El caso de la ‘residencia de los horrores’

Los ancianos solo podían ver la televisión

03/10/2019

La residencia de mayores Nuestra Señora del Buen Consejo, en Escaleritas, no reunía las condiciones básicas para atender a las personas residentes, la infraestructura no era la adecuada, tenía escaleras para acceder al centro, no había ascensor en el interior, ni personal suficiente para asistir a las personas que entonces residían en el mismo. Tampoco disponían de médico ni ATS para cuidar a los usuarios. Esta fue la conclusión principal a la que llegó la Sección Civil de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en el informe que realizó sobre esta casa de los horrores tras una inspección realizada el 27 de julio de 2011.

El centro Nuestra Señora del Buen Consejo, que estaba presuntamente regentado por Guacimara del Pino C. A. y Francisco José R. S. –para los que el Ministerio Público interesa una pena de 87 y 84 años de cárcel por los delitos contra la integridad moral, abandono de persona con discapacidad, contra la integridad física y malos tratos– tampoco contaba con actividades de ocio, ni terapéuticas para los residentes. Tampoco disponían de un reglamento de régimen interno, ni programa de protección de datos, una relación de residentes con sus circunstancias personales y jurídicas, ni de sus guardadores de hecho o de derecho.

El centro no reunía las «condiciones básicas» para atender a los usuarios, según un informe

Por su parte, en el informe de inspección ocular realizado el 22 de febrero de 2012 por agentes de la Policía Judicial en compañía de la Policía Científica, es decir, siete meses después del llevado a cabo por la Fiscalía, volvió a detectar numerosas irregularidades tanto en las instalaciones como en el cuidado y trato que se dispensaba a sus usuarios.

Describe dicho documento que el mobiliario del lugar era inadecuado e insuficiente para los residentes, encontrándose a su llegada a una anciana en una silla de rueda atada «haciendo amagos por querer levantarse de ella», además de que en la hora que estuvieron los agentes de inspección, nadie del centro le dispensó ningún tipo de cuidado.

Varios residentes estaban viendo la televisión en un salón sin apenas mobiliario y al preguntarles a los investigados por las actividades de ocio que ofrecían a los residentes, tanto Guacimara como Francisco José respondieron que no hacían nada más, solo ver televisión. Que los ancianos no salían «nunca del centro salvo que sus familiares fuesen a buscarlos» y algunos de ellos hacían «actividad por su cuenta», refiriéndose a pasear por el pasillo. También apreciaron como en el baño no había ningún dispositivo de agarre, la ducha no estaba en condiciones, la cocina era muy pequeña sin apenas espacio para preparar los alimentos y con la basura junto al fregadero y desconchones de pintura y manchas en las paredes.

Las habitaciones no tenían timbres o alarmas para que lo ancianos pudieran llamar a los asistentes por alguna urgencia médica o ir al baño y las sábanas se encontraban sucias. Tampoco había ni decoración ni muebles en las habitaciones y los usuarios ni siquiera tenían una mesa de noche para colocar sus pertenencias.

Solo un cuidador para 11 internos.

Los investigadores detectaron que solo había un cuidador para los ancianos que se encargaba de asearlos, ducharlos, acompañarlos al baño, medicarlos, cuidarlos durante la comida y el resto del día, además de limpiar el centro, todo ello al mismo tiempo, por lo que la «desatención» era evidente.

«Los mayores duermen 4 o 5 horas y eso es suficiente».

Uno de los empleados de la residencia de mayores Nuestra Señora del Buen Consejo que fue clausurada por las autoridades, declaró ante la policía que las directrices que le imponían los dos investigados eran las de no dejar dormir siesta a los residentes a pesar de que eran muy mayores y se mostraban cansados.

«Tanto Luis –el propietario que está en busca y captura– como Guacimara nos hacían cumplir estas órdenes», declaró en fase de instrucción, detallando que se veía obligado a duchar a una cantidad variable de ancianos, entre siete y nueve de ellos, a las seis de la mañana. El testigo dijo no estar de acuerdo con esta práctica, pareciéndole «cruel tener que levantar a los ancianos a las seis de la mañana para ser duchados», y le llegó a plantear su desacuerdo al propietario, contestándole el mismo con estas palabras: «Las personas mayores duermen cuatro o cinco horas y con eso es suficiente». El empleado declaró haberle respondido que no era así porque los ancianos se encontraban «bajo los efectos de la medicación», pero el propietario no cambió su decisión y le contestó con un tajante «¡esto es lo que hay!».

El trabajador de la residencia detalló en su declaración que solicitó a la investigada Guacimara del Pino C. A. «en varias ocasiones» la necesidad de disponer de aparatos para el control del oxígeno en sangre, saturómetro y tensiómetro y jamás los compraron. Además, indicó que «en ocasiones» el centro no disponía de las medicinas de los residentes, «no administrándolas por consiguiente», ocurriendo esto con relativa frecuencia. Tampoco contaban con material básico de primeros auxilios como tijeras, gasas o desinfectantes.

No dudó en afirmar este testigo que había sido amenazado por los investigados con ser despedido si declaraba en su contra y por eso, en su primera comparecencia, mintió, pero en una segunda, relató todo lo sucedido.