La Dependencia «está peor» de lo que esperaba el equipo de Santana

02/10/2019

La consejera de Derechos Sociales asegura que «sabía que la situación era mala», pero lo que encontró es «terrible». Los diputados ven «gravísimo» que exista una lista oculta de dependientes

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, reconoció este martes en el Parlamento que «sabía que la situación de la Dependencia en Canarias era mala», pero «no que estuviera tanto» como ha ido descubriendo hasta el punto de calificarla de «terrible» con unos datos, dijo, «incompletos o, a veces, directamente falsos» que les están dificultado llevar a cabo un diagnóstico real.

La situación, aseguró, es «difícil, preocupante y grave» porque a las personas a las afecta es a las más vulnerables y, aunque reconoció que las cifras han mejorado «algo», no lo han hecho lo suficiente. «Puede ser duro sacar las vergüenzas a la luz», pero hay que hacerlo «para resolver los problemas», sostuvo.

Entre las primeras «sorpresas» con las que se encontró en el departamento que hasta julio dirigió la nacionalista Cristina Valido, este martes sentada en la bancada de la oposición en la comisión parlamentaria de Bienestar Social, fue con «listas de espera ocultas» con más de 5.000 personas que no están dadas de alta en el sistema de la Dependencia pese a haberlo solicitado –«presentaron los papeles, pero no existen», concretó la consejera»–.

La mera existencia de estos 5.228 solicitantes de la ayuda a la Dependencia representa, a juicio de Santana, un hecho «gravísimo» que a algunos diputados puso «la piel de gallina», según manifestaron. Pero, además, esa anomalía da medida, dijo, de cómo se habían hecho las cosas hasta ahora, con «casi 14 listas de espera, una por isla y otra duplicada en cada isla, gestionada por la Consejería», que hacen «ineficiente e ineficaz» el sistema.

La lista de espera fantasma es una anotación en una tabla de Excel, de los datos de las personas que demandan ayuda. Ligado a ese listado está, denunció Santana, la inexistencia de un gestor de expedientes pese a que dos legislaturas atrás se sacó a concurso su creación de un aplicativo informático por un millón de euros, aunque nunca se puso en marcha porque era incompatible con el resto de aplicativos utilizados por la administración, incluido el del Imserso.

También denunció Santana encontró otro problema que necesita una solución urgente: una «falta absoluta de personal» con la inexistencia incluso de un área económica que gestionara los contratos de la Consejería.

27.000 muertos

Los datos que ofreció la consejera de Derechos Sociales, salvo los de esa lista de espera oculta desconocida hasta ahora, están en la línea de los que se desgranan año tras años evidencian la «grave» situación de la Dependencia en Canarias. Sin embargo, fueron los que deslizó el diputado del Partido Popular (PP) Poli Suárez, y que él mismo consideró que eran para «tirarse las manos a la cabeza», los que ofrecieron la fotografía más «desesperante» de la Dependencia: En las islas han fallecido 27.000 personas en 10 años mientras esperaban por una ayuda.

Ni la nueva consejera del área ni la que ocupó el cargo los últimos dos años de la legislatura pasada, Cristina Valido, fueron capaces de desmentir semejantes cifras y mucho menos que de esas 27.000 personas, el 35% fallecieron sin que se hubiese valorado su situación y el 39,2% tenían valoración pero no cobraban ninguna prestación.

Con datos del 31 de agosto, en Canarias hay 13.064 personas pendientes de valoración y otras 14.778 ya con valoración, pero sin plan individual de atención (PIA), al que se suman los que lo tienen, pero siguen sin ayuda. Son unas 8.954 personas las que están el limbo de la dependencia, una cifra que sale de la diferencia entre las 31.653 que tienen derecho a una prestación y las 22.629 que la reciben.

Poli Suárez pidió más presupuesto para este departamento y también cambiar el actual modelo centralizado, descentralizándolo en las administraciones locales, algo en lo que estuvieron de acuerdo tanto la diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández, solicitante de la comparecencia ayer de Santana, como la propia consejera.

Hernández cree que son los cabildos los que deberían hacer la valoración de la Dependencia, mientras que Poli Suárez apuesta porque se fortalezcan los servicios sociales municipales. Como quiera que fuera, Santana asumió la propuesta y avanzó también cambios en el modelo asistencial para descargar a los familiares.

La anterior consejera, Cristina Valido (CC), defendió su gestión y, paradójicamente, la de su antecesora, Patricia Hernández (PSOE), y dijo que en cuatro años se incorporaron al sistema 14.000 personas, «la mitad de todos los que lo hicieron desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007.

Valido también propuso un pacto por la dependencia y negó que en su etapa se falsearan datos porque los que se ofrecían «eran del Imserso».

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