«No hay solución para los menores migrantes porque los políticos mercadean con ellos»
La activista apunta que el 47% de las tragedias analizadas podrían haberse evitado si se hubieran tomado medidas más garantistas
Cada día mueren diez personas en el mar, en la ruta canaria, buscando una vida mejor. Esta paradoja se saldó con la muerte de 1.482 personas entre enero y mayo de este año, según dio a conocer esta semana la organización Caminando Fronteras. La fundadora de este colectivo, Helena Maleno, critica la falta de «voluntad política», siendo esta una de las principales causas de tantos fallecimientos en el océano Atlántico.
–El año pasado fallecieron 4.808 personas en la ruta canaria entre enero y mayo, y este año el contador sigue sumando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
–Eso mismo nos preguntamos nosotras. Sabemos que a partir de 2018, con los cambios que el Ministerio dirigido por Ábalos hizo dentro de la política de los servicios de rescate, no se baja de las 2.000 víctimas. Es algo terrible a lo que estamos asistiendo, y seguimos pidiendo una protección del derecho a la vida en el mar. Un 47% de las tragedias que hemos analizado podrían haberse paliado, o incluso no hubieran sucedido, si se hubieran tomado medios más garantistas de protección del derecho a la vida. Y seguimos constatando un sesgo racista dentro de esta protección, que viene por parte de decisiones políticas del Gobierno de España.
–Debe haber vía legales seguras para que las personas no tengan que verse abocadas al mar. ¿Por qué cree que no se ha dado este paso para conseguir un sistema garantista?
–Porque se pone por encima el control migratorio y no el derecho a la vida. Estamos viendo cómo se mercadea incluso con los derechos de la infancia cuando los niños y niñas llegan a España y a distintas regiones, como es el caso de Canarias. Esa infancia se está muriendo, se está ahogando en el mar. El derecho a la vida se debe garantizar, y las convenciones internacionales obligan al Estado a esa protección, a coordinarse con otros estados para garantizarla, nadie debe morir por cruzar una frontera. El tema migratorio viene después, pero el derecho a la vida en cualquier democracia es sagrado.
–¿Cree que falta coordinación entre las políticas europeas de cambio climático o comercio con las de emigración?
–Efectivamente, lo que hay es un neocolonialismo que atraviesa África, y estamos viendo sus efectos en el movimiento forzado de las personas migrantes. No solo hablamos del impacto climático, también del extractivismo. Paramilitares que operan junto empresas extractivistas de recursos asesinan a personas por acercarse a un río, y en su mayoría son corporaciones de grandes potencias. Tenemos que reflexionar sobre lo que está provocando ese movimiento, y no debemos olvidar nunca que estas muertes son un negocio para muchas empresas. Corporaciones extractivistas operan junto a otras de venta de armamento para continuar con los conflictos en África, ganan dinero, y cuando las personas se mueven también invierten en los sistemas de control migratorio para provocar rutas cada vez más peligrosas. Mucha de esa tecnología es sionista, se está implementando en el genocidio de Gaza, y forma parte de la tecnología de control de movimiento de las personas en Europa. Hay que hacer una reflexión más global y de responsabilidad, porque por estas muertes empresas y estados ganan mucho dinero.
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–Ustedes trabajan a destajo y dan la alerta cuando reciben avisos de una embarcación que está en el mar. ¿Cómo valoran la relación que tienen con las instituciones?
–La intervención directa es buena, por ejemplo con el Centro de Coordinación Regional de Canarias de la Guarda Civil. Tenemos que poner en valor como buena práctica cómo reciben las alertas y toda la información que nosotras y las familias le ofrecemos. En otros lugares, como Baleares, es mucho más difícil. Los servicios de Salvamento prácticamente criminalizan nuestra labor cada vez que alertamos de una embarcación. Por encima de esa relación hay decisiones políticas, que son las que marcan ese racismo institucional de no poner en marcha los mismos medios para un rescate cuando se trata de personas migrantes que cuando se trata de un pesquero o un yate, y esto es una realidad.
–En mayo vivimos un dramático naufragio a pie de muelle, en La Restinga (El Hierro). Fallecieron cuatro mujeres y tres niñas. Ustedes tenían información sobre la embarcación días antes. ¿Cómo se explica esta tragedia?
–Desde el naufragio en las costas de El Hierro, en el que murieron 63 personas en octubre del año pasado, pedimos que se hiciera una investigación desde el punto de vista técnico, porque Salvamento Marítimo tiene esas herramientas para hacer una investigación técnica de los naufragios y evitar que esto vuelva a pasar, pero sabemos que no se ponen en marcha. Los servicios de rescate están más preocupados en blanquear su imagen que en tener unas políticas transparentes que expliquen a las familias lo que ha ocurrido, y tienen derecho a saber la verdad. Si además hay una versión del jefe de Salvamento diferente a la que están dando los supervivientes a las familias que se han desplazado para buscar a los muertos, evidentemente necesitan tener una respuesta institucional que hasta hoy no se les ha dado.
–Por fin se ha logrado un acuerdo para reformar la ley de extranjería, pero más de 10 regiones han recurrido el decreto. ¿Cómo se les puede concienciar?
–Es muy difícil decirles a políticos que están aplicando medidas racistas que apliquen otro tipo de medidas, porque esas decisiones que afectan a los niños y niñas les sirven para mercadear políticamente. Lo que hay que plantearse es, ¿qué ha pasado este año con todos estos niños, niñas ya adolescentes? ¿Cómo ha impactado esto en sus vidas? Todo ello habría que analizarlo desde una autoridad responsable y con esos datos ir a las reuniones y decirles que este es el impacto de sus políticas sobre la vida de las personas.
–Ya son dos los autos emitidos por el Tribunal Supremo para que el Estado se haga cargo de los menores solicitantes de asilo. ¿Cómo valoran esta situación?
–Nos preocupa mucho que se pierda el enfoque de infancia. ¿Está el sistema de asilo preparado para tener esa visión o estamos, de nuevo, poniendo parches? No puede pasar como con las víctimas menores de trata, que han acabado durante mucho tiempo en centros de víctimas adultas. Queremos que se les dé garantía, pues da la sensación de que todo el mundo está despojando a los niños y niñas de sus derechos y les está castigando por haber iniciado unos caminos migratorios.
