La residencia del horror: «Pudieron influir en su fallecimiento»

Aparte de este caso, el Ministerio público desvela otros hechos en los que se aprecian, presuntamente, malos tratos y desatención hacia los ancianos que estaban en este centro.

Relata el escrito que a los residentes, la investigada Guacimara del Pino C. A. «les gritaba y menospreciaba cuando pedían algo», no atendiendo a sus reclamaciones y «si se consideraba por el personal que molestaban», a órdenes de la misma «se les daba una pastilla para adormecerlos». Además, en alguna ocasión se detalla como una residente se quejó y «fue golpeada en brazos y tronco por Guacimara», además de que le gritaba para que «se callara» y le decía que «nadie la quería». Otros siete internos «se cayeron varias veces, ante la falta de medios de contención y/o vigilancia», sin que fueran «trasladados ni atendidos en centro médico alguno». Incluso uno de ellos tenía una ampolla en un pie que no fue tratada porque la residencia «carecía de material sanitario para hacerlo».

También se manifiesta como los familiares de un mayor con demencia senil «fue sacado de la residencia» al comprobar que presentaba «varias heridas por caídas», otra «sufrió varios atragantamientos debido a la comida que le daban» y dos más fueron trasladados a otro centro «porque no le trataban bien» y «por falta de atención», respectivamente.

Por último, la Fiscalía Provincial denuncia que el día en que la comisión judicial acudió a la residencia de los horrores, detectaron como una mujer de 87 años que presentaba un cuadro de demencia en fase muy avanzada, presentaba «el pañal mojado, mal olor, el peto lleno de manchas de comida, alguna úlcera por presión, e inadecuada contención para la ausencia de deambulación que sufría». También comprobaron como otro de los residentes presentaba la boca «séptica y sin tratar» por lo que debería haber sido atendido por un odontólogo que jamás visitó.

Este procedimiento ya ha sido calificado por la Fiscalía Provincial, que pide penas de 87 y 84 años de cárcel para Guacimara del Pino C. A. y Francisco José R. S. respectivamente, por delitos contra la integridad moral, abandono de persona con discapacidad, contra la integridad física y malos tratos.

Según el escrito de acusación, estas dos personas eran las responsables directas de episodios continuados de presuntos malos tratos a usuarios, malnutrición de los mismos, desatención médica e higiénica, no tenían personal cualificado, además de haber inscrito esta residencia de los horrores en el Registro de Centros Sanitarios de Canarias ni en el listado de Centros de Servicios Sociales.

Este caso de la residencia de ancianos Nuestra Señora del Buen Consejo es, desgraciadamente, uno más de los numerosos en los que se han investigado presuntas malas praxis, desatenciones, falta de permisos y de cuidados mínimos en centros para mayores en las islas.

Quizás el más mediático fue el caso del hogar de ancianos Trinidad, en el barrio capitalino de Vegueta. El mismo adquirió relevancia nacional al ser denunciado en 2011 en el programa Diario de..., de Telecinco, dirigido por Mercedes Milá, aunque finalmente el Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria dejó libres al encargado y al director de la misma de los delitos contra la integridad moral que se les imputaba por supuestos malos tratos a sus residentes y de la acusación de haber abusado de una enferma. Jesús y Álvaro Calahorro habían sido acusados por la Fiscalía de mantener en condiciones alimenticias e higiénicas infrahumanas a 18 internos y de abusar sexualmente de una de ellas.

Otro hogar de mayores que fue investigado fue el Centro Residencial Maná Obra Social, situado en Ojos de Garza (Telde). En el mes de diciembre de 2014, la Fiscalía descubrió lo que no era sino un lugar de «hacinamiento» de personas en situación de exclusión social y con alguna discapacidad o enfermedad mental cuyo responsable no había dado de alta el centro en ningún lugar y que funcionaba al margen de ningún control.

En el mismo, no había cuidadores, sino que los que mejor se encontraban, atendían a los más necesitados en unas instalaciones «lamentable».

El Centro Residencial Maná Obra Social se cerró por orden judicial y aún está pendiente un procedimiento judicial contra sus administradores por una posible apropiación indebida del dinero de los residentes.

Más reciente es el caso de la residencia Los Minos (en Firgas). El Gobierno de Canarias abrió expediente sancionador después de que la Fiscalía se hubiera dirigido en varias ocasiones a dicho organismo denunciando el mal funcionamiento de dicho centro. En este caso, la propiedad cerró Los Minos a finales del año 2018.

Tres tristes episodios que muestran de manera gráfica esta problemática.