La Fiscalía pide 87 y 84 años de cárcel para sus responsables

La residencia de ancianos era la casa de los horrores

03/10/2019

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido 87 y 84 años de cárcel respectivamente y el pago de 25.000 euros a cada una de las once víctimas denunciantes, para Guacimara del Pino C. A. y Francisco José R. S., que eran los gestores de la residencia de ancianos Nuestra Señora del Buen Consejo, en Escaleritas.

El Ministerio Público los acusa de 19 delitos contra la integridad moral, otros tanto de abandono de persona con discapacidad, ocho contra la integridad física en su modalidad de lesiones en comisión por omisión y un delito de malos tratos.

«A los residentes, Guacimara les gritaba y menospreciaba cuando pedían algo»

Según un durísimo escrito de acusación en el que se relatan presuntos hechos espeluznantes formulado por la Fiscalía, estas dos personas eran las responsables directas de episodios continuados de presuntos malos tratos a usuarios, malnutrición de los mismos, desatención médica e higiénica, además de no estar inscrita en el Registro de Centros Sanitarios de Canarias ni en el listado de Centros de Servicios Sociales. En este procedimiento también estaba siendo investigado el supuesto propietario de la empresa, Luis Rodríguez Suárez, pero el mismo se encuentra en busca y captura tras no presentarse a una vista en la que iba a ser juzgado por la presunta autoría de diez abusos sexuales continuados a menores en el ático de la residencia San Telmo, de la que también era dueño.

El relato de los hechos del Ministerio Fiscal entiende que entre los años 2010 y 2012, a través de la Sociedad Limitada Instituto Canario de Asistencia Geriátrica, el acusado Francisco José R. S. junto con dos mujeres que fueron absueltas, gestionaban la residencia Nuestra Señora del Buen Consejo, situada en la calle Doctor Apolinario Macías nº 54, de Las Palmas de Gran Canaria.

«No se tenían los cuidados mínimos en función de las patologías de los usuarios»

La sociedad fue constituida el 27 de octubre de 2010 por Luis Rodríguez Suárez y dos personas más no investigadas, aunque posteriormente, se hicieron cargo del centro el investigado Francisco José R. S. como administrador/gestor/asesor de la residencia y otros dos ciudadanos a los que la Fiscalía no consta que estuvieran al tanto de la gestión diaria de la misma.

Según la acusación, la citada residencia «no se encontraba registrada en el Registro de Centros Sanitarios de Canarias ni en el listado de Centros de Servicios Sociales», funcionando al margen de todo control y normativa para estos negocios sin que, además, reuniera los requisitos que regulan la ordenación, autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para mayores y sus normas de régimen interno.

«La comida que se daba a los residentes era escasa y baja calidad»

Al frente de la residencia, como encargada, dietista y coordinadora, se encontraba la acusada Guacimara del Pino C. A., de 34 años, que actuaba en todo momento «de común acuerdo» con el otro encausado y que, a la postre, se convertiría en un verdugo en esta especie de campo de concentración que se había convertido la residencia.

Sin cualificación.

Detalla la fiscal que, pese a que la residencia se publicitaba en internet haciendo referencia a la existencia de un equipo de profesionales «cualificados con gran experiencia y trayectoria y ofrecían asistencia médica y geriátrica», carecía totalmente de personal cualificado, no reunía condiciones para atender a la seguridad y necesidades de los pacientes y no se tenían los cuidados mínimos en función de las patologías que presentaban, bien mentales o de movilidad, con total menosprecio a la salud e integridad tanto física como moral de los residentes, los cuales eran en la mayoría ancianos con «escasa o nula capacidad de comunicación y desatención» que provocó en algunos de los residentes una «agravación de las patologías precedentes», detalla.

«Los duchaban juntos, sin distinción de sexo y permanecían de pie y sin secarse»

La residencia se ubicaba en un edificio de dos plantas en Escaleritas sin ascensor ni rampa para las sillas de ruedas. Carecía de espacio para el esparcimiento de los residentes que, en caso de poder moverse por ellos mismos, sólo disponían de un cuarto con una televisión, sin programación de actividades de ocio o terapéuticas. Además, el centro no disponía de médicos ni de ATS, solo contaba con una cocinera durante la mañana, un auxiliar matinal, otro de tarde y otro de noche, nunca de forma simultánea, por lo que la acusada Guacimara se encargaba del resto de las tareas «tales como la administración de medicinas, organización de las comidas, atención de los internos», etcétera. De esta forma, la Fiscalía considera que el personal era «claramente insuficiente» para atender a todos los usuarios. «Si en alguna ocasión se producía la caída de algún enfermo o este presentaba algún problema médico, salvo que la situación fuera muy grave, no se le suministraba atención médica, no se avisaba al 112, ni se trasladaba al interno a centro médico alguno y se ocultaba a sus familiares», determina.

«Estaban toda la noche sin cambiar pañales y sábanas cuando se habían mojado»

La comida que presuntamente se daba a los residentes era «escasa y de baja calidad», ya que muchas veces consistía en purés realizados con el sobrante del día anterior o batidos que se hacían con dos o tres piezas de fruta sin que «se atendieran tampoco las restricciones alimentarias o cuidados precisos para algunas patologías como diabetes» ya que se hacía una misma comida para todos. Las medicinas no siempre se administraban a los residentes cuando las precisaban, pese a que en algunas ocasiones se facilitaban por los familiares, «y cuando se quedaban sin ellas», se utilizaban «las de otros internos de forma indistinta».

Tanto las medicinas como los alimentos se guardaban bajo llave y sin que tuvieran acceso a los mismos mas que Guacimara y si ella se marchaba, no se podían coger por lo que los diabéticos que necesitaban insulina se quedaban sin su dosis.

La residencia de ancianos era la casa de los horrores
Duchas comunes.

A los residentes, por orden de Guacimara, «se les levantaba a las seis de la mañana para su ducha, los duchaban juntos sin distinción de sexo y permanecían de pie y sin secarse hasta que les ayudaba alguien del personal». Permanecían toda la noche y, en ocasiones, durante el día «sin cambiar los pañales o las sábanas de la cama cuando se habían mojado». Tampoco se les permitía dormir o echarse una siesta, «pese a que los ancianos decían que se encontraban cansados», para que durante la noche durmieran «sin molestar» al cuidador.

A los residentes Guacimara les «gritaba y menospreciaba» cuando pedían algo, no atendiendo a sus reclamaciones, y si se consideraba por el personal que molestaban, siguiendo instrucciones de Guacimara, se les daba una pastilla para adormecerlos.

También se relatan en esta acusación capítulos de malos tratos a usuarios y ausencia total de cuidados elementales para personas de avanzada edad.