de ruta de la oposición.

El Partido Popular presentará una moción para que el servicio sea rescatado de Ralons, empresa que tiene la concesión de las guarderías desde hace una década y que ha protagonizado un historial nefasto de incumplimientos con las profesionales que desempeñan su labor en las escuelas. Además, Francis Candil, concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, se acercó hasta la escuela infantil La Carrucha, situada en La Isleta, para conocer de primera mano la situación que atraviesan las trabajadoras. Estas no bajan la intensidad de su protestas, y han convocado una concentración este viernes en las puertas de las Casas Consistoriales de Santa Ana a la hora del pleno.

Medidas inmediatas.

En un escrito que lleva la firma de Pepa Luzardo, portavoz del grupo popular, la formación conservadora exige que «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comience los trámites para el rescate la concesión, ya que, como recoge el contrato, esta solo podrá ser prorrogada bajo discreccionalidad del Ayuntamiento, más aún atendiendo a los evidentes incumplimientos del contrato que se están produciendo».

Por su lado, esa es la posición que llevan defendiendo desde el primer día los representantes de los trabajadores. «Exigimos a la administración que acabe con la patente de corso de Ralons y se deje de esquilmar derechos laborales», refiere César Merino, responsable de acción sindical en Intersindical Canaria.

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