La Fiscalía considera que Seguridad Integral defraudó entre 2012 y 2013 más de 2,5 millones

Bajó los sueldos, ganó más dinero y amplió la plantilla, según la querella

25/04/2018

La orden de busca y captura a Miguel Ángel Ramírez tiene como punto de partida una querella presentada por la Fiscalía de Las Palmas en contra de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que considera el Ministerio Público que Miguel Ángel Ramírez es «administrador de hecho» y Héctor de Armas, «de derecho».

La misma, elaborada por la fiscal Evangelina Ríos, es el resultado de una actuación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas sobre SIC. Tras la misma, la fiscal relata en la querella que «SIC mantuvo una actitud de reiterada obstrucción» a la hora de aportar la documentación requerida para las diligencias de investigación y, cuando la recibió, lo hizo «de manera incompleta», dado que en los listados facilitados faltaban trabajadores, no se aportaron los cuadrantes de 2012 ni los listados de horas extras, nocturnas y festivas de 2012 y 2013».

La actuaciones terminaron con un acta de infracción dado que SIC «no ha realizado el ingreso que por todos los conceptos recauda la TGSS en la cuantía debida motivado por la incorrecta configuración de la base de cotización» al no incluir, estima la fiscal, las remuneraciones a que tenían derecho los trabajadores conforme al convenio estatal de seguridad vigente. Estas diferencias salariales fueron objeto de reclamación por trabajadores y, aunque el TSJC falló que los pagos se tenían que ajustar al convenio, SIC «no abonó importe alguno» a los empleados «por complementos a los que tenían derecho», argumenta la querella. También constata Evangelina Ríos «la falta de alta y cotización de vacaciones devengadas y no disfrutadas al final de la relación laboral».

Sostiene que Ramírez es «administrador de hecho» de la empresa

Destaca la querella que SIC aprovechó la situación de crisis económica reinante para «intentar paliar» esta coyuntura «reduciendo el sueldo de sus trabajadores, aumentando la jornada y suprimiendo conceptos salariales variables», además de que los empleados hacían horas extras nocturnas y festivas que se abonaban de manera separada «como dietas», lo que la empresa intentó «justificar» como «concepto extrasalarial».

Resalta Ríos el «aumento de negocios de SIC en los años que decía querer superar una situación de crisis económica», apuntando que en los años 2012 y 2013 hubo un aumento de la plantilla y, por consiguiente un aumento de gastos de personal. Por ello, la querella de la Fiscalía considera que la reducción de sueldos de los trabajadores de SIC «no tenía como objeto reflotar la empresa, lo que siempre exige sacrificios para ambas partes, dado que la empresa vio incrementada su cifra de negocio y amplió la plantilla.

Reza el documento que el montante defraudado en 2012 asciende a 1,1 millones, por los 1,4 en 2013.

Una mejor posición competitiva

Este procedimiento investiga si Ramírez ha eludido el pago de las cotizaciones que debería haber abonado a la Seguridad Social si los trabajadores de Seguridad Integral Canarias hubieran tenido los sueldos estipulados en el convenio colectivo nacional del sector y no uno particular de empresa, con salarios muy inferiores. En el mismo y según explica la fiscal Evangelina Ríos en su querella, se evidencia «un aumento significativo del beneficio empresarial y una mejora de SIC en su posición competitiva frente a otras empresas del mismo sector», a pesar de que teóricamente esta compañía estaba atravesando una crisis profunda y por ello se habían bajado sueldos y eliminado complementos de las nóminas de sus empleados. Hay que destacar que la Fiscalía insiste en que el delito de 2012 no está prescrito, como así sostienen las defensas de Miguel Ángel Ramírez y De Armas, que interpusieron un recurso de reforma contra el auto de admisión la de querella pidiendo que se declarara vencido el presunto delito de 2012 y que, en cualquier, caso, el mismo se mandara al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.