Lo acusa de generar un agujero económico de 6,19 millones

Ralons se querella contra De Armas por administración desleal y estafa

02/02/2019

El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria –que curiosamente preside Victoria Rosell– ha admitido a trámite una querella presentada por Ralons Servicios SL al que fuera su administrador único, Héctor de Armas, y lo acusa de los delitos de administración desleal y estafa procesal cometido, presuntamente, mientras dirigía esta mercantil y también Seguridad Integral Canaria (SIC).

Según Ralons Servicios, la interposición de esta querella ha sido como consecuencia de las «decisiones adoptadas por el anterior administrador único de la empresa –en relación a De Armas– que provocan tensiones de tesorería», y que impiden hacer frente a obligaciones como los salarios a los trabajadores.

Según la querella, después de que el 10 de noviembre de 2011 Héctor de Armas fuese nombrado administrador único de Ralons Servicios y de Seguridad Integral Canaria, tuvo «facultades plenas de dirección y administración, sin restricción ni condicionamiento alguno, para finalmente acabar adquiriendo por compraventa simbólica la entidad SIC». Esta operación fue la «culminación de la ejecución de un plan orquestado para hacerse con una sociedad que empezó a administrar sin problemas económicos y con un valor considerable en el mercado, a adquirirla a un precio simbólico y cuyas deudas principales que la llevan al concurso, son sufragadas por la entidad Ralons Servicio», sostiene la parte querellante.

Denuncian que De Armas derivó las deudas de SIC a Ralons Servicios para luego comprarla saneada

Denuncian que fue el 22 de diciembre de 2017 cuando el nuevo administrador descubrió «la expoliación a la que ha sido sometida la entidad Ralons Servicio a favor de la entidad Seguridad Integral Canaria», por parte de Héctor De Armas, que «de forma intencionada, y quizás para tapar el agujero que estaba provocando en la empresa SIC», se dedicó a «acumular un déficit mensual en la empresa más rentable del grupo, Ralons Servicio, con la intención de disimular el desfalco de la gestión, cada vez más elevado». Así, en marzo de 2016, según la querella el déficit mensual superó los 800.000 euros.

Ante esta situación, denuncian que Héctor de Armas solo ideó, como «única solución», el aplazamiento del pago del IVA –unos 775.000 euros con el correspondiente recargo de un 20%–, con el fin de alargar deuda de la entidad Seguridad Integral Canaria, «siendo afianzado dicho aplazamiento con la entidad Ralons Servicios».

Así, en 2017, SIC obtuvo un acuerdo de fraccionamiento de la deuda con la Seguridad Social de trece millones y, para hacer frente a las cuotas, ordenó presuntamente pedir el fraccionamiento de pago de Ralons Servicios para que SIC pueda pagar su deuda. A Ralons le concedieron el aplazamiento y, según la querella, De Armas ordenó transferir a SIC 613.000 euros, dejando sin pagar los Seguros Sociales de Ralons de septiembre, causando la suspensión del aplazamiento con la Seguridad Social e impidiendo así poder presentarse a concursos públicos

A finales de 2017, SIC presentó el concurso voluntario y los trabajadores ejecutaron contra Ralons Servicios, debiendo ésta, hacer frente a un pago de 1,3 millones de euros. A este afianzamiento, el querellante sostiene que hay que sumar «el endeudamiento de las operaciones financieras de SIC», debiendo hacerse cargo Ralons y que ascendieron a 1,7 millones.

Tres hechos.

Anuncia el querellante que estas actuaciones no corresponden a una simple «mala gestión», sino detalla «tres hechos relevantes que presuntamente se pueden calificar de administración desleal».

Los dos primeros se refieren al «afianzamiento llevado a cabo por De Armas, con la entidad Ralons Servicios, a los trabajadores de SIC». Según el documento, Héctor de Armas, sin tener poder para ello y a sabiendas de su cese el 22 de diciembre de 2017 y «siendo consciente de la presentación del concurso» de SIC, se personó en el juzgado para afianzar con Ralons Servicios las deudas de SIC, un hecho que se califica en la querella de «extremada gravedad» y que ayuda a llegar a la «conclusión de que el Sr. De Armas estaba ejecutando un plan premeditado», habiendo derivado las deudas de Seguridad Integral Canaria, de los trabajadores, entidades financieras y organismos públicos a Ralons Servicio «para adquirir la entidad SIC». De Armas «hacía y deshacía a su antojo para salvaguardar una única entidad, SIC» que «luego adquiriría» a un precio mínimo.

Sin responsabilidad.

El tercer y último de los hechos denunciados tiene como inicio la comparecencia de Héctor De Armas como investigado por una denuncia del Gobierno de Canarias de 17 de enero de 2018, por falsear presuntamente documentos para el cobro de facturas en una operación de factoring de Bankia. La querella afirma en esta cuestión que, «a preguntas de su defensa y sin venir a cuento con los hechos objeto de debate», De Armas manifestó que el verdadero administrador de hecho» era Miguel Ángel Ramírez, siendo él «tan sólo un empleado más, sin toma de decisiones ni capacidad para ello, pretendiendo con ello, cubrir su actuación premeditada y como fin último que el resto de las deudas de la entidad que ha adquirido a un precio simbólico, sean sufragadas por el dueño del Grupo Ralons». Con ello, esta parte entiende que De Armas pretendía «una derivación de la responsabilidad a un administrador de hecho con entidades solventes».

Según la querella presentada por Ralons Servicios, el agujero provocado por Héctor de Armas a consecuencia de su gestión, se cifra en una deuda con la Agencia Tributaria Canaria de 3,2 millones, otra con su personal de 300.000 euros y varias con entidades de crédito con un montante de 2,6 millones, lo que arroja un total de 6,19 millones de euros.

Sostiene esta parte que el empresario Miguel Ángel Ramírez, dueño de las empresas, «ni era informado ni se percataba de la situación de las mismas, máxime cuando se encontraba dedicado a su gestión al frente de la Unión Deportiva Las Palmas, negocios fuera de España y pendiente de los asuntos judiciales que, hasta ese momento, se desarrollaban de forma feroz».

La parte querellante entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de administración desleal y otro de estafa, que en ambos concurren circunstancias agravadas y las penas de prisión irían de 4 a 8 años por cada uno de ellos.

Medidas.

La querella solicita al juez que, como diligencia cautelar, proceda a embargar «los bienes y, en su caso, los sueldos y emolumentos que pueda cobrar por el desempeño de sus funciones como administrador de SIC propiedad del querellado», además de que el propio Héctor de Armas sea citado a declarar en calidad de investigado.

También han interesado que testifiquen como testigos el administrador concursal de SIC, Juan Carlos Santos Barja y el exdirector financiero de dicha empresa Francisco Javier Chirino.

Comunicado.

Comunicado. Por otra parte, Ralons Servicios emitió ayer un comunicado en el que informó que está «haciendo todo lo posible para resolver los retrasos en el pago de salarios a las limpiadoras de los colegios públicos de Las Palmas de Gran Canaria», además de que lamentó «sinceramente» una situación que atribuye, por un lado, «a la prestación del servicio en precario desde hace más de un año al no existir contrato formal, pendiente de adjudicar por el Ayuntamiento, lo que impide acceso a una financiación bancaria», y, por otro, «a decisiones adoptadas por el anterior administrador único de la empresa –Héctor de Armas– que provocan tensiones de tesorería y que han desencadenado la interposición de una querella», que es la que se detalla en esta página.