La fiscal acusa a Ramírez de crear empresas fantasma para desviar fondos de SIC

15/03/2019

La querella admitida a trámite por el juzgado apunta a operaciones con la Unión Deportiva Las Palmas y en la lista de querellados aparecen también Héctor de Armas y familiares y allegados del empresario.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía Provincial contra Miguel Ángel Ramírez y ocho personas más de su entorno –entre ellos su padre, primos y Héctor de Armas–, por presuntos delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. Esta querella nace tras las pesquisas realizadas por Vigilancia Aduanera a Ramírez y sus allegados y que, según el Ministerio Público, destapa una densa una red de empresas fantasma con las que, presuntamente, opacaría capitales que suman los 37 millones. Ramírez, por su parte, ha negado los hechos y apunta a que sufre una persecución a manos de la fiscal Evangelina Ríos.

Según el auto, el magistrado ha apreciado indicios de hechos presuntamente delictivos que, aparentemente, tenían como finalidad el desvío de fondos desde Seguridad Integral Canaria (SIC) a otras empresas de las que el titular real de las mismas era el propio Miguel Ángel Ramírez. El mismo, según la Fiscalía, se sirvió de personas allegadas, como familiares y amigos que actuaban como meros detentadores de las participaciones o cargos sociales, para así evitar que fuese descubierta su finalidad real que no era otra que desviar esos fondos para evitar el embargo de SIC. Y todo ello, abunda el auto, teniendo en cuenta que los trabajadores de esta empresa estuvieron sometidos a un convenio más restrictivo que el del sector y que fue anulado por el Supremo.

Evitar el pago de deudas

Según el relato de hechos presentado por el Ministerio Fiscal, Ramírez, para evitar pagar las numerosas deudas que pesaban sobre SIC, vendió acciones de la UD Las Palmas de las que era titular SIC, sobre las cuales se acordó su embargo el 9 de noviembre de 2017, el cual no pudo llevarse a efecto al hacerse con ellas el propio empresario. Pero Según la querella, tal venta se hizo en fraude porque la misma se hizo por importe del valor nominal de cada acción, pese a que su valor real era superior. Asimismo, para fundamentar aún mas el negocio ficticio empleado para evitar el embargo, señala la fiscal que, pese a esa venta, SIC no percibió dinero alguno como contraprestación y, para ello, se intentó justificar un crédito a favor de Ramírez con SIC de más de 200.000 euros que había prestado a la tesorería de la sociedad.

Esa transferencia de fondos se omitió, a la vez que Ramírez adeudaba a SIC unos dos millones de euros, los cuales debido al aplazamiento de la cantidad hasta 2035, a efectos contables no aparecía en los balances como deuda. A pesar de eso, Ramírez adquirió de SIC acciones de la UD, justificando el pago de las mismas con ese dinero transferido a la empresa cuando el realidad, debería haber sido a cuenta de la deuda que él mismo tenía con SIC, logrando así evitar que se descubriera tal agujero económico. De la misma manera, del examen contable de SIC, la Fiscalía ha podido averiguar que otras empresas pertenecientes a Ramírez son presuntas deudoras de esta sociedad.

Sinergias

Otro de los comportamientos que la parte querellante considera que aparecen como indiciarios para despatrimonializar a SIC, es que antes de la presentación del concurso de acreedores de esta sociedad, suscribió un contrato el 1 de septiembre de 2017 por el que Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) adquirió la cartera de clientes de SIC por de 37,44 millones a pagar en 60 cuotas de 624.000 euros los cinco primeros días de cada mes.

Esa contraprestación se desvanece y, para lograrlo, recurren a la asesoría de Ramírez llamada Mar Asesores y Consultores, logrando mediante la inclusión de asientos contables, que desaparezca. Así se refleja, según la querella, en un acuerdo de SVS para asumir el pago de una deuda que SIC tenía con la Unión Deportiva por cuatro millones de euros. Justificaron dicha deuda como adelanto recibido, supuestamente, por los servicios que debía prestar SIC a SVS, curiosamente por realizar el mismo tipo de actividad. Según la fiscal, SIC está controlada en el 96% por Ramírez y SVS es propiedad en su 99% por Alicia Rosa Pérez, quien mantiene una estrecha relación con el presidente de la UD. El 1% restante es de Francisco Segundo Ramírez, padre de Miguel Ángel. El resultado de todo ello es que Pérez compró las participaciones de SVS en 2013 por algo más de 59.000 euros sin tener fondos.

A partir de 2015, Alicia Rosa Pérez empezó a cobrar de SVS y de Gestiones y Asesoramientos 300 –empresa de asesoramiento que factura a SIC–, y que es titular de inmuebles lujosos que usa Ramírez. Asimismo, Francisco Segundo Ramírez, percibió un sueldo de SIC y de SVS de algo más de 95.000 euros anuales.

MAR asesores

Otro dato revelador es que el sistema para la remisión electrónica a la Seguridad Social de SVS, es de Mar Asesores y Consultores, de la que fue administrador Ramírez, hasta que nombró a Mara Rosa Marrero primero y luego a Gladys Acosta, que era apoderada de Marsegur, denominada ahora Novo Segur Seguridad Privada.

Asimismo, Acosta fue sustituida como administradora de Mar Asesores por Jorge Hernández, quien es accionista de Gestiones y Asesoramiento 3000, que de la misma manera es administrador de Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad, empresa dada de alta desde el año 2010 en SIC.

Otro comportamiento revelador para la Fiscalía de la actuación intencionada para lograr despatrimonializar a SIC, es el traspaso de la cartera de clientes de ésta a Novo Segur Seguridad Privada –antes Marsegur–, vinculada a Ramírez, en la que Alicia Pérez suscribió una participación de las 100 que la componía, y de igual manera, fue nombrada apoderada por su administrador Jesús Acosta, dueño de las restantes participaciones. El mismo cesó a Pérez de su cargo un mes y medio antes de que suscribiera las acciones de SVS. En esa entidad trabajaban dos hijas de Ramírez.

TDM de Seguridad

Otra actuación tendente a tal presunta despatrimonialización, es que SIC cedió su cartera de clientes a Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad, sociedad constituida por Ramírez, como representante de Ralons y de su primo Jorge Hernández (accionista de Gestiones y Asesoramiento 3000), repartiéndose las participaciones en un 99% para Ralons y una participación el propio Ramírez, nombrando administrador a Jorge Hernández. Fijaron como domicilio de la empresa en las mismas oficinas que SIC y Gestiones y Asesoramiento 3000. Transportes Depósitos y Manipulados nunca tuvo actividad hasta que en febrero de 2018 dieron de alta 18 trabajadores que curiosamente figuraban el día anterior en SIC, coincidiendo el inicio de su actividad tras ser SIC declarada en concurso.

Gestiones y Asesoramiento 3000

Otra empresa utilizada presuntamente para la desviación de fondos fue sido Gestiones y Asesoramiento 3000 (GYA). Esta mercantil declaró tener un activo de 44 millones y un patrimonio de 21 en diciembre de 2016.

Los socios son Jorge Hernández y Manuel Hernández Ramírez primos del empresario, y tenían tienen unos salarios de 32.224 euros y 49.420 euros, respectivamente. Ramírez, por asesorar a esta empresa, en 2016 cobró 316.864 euros, es decir, el 1,35% de la cifra anual de negocio, mientras que GYA cobró dos millones a SIC por asesorarla siendo la cifra de negocio de esta mercantil de 95 millones, un 60% más de lo que debía de haberle pagado por contrato.

La vinculación de GYA con SIC fue aún más estrecha, como así consta el afianzamiento que GYA hice a SIC ante el BBVA por 700.000 euros en una operación de factoring. Además, GYA constituyó una hipoteca sobre un inmueble de su titularidad para garantizar un préstamo concedido a SIC, algo «inaudito» para la Fiscalía.

Esta parte considera que GYA es una empresa cuya finalidad es la de ser mero titular de bienes y fondos que se desvían del entramado societario y, por ello, ha registrado a lo largo de su trayectoria a su nombre 128 fincas, entre ellas una situada en San Bartolomé de Tirajana que está cedida en arrendamiento con opción de compra a SIC desde 2008 por una renta mensual de 25.000 euros.

De la misma manera, GYA es titular de dos propiedades en la calle Serrano de Madrid, que son vendidas a Marmotor –cuyo titular en un 99,64% es Ramírez– por 1,5 millones.

Donación

Detalla la Fiscalía que GYA donó a Fundación Canaria Ralons –de la que Ramírez es patrono delegado–, seis fincas conocidas como La Milagrosa por un valor de 1.619.609 euros. De esta forma, la entidad donataria queda exenta de los impuestos derivados de esa adquisición. Con tal actuación, la fiscal Evangelina Ríos entiende que justifican, no solo la desviación de fondos desde SIC a GYA para ocultar el patrimonio de la primera, sino también la desviación de fondos que GYA realiza con estas ventas y donaciones para evitar la deuda que tiene frente a la Seguridad Social por importe de 448.082 euros, derivada del impago de la cotización de sus trabajadores septiembre, octubre y diciembre de 2017 y marzo y abril de 2018.

Por ultimo, destacó que SIC, desde 2014 a 2017, adquirió 16 vehículos de la marca BMW, 13 de los cuales aparecen inscritos a nombre de Marmotor, que se transfirieron a esta última en el plazo de un mes desde su adquisición. En 2014, SIC declaró compras a Marmotor por importe de 993,493 euros y, en 2016, por importe de 343.000 euros. Pese a los problemas de liquidez que decía tener, siguió adquiriendo en 2015 vehículos de alta gama a Marmotor Canarias.